Cuando se habla de negociación colectiva y huelga laboral, no son pocos los que inmediatamente piensan en dos herramientas con las que cuentan, de manera exclusiva, los trabajadores del sector privado.

No es extraño, entonces, que cada vez que los funcionarios de alguna repartición pública convocan a distintos tipos de movilizaciones, las autoridades de gobierno o incluso entre los parlamentarios surjan las críticas y condenas.

En el más reciente episodio del Registro Civil, cuyos funcionarios se mantienen paralizados hace un mes, esa tensión ha quedado de manifiesto, sumándose, además, un particular clima ciudadano.

Así lo plantea el académico y abogado laboralista José Luis Ugarte, quien explica que la cultura neoliberal ha instalado una división entre el ciudadano y el trabajador. “Una especie de falta de empatía de los trabajadores, lo que el Gobierno ha aprovechado muy bien. Lo mismo que ha ocurrido en el sector privado, al enfrentar a trabajadores contra trabajadores”.

En esa misma línea, la académica de la UDP Karla Varas asegura que se ha sembrado la idea de que en la administración pública no existen conflictos, donde el Estado, como empleador, y los funcionarios buscan el bien común, “afirmaciones que claramente son falsas”.

Negociación y huelga reconocidas internacionalmente

Chile es uno de los tantos Estados que ha ratificado el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula los procedimientos de negociación al interior de la administración pública y que considera un reconocimiento del derecho de huelga.

De hecho, este Convenio establece la regulación de los procedimientos para que los trabajadores y organizaciones del sector público puedan participar en la determinación de las condiciones de trabajo, lo que debe ser garantizado por el Estado.

La misma Karla Varas, magíster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, aclara que “como en Chile los tratados internacionales pasan a formar parte de nuestra normativa interna, se debiera entender, por lo menos por parte de los Tribunales de Justicia, que efectivamente los funcionarios públicos puedan ejercer legítimamente el derecho a huelga”.

En ese sentido, su preocupación apunta a que “el tema es que no hay una ley que lo regule. Pero ese ya no es un problema de los funcionarios, sino que es un problema de Estado que le gusta vivir bajo este doble estándar. Por un lado tenemos la normativa interna, restrictiva, ratificamos tratados internacionales que no están acordes con esa normativa interna, y toleramos que, en definitiva, los funcionarios en los hechos ejerzan estos derechos”.

Lo mismo ocurre con el Convenio 87, que si bien fue considerado para los trabajadores del sector privado, posteriormente la Doctrina del Comité de Libertad Sindical lo amplió a los funcionarios públicos, por considerar que era discriminatorio excluirlos de su aplicación.

No solo reconoce el derecho de sindicación, en cuanto a organizarse, sino que también la negociación colectiva y la huelga, entendiendo que respecto de esta última la libertad sindical quedaría vacía si no está acompañada con su ejercicio efectivo.

“Una realidad normativa muy distinta al plano internacional ratificado por Chile y a lo que realmente ocurre en los hechos, porque los funcionarios públicos ejercen de manera informal tanto el derecho de negociación colectiva como el derecho de huelga”, aclara la jurista.

En ese contexto, destaca la recomendación de la OIT para que la huelga no sea penalizada. “De manera constante se le ha dicho al Estado de Chile que debe derogar el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado que criminaliza la huelga en el sector público”.

Autorregulación y sindicalismo autónomo

“El sueño es que los trabajadores se regulen así mismos y no recurran al Estado en busca de protección. Que surja un sindicalismo autónomo. Que el movimiento sindical se dé cuenta que no tiene amigos en el sistema político chileno”. Así lo plantea el abogado José Luis Ugarte, advirtiendo de las negativas consecuencias de una sobrerregulación.

Él mismo se pregunta, entonces, sobre qué tipo de regulación habría que considerar para el sector público, considerando que “el Gobierno quiere trasladar las instituciones del Código del Trabajo al sector público”.

Entre sus recomendaciones figuran las de “evitar a toda costa el fetiche legal, evitar el amor incomprensible que tienen los chilenos por la ley. Segundo axioma, el problema de las relaciones laborales es el poder, no la legalidad. Tercer axioma, mientras más cerca del Código del Trabajo, más cerca del infierno. O, planteado positivamente, mientras más lejos del Código más cerca del paraíso. Un cuarto axioma, en general hay que sospechar de las leyes, las que en general tienen por objetivo controlar y disciplinar”.

Si la regulación es inevitable, explica, es importante “distinguir entre aquellas leyes que tienen el objetivo de promover el poder de las organizaciones sindicales de aquellas que buscan controlar el fenómeno sindical”.

Y tal como está ocurriendo con el proyecto de Reforma Laboral, donde advierte que se apunta a la sobrerregulación de la negociación colectiva, en el caso del sector público se replicaría el objetivo. “Es obvio que se viene la intervención de una autoridad que controle la legalidad de ese procedimiento. En el sector privado eso lo hace la inspección del Trabajo. ¿Quién lo hará en el sector público? ¿La Contraloría General de la República?”, se cuestiona con preocupación el abogado.

“Cabreados” con el bloqueo de los partidos políticos

Como independientes dentro de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde el “Movimiento Cabreados” insisten en luchar por el reconocimiento de derechos laborales, “más allá de una determinada militancia política”.

El planteamiento de una de sus representantes, Jimena Aguirre, apunta a “salir con una opinión independiente, salir con la autonomía sindical, porque tenemos el bloqueo de toda la dirigencia de los partidos políticos. En el caso de nuestra organización madre, que es la ANEF, la mayoría de sus dirigentes son militantes de partidos políticos del Gobierno de la Nueva Mayoría”.

Por ello, insiste con fuerza en las posibilidades de una autonomía sindical en el sector público. “Lo que nosotros necesitamos es una negociación más bien libre que normada, que es lo que hemos logrado construir los funcionarios y funcionarias públicas a lo largo de los años, que con movilización y no con normativa, es como logramos defender nuestros derechos”.

Y agrega: “Aceptar una negociación normada como vemos que la está teniendo el sector privado, que es la propuesta del Gobierno, y que vemos que es lo que se acerca hacia el sector público, que es normarla de igual manera, llenándola de plazos y estructuras, no es recomendable para nosotros”.

Junto con reconocer que se trata de un proceso que no es fácil, “porque la desinformación que se entrega en general a través de los medios de comunicación, como lo hemos visto con el paro del Registro Civil, donde la información que llega a la ciudadanía es más bien que el trabajador del Estado tiene una imagen poco grata”, asegura que durante mucho tiempo las condiciones laborales dentro del Estado se han ido precarizando. “Tenemos cientos de miles de trabajadores a honorarios”, critica la dirigente.

Además, plantea la necesidad de “ser muy cautos y cuidadosos respecto de lo que debiera normarse. Por ejemplo, eliminar el artículo de la Constitución que prohíbe la huelga al sector público y a los trabajadores del Estado”.

El complejo futuro para el sector público

En 2012 –recuerda Karla Varas– hubo un intento frustrado por realizar una reforma constitucional para eliminar la prohibición de la huelga en el sector público y reconocer también la negociación colectiva. Sin embargo, se rechazó la idea de legislar. “Hace poco se ingresó al Congreso otro proyecto que va en el mismo camino de reconocer estos derechos, pero aclarando que será una ley la que en definitiva regulará y normará la forma en la que se va a ejercer la negociación colectiva y la huelga en el sector público”, advierte.

También José Luis Ugarte se anticipa respecto de las posibilidades para el sector. “No veo nada que los funcionarios públicos puedan ganar con la regulación de la huelga. Cualquier regulación sería una pérdida. El control del conflicto lo tendrá el empleador y no el movimiento sindical, tal como considera el proyecto de reforma”.

Para el abogado resulta necesario considerar algunos elementos, como la existencia de “una fuerte cultura antisindical en el chileno promedio”. También, que “el sector público es un referente para el sector privado. Y el sector privado ha visto siempre en el sector público lo que le movimiento sindical debería ser: autonomía, desregulación y huelga. Ese sector referente es incómodo para el sistema político”. De hecho, no duda en afirmar que la clase política no soporta la indisciplina de los sectores sociales.

Precisamente en cuanto a todas aquellas advertencias, en el “Movimiento Cabreados” reconocen estar trabajando en coordinación con el mundo privado. “Nos hemos acercado al Comité de Iniciativa Único Sindical (CIUS) que ha organizado muchos sindicatos. Es necesario que avancemos juntos por más derechos laborales para los trabajadores, los que están absolutamente postergados en nuestro país”, explica Jimena Aguirre.

Y concluye: “Vemos cómo se criminalizan las demandas de los trabajadores a través de los medios de comunicación. Tenemos la urgente necesidad de unirnos con el mundo privado. Ellos tienen más problemas aún que los del sector público”.

Reflexiones que dan paso a algunas inquietudes que deja planteadas Karla Varas. “¿Es adecuado el escenario para iniciar un debate sobre regulación de la negociación colectiva en el sector público? ¿Se deben mantener los derechos actuales? ¿Qué reforma surgiría desde el Gobierno? ¿Será una reforma restrictiva o hiperrreguladora, como ocurre en el sector privado?”.

Ella misma responde. “Que no ocurra lo que ocurrió con la CUT, que firmó un proyecto de Reforma Laboral sin haber leído la letra chica. Cuando el Gobierno regula, lo hace para limitar”.