El revuelo provocado luego que se conociera la existencia del “Cartel del papel higiénico” reflotó el debate sobre la efectividad de las sanciones existentes.

La legislación actual establece que existen dos vías para perseguir este tipo de delitos, una a través de la Fiscalía Nacional, y otra a través del Ministerio Público en aquellos casos en que se infrinjan  los artículos 285, 286 y 287 del Código Penal.

Sin embargo, en los delitos económicos no existe sanción de cárcel para los involucrados, solo se establecen multas para las empresas o personas jurídicas. Castigo al que se suma la opción de la delación compensada que permite a las empresas eximirse de las penas en caso de reconocer el ilícito, pese a ello es inefectivo a la hora de prevenir el acto criminal.

Para el académico de la Universidad de Chile, Daniel Hojman, establecer penas de cárcel para los responsables ayudaría a disuadir este tipo de ilícitos: “La criminalización de este tipo de delitos económicos ha demostrado tener una capacidad de disuasión considerable, porque más allá de generar responsabilidades en las empresas cuando estableces sanciones penales van dirigidas hacia los individuos”.

La norma sin urgencia de la Moneda

Debido a los múltiples casos de colusión, desde La Moneda se presentó una iniciativa para corregir las sanciones. En el documento entregado en marzo al Congreso, se establecen sanciones desde los 5 años de cárcel para los responsables de estos delitos.

Ocho meses han pasado desde el ingreso del proyecto que hasta ahora sigue durmiendo en las salas de la Cámara. Por ello, desde diversos sectores llaman a agilizar el trámite parlamentario, otorgando suma urgencia a su discusión.

El diputado PPD Joaquín Tuma, presidente de la Comisión de Economía, explicó que en septiembre su comisión despachó el proyecto, pero que al establecer penas de cárcel debe ser revisada por la Comisión de Constitución, lo que retrasa su paso a la Sala.

Por lo mismo, espera que el Ejecutivo ponga urgencia, sobre todo tomando en cuenta que debe ser revisado aun por el Senado: “Los presidentes de comisiones no funcionamos sobre la base de nuestra voluntad, dependemos del Ejecutivo, por lo mismo esperamos que el Gobierno le de urgencia al proyecto”.

Postura similar a la expresada por el diputado de Evópoli y vocero de Chile Vamos, Felipe Kast: “Creemos que sería una señal muy potente. Nosotros aplaudimos este proyecto. La invitación es a poder dar suma urgencia que fortalece la función de la Fiscalía Nacional Económica y que establece penas de cárcel para los culpables”.

Diputados piden fin al aporte estatal para los Matte

En Dictadura se aprobó un aporte presupuestario por concepto de “reforestación”. Dineros que, año tras año, recibe la CMPC.

Producto del ilícito cometido, un grupo de diputados de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana anunciaron que presentarán una indicación a la Ley de Presupuestos, para suprimar la entrega del subsidio.

Los parlamentarios subrayaron que es política ni éticamente aceptable entregar este beneficio a un grupo económico que, por 10 años, lideró una gigantesca operación de defraudación, dañando a todos los chilenos.

Ruiz – Tagle vuelve a arremeter contra la papelera

Desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara el nuevo caso de colusión en el alza de los precios, esta vez de productos como papel higiénico, servilletas y pañuelos desechables, las reacciones se suceden una tras otra.

Luego que la acción concertada entre la CMPC, más conocida como papelera del grupo Matte y SCA (ex pisa) fuera criticada transversalmente por el mundo político, una de las empresas investigadas defendió su posición en el ilícito.

SCA comenzó una investigación interna en la que se “constató la existencia de actos contrario a la libre competencia”.

“Con motivo de lo anterior, se acercó a la FNE y reconoció la participación de ejecutivos de la empresa en la conducta antes señalada, quienes manifestaron haber actuado coaccionados y bajo la amenaza de que la compañía sería sacada del mercado por la empresa dominante, haciéndola económicamente inviable”, señaló la empresa en un comunicado.

El argumento era que de no aceptar la colusión, la CMPC los expulsaría del mercado, toda vez que son el participante mayoritario, con más del setenta por ciento de la participación.

Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de Sebastián Piñera y ex propietario de SNA insistió en la responsabilidad de la empresa de la familia Matte en el origen de la colusión: “Para nadie es un misterio que ha habido desde los últimos 50 años un productor dominante que ha hecho lo que ha querido, eso es una realidad que conoce todo el mundo”, recordando que ambas empresas están procesadas en Colombia por un acuerdo similar.

Ruiz-Tagle aseguró que no denunció las presiones de CMPC, porque “era pelearse con el cliente por el resto de la vida (…) Era un gigante con una empresa chiquita. Esa es la realidad de esta historia”.