Es un hecho que entre el Gobierno de Michelle Bachelet y los grandes grupos empresariales del país las relaciones se encuentran en un muy buen momento.

Sin llegar a hablar de una alianza inquebrantable, los acercamientos que han vivido a propósito del proyecto de Reforma Laboral y que vive una semana clave en el  Congreso, son más fuertes que cualquier desavenencia. Que cualquier inasistencia a celebraciones o cenas de aniversario. Incluso, que cualquier molestia y crítica cruzada a través de los medios de comunicación.

Por ello, no son pocos los que piensan que detrás de la intransigencia del Ejecutivo ante el paro de los funcionarios del Registro Civil, hay algo más que la sola restricción presupuestaria defendida insistentemente por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

“Este no es el único año en que vamos a tener que hacer ajustes. El 2017 y 2018 son años aún más complejos que éste, desde el punto de vista fiscal. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuevos gastos y cómo se van programando gastos, porque los espacios fiscales son muy estrechos”, adelantó Valdés antes de viajar a Nueva York, para reunirse con posibles inversionistas que podrían aterrizar en el país.

Una y otra vez el argumento de la desaceleración de la economía nacional. Contracción y estrechez que aparecen mencionadas, en el último tiempo, cada vez que el Gobierno ha debido enfrentar demandas y conflictos laborales. ¿Estrategia de La Moneda para instalar la sensación de una situación económica restrictiva?

La reciente polémica que generó la entrega de un bono de seis millones 300 mil pesos a los funcionarios del Banco del Estado, por concepto de término de conflicto, no pasó inadvertida para el Gobierno. De hecho, desde Hacienda se le pidió la renuncia al presidente de la institución, Guillermo Larraín.

“El Gobierno intenta hacer un desgaste del movimiento a partir de un enunciado político, que es el llamado a la austeridad y al momento de contracción económica en el que nos encontraríamos”. El argumento del académico Miguel Urrutia, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, no solo es una intuición.

Recuerda que tanto el Gobierno como el conjunto de sus élites han predicado, durante mucho tiempo, una bonanza económica. “Después de todo, este proyecto que era tan sólido, hace agua y lleva a pretender que se justifique que no se cumplan compromisos contraídos con los trabajadores”.

Sus cuestionamientos se basan en que “es muy claro que el Gobierno dice que dada la situación económica que estamos afrontando, dada la contracción, dado el precio deteriorado que tienen los comodities, no podemos darle ninguna señal a ningún sector de trabajadores del país. Que ni el sector público ni el privado están en condiciones de mejorar el empleo y las remuneraciones”.

Una apuesta que el Ejecutivo intentaría jugar de manera muy radical. “No solo como un efecto de demostración hacia los trabajadores, sino también hacia las élites empresariales del país”. Es decir, detalla Urrutia, el Gobierno se hace cargo de promover la idea, desde el propio ámbito público, que incluso los trabajadores del sector privado deben tener presente que en estas condiciones no es posible expandir el bienestar.

Señales que trascienden al sector privado

Si bien el Gobierno logró desactivar en un par de días el paro de los funcionarios de Gendarmería, con el Registro Civil la situación ha sido muy diferente.

Acusaciones de prácticas antisindicales promovidas particularmente por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Críticas contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por su actitud intransigente y, en los últimos días, por mentirle a la ciudadanía, como aseguró Nelly Díaz. Cuestionamientos al propio Ministro Valdés por su permanente negativa a sentarse a negociar.

Pero no solo las demandas de los funcionarios del Registro Civil agobian al ministro de Hacienda. También desde el ámbito de la Salud, sector al que tampoco está dispuesto a entregar más recursos, como parte del Presupuesto.

En la antesala de la negociación del sector público con el Gobierno, Hacienda ya recibió el petitorio de los funcionarios, entre cuyos temas aparece la exigencia de un reajuste salarial de un ocho por ciento.

Como representante del Movimiento Cabreados, que agrupa a funcionarios públicos alejados de las políticas de la ANEF, Jimena Aguirre anticipa el escenario que preparan en La Moneda.

“Nosotros vemos que el Gobierno está tratando de dar una señal hacia la negociación transversal que viene del reajuste del sector público, ahora en noviembre. Y lo que está haciendo con el Registro Civil es dar la señal de austeridad, que aquí no hay recursos, que se termina la conversación, porque aunque haya movilización, de todas maneras no hay recursos y no se va a acceder a nada más”, explica la dirigenta.

Y agrega: “Desde esa señal que se le está dando al mundo público con la negociación del reajuste viene una señal también al mundo privado, donde le están diciendo que aquí no habrá ningún reajuste”.

De hecho, desde Hacienda le advirtieron a la mesa del sector público, integrada por catorce gremios, que el reajuste prácticamente será nulo.

“Nosotros somos un referente para el sector privado. Así es que con mayor preocupación vemos la necesidad de movilizarnos y de avanzar por el reajuste salarial para nuestro sector”, plantea la funcionaria.

Las injustificadas quejas del empresariado minero

Durante la última semana, mientras desde Hacienda se anunciaba una capitalización de Codelco por 600 millones de dólares, al mismo tiempo se informaba sobre el despido que se viene para 2 mil 800 trabajadores a partir de la apertura de Chuquicamata subterránea, producto de la automatización de las labores. Mil 500 trabajadores a contrata y mil 300 subcontratistas.

A ellos se suman los 350 supervisores que ya fueron despedidos. “En el marco de los esfuerzos desplegados por la empresa para optimizar su desempeño y así responder a los efectos de los bajos precios del cobre”, argumentaron desde la minera estatal.

Señales de austeridad que no distan mucho de los planes anunciados desde las empresas multinacionales del cobre instaladas en Chile, lo que es cuestionado con fuerza por el economista Gabriel Palma.

“A través de la balanza de pagos, en posible conocer que en los diez años anteriores a que el precio del cobre subiera, alrededor de 2003, salieron de Chile, en dólares de hoy, 30 mil millones de dólares de repatriación de utilidades de las empresas extranjeras en Chile. En la década siguiente se sextuplicó, es decir, saltó de 30 a 180 mil millones de dólares, prácticamente todo correspondiente a cobre”, detalla Palma.

Las mismas empresas -agrega- como el caso de BHP Billiton, que año a año ganaba el equivalente a todo lo que había invertido desde que llegó a Chile hasta ese día, con una tasa de rentabilidad del 100 por ciento. “Que esas mismas empresas hoy se pongan a llorar, que no ganan ni un peso, lo único que les falta es que lleguen con el platillo hasta el Ministerio de Minería”.

Su molestia es evidente cuando se refiere a los simbólicos impuestos que deben pagar. “Hay una cosa que se llama royalty solo para decir que hay royalty. El equivalente en los últimos doce años de lo que produjo el royalty es alrededor de un 2 por ciento de las utilidades de las mineras privadas, impuesto que inventaron Ricardo Lagos con Nicolás Eyzaguirre”.

Realidad muy diferente de lo que ocurre en otros países. “En Australia la BHP Billiton paga 40 por ciento y después 30 por ciento de utilidades como royalty, fuera de los impuestos normales a las utilidades de las empresas. Es decir, en Chile es 2 y en Australia es 30 por ciento, y la casa matriz de BHP Billiton está justamente es Australia”.

Y es que no cabe duda que la minería del cobre, tanto en el ámbito privado como estatal, representa en Chile un referente cuando se trata de negociaciones laborales.

“Se quiere dar una señal a los trabajadores, en este caso usando a los funcionarios del Registro Civil, que no es posible avanzar en derecho y que no es posible avanzar en negociaciones colectivas”, advierte con preocupación el ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) Cristián Cuevas.

Por ello, asegura que si el Ejecutivo acepta la demanda de los trabajadores del Registro Civil “obviamente otros sectores sociales y otros trabajadores tendrán el legítimo derecho a demandar”.

El mismo dirigente cuya molestia con el actuar del Gobierno hacia los trabajadores lo llevó a renunciar como agregado laboral de Chile en España. Incluso a su militancia en el Partido Comunista.

Por ello, la conclusión del académico Miguel Urrutia, respecto de la estrategia del Gobierno, es decidora. “Lo único que queda para ofrecer en los próximos años es más sacrificio, donde las personas, si quieren mejorar sus condiciones de vida, tendrán que trabajar más horas y buscar nuevos empleos. En el fondo, tendrá que radicalizarse de alguna manera el modelo que hemos venido viviendo hasta ahora”.