Con una división en la Nueva Mayoría se aprobó el proyecto que otorga un reajuste salarial del 4,1 por ciento a los trabajadores del sector público. La fractura se dio principalmente con el Partido Comunista, donde tres de sus diputados se negaron a votar a favor de la propuesta elevada por el Ministro de Hacienda.

Así, Karol Cariola, Hugo Gutiérrez y Camila Vallejo rechazaron la moción, posición a la que se sumaron otros 21 diputados entre los que se encuentra el de los PPD Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, el DC Víctor Torres y otros representantes independientes como Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

Alejandra Sepúlveda, otra de las que se negó a aprobar la indicación, acusó presiones por parte del Ejecutivo para conseguir los votos. “El chantaje del Ejecutivo es brutal, brutal”, puntualizó la legisladora mientras las graderías, llenas de trabajadores públicos, aplaudían profusamente a la diputada que continuaba su intervención acusando la acción de los ministros de Gobierno.

Alejandra Sepúlveda indicó que “lo tengo que decir con todo el respeto a los ministros que están aquí: si tú no votas esto, ¡pum!, se te va esto otro. Si tú no votas esto, la reforma laboral aquí; si tú no votas esto, la reforma no sé qué acá. Eso no se hace. No me miren con cara de extraños, a mí no me cuenten cuentos. Eso se hace y yo quiero decir una cosa: eso tiene que ver con la política antigua y añeja, nosotros queremos convicciones”.

En el primer trámite constitucional de la iniciativa, los comunistas habían rechazado en bloque el proyecto, en vista que los trabajadores del sector público consideraban insuficiente el reajuste, principalmente, porque este representa solo doscientos pesos más que al alza del IPC. Sin embargo, la unión no prosperó en esta nueva instancia, porque el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, se cuadró con la petición de La Moneda y apoyó con su voto el reajuste, misma postura tomada por Daniel Núñez, ambos prefiriendo la unión del bloque a la imagen con la que el PC queda de cara a la opinión pública. Lautaro Carmona, en tanto, no asistió a la sesión.

Tanta fue la extrañeza de la forma de la votación que el diputado RN Alejandro Santana declaró que el apoyo del PC “marca un hito histórico en la aprobación del sector público”.

Mientras los parlamentarios definían el futuro del reajuste salarial, los trabajadores se manifestaban a las afueras del Congreso, para ellos la situación era clara: solo con un 5.5 por ciento quedaban conformes para empezar un 2016 en buen pie con el Gobierno. Pese a la presión ejercida en esta manifestación y a las 48 horas de paro decretadas para dar a conocer su postura el gobierno, la Mesa del Sector Público no obtuvo el resultado esperado, abriendo un nuevo foco de conflicto con el gobierno que dirige la Presidenta Michelle Bachelet.

Así, el año culmina marcado con un extenso paro del Registro Civil, situación que aún no logra darse por superada. A esto se suma la crisis en el sector salud que tiene a los gremios asociados denunciando constantemente las precariedades laborales a las que están sometidos.

La reforma laboral comprometida tampoco ayuda a distender los ánimos entre ambas fuerzas, toda vez que los trabajadores denuncian que ésta es una forma más de “apuntalar” el Plan Laboral elaborado por José Piñera en Dictadura.

Esteban Maturana representante de la Confusam siguió exponiendo en esa línea y acusó que es el reajuste más bajo desde el retorno a la democracia.

El representante de la salud municipal lanzó duras críticas contra el ministro Valdés, asegurando que se pretende que los trabajadores paguen por el ajuste fiscal, “pero que a los empresarios no se les toca un pelo”.

En materia de reajuste salarial, el proyecto quedó listo para ser despachado por la Presidenta. El reajuste de 4,1 por ciento está dirigido a 658 mil trabajadores del sector público, lo que implicará un monto de 593 mil millones de pesos. A esto se suma la entrega de un bono de 71 mil pesos para los funcionarios con remuneraciones líquidas iguales o inferiores a 687 mil 60 pesos.

Paralelamente, el Gobierno anunció un aumento de un 9 por ciento en los salarios mínimos de técnicos, administrativos y auxiliares, lo que se concretaría a partir del 1 de enero de 2016.

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