Continúa el proceso de revisión del requerimiento que 31 diputados de derecha presentaron ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de impugnar la glosa con que el Gobierno determinó el inicio de la gratuidad universitaria.

En el segundo y último día de alegatos ante el Tribunal Constitucional, el abogado representante de los diputados de Chile Vamos, planteó que existe un intento por parte del Gobierno de hacer un cambio de fondo, “una reorganización radical de cómo se concibe el sistema de educación superior”,

En este sentido, Arturo Fermandois se refirió a la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria, pues en su concepto envuelve materias de ley que escapan el alcance de la ley que determina los recursos para políticas públicas.

“Es una modificación radical de cómo se entiende la relación entre el Estado y los alumnos, ahora va a ser entre el Estado y las instituciones, pasando de ser un subsidio a la demanda, es decir a los estudiantes, ahora los dineros van a ir a las instituciones, es un cambio y lo que decimos es que esta ley de presupuestos no es el instrumento para hacer un cambio de esta naturaleza”.

Además, Fermandois indicó que la glosa establece discriminaciones arbitrarias en lo que se refiere al ítem de calidad, beneficiando sin motivo aparente a las universidades miembro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

“Creemos que esta política de gratuidad no puede servirse en el futuro de categorías que no se crucen con el elemento de la calidad y la acreditación es un elemento de calidad que debe regir adentro y fuera del Cruch”.

Por su parte, Paulina Veloso, abogada que representa al Ejecutivo, desestimó ante el Tribunal los argumentos de la derecha política, indicando en cuanto a forma, que no existe una modificación radical del sistema de educación superior, pues nada de lo que incluye la glosa presupuestaria es ajeno a leyes anteriores, salvo el concepto de gratuidad, que curiosamente no fue impugnado por Chile Vamos.

En este sentido, al salir del litigio, la abogada de La Moneda desestimó que los requisitos para que los establecimientos accedan a la gratuidad resulten discriminatorios, señalando que el verdadero motivo de la presentación es político, pues la derecha nunca ha estado de acuerdo con el derecho a educación gratuita.

“Sostener ahora que ese elemento que incluso fue establecido antes es discriminatorio arbitrariamente y deba modificarse o no aceptarse por el Tribunal Constitucional, aparece más bien como una cuestión política”.

Por su parte, el diputado de la UDI Jaime Bellolio, ratificó en parte los argumentos de Veloso al hacer un llamado al Gobierno para que deje de lado la promesa de gratuidad en la educación superior, en favor de la implementación de un nuevo y mejorado sistema de becas.

“Con exactamente los mismos recursos crear la beca de gratuidad, que llegaría a más de 380 mil estudiantes y esa beca cubriría el 100 por ciento del arancel real de CFT e IP y complementaría además la beca que hoy existe en universidades para llegar al 100 por ciento también del arancel”.

Hasta el 23 de diciembre tiene el Tribunal Constitucional para dar a conocer la sentencia sobre este requerimiento, sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que el desenlace del libelo se anticipe.

En este sentido, el Ejecutivo ha dado señales de que en caso de que el requerimiento de los parlamentarios de derecha sea acogido, se implementarán Aportes Fiscales Directos a las universidades del Consejo de Rectores, lo que dejaría fuera del proceso de gratuidad a las universidades que sin ser del Cruch participan del Sistema Único de Ingreso y a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.