Según cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII) la evasión tributaria en Chile es de alrededor de un quinto de lo que, de acuerdo a generación total de riqueza anual medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) debiera recaudarse. De dicho monto, las estimaciones son que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza al 24% del total de operaciones comerciales, mientras que la vinculada al pago del Impuesto a la Renta y otros de carácter específicos, explicarían el resto.

La meta del Gobierno con ocasión del lanzamiento de la Reforma Tributaria de 2014 era reducir la evasión del IVA hasta alcanzar los mínimos históricos conseguidos en 2009, cuando esta irregularidad bajó al 14%, gracias a un paquete de medidas anti evasión. Al momento de la reforma ésta se ubicaba en un muy alto 24%.

Sin embargo, la nueva dirección del SII ha anunciado que la meta de disminución del no pago del IVA hacia el término de la actual administración se ha ajustado a un 20 por ciento, afirmándose que el guarismo es más consistente con las medidas anti evasión que introdujo la Reforma, los que establecen un compromiso de aumento de recaudación por menor evasión -que no es lo mismo que bajar la actual tasa- al tiempo que la mayor recaudación por mengua de evasión, alcanzaría a un 0,5% del PIB. Con ello, de concretarse la mayor recaudación, se llegaría al 20 por ciento de evasión media al final del período, meta calificada como “realista y responsable”.

Si bien la decisión de postergar una convergencia hasta el 14 por ciento de evasión para más allá del 2018 es comprensible porque es más fácilmente alcanzable y por las incertezas que han provocado los cambios en la recaudación, lo cierto es que, en general, los expertos en el área han calificado la nueva meta como “pobre” o “poco ambiciosa”, puesto que el IVA es el impuesto de más fácil fiscalización. De otra parte, las perspectivas de menor actividad económica para los próximos dos años, hacen prever un alza de la economía informal, cuya característica central es la evasión de IVA y otros impuestos, pues se opera básicamente al margen de la legislación.

El 2014, según la Dirección de Presupuestos, los ingresos tributarios del gobierno central crecieron 2,2 por ciento, impulsados principalmente por la recaudación del IVA, el que subió 4,1%, y los impuestos específicos, que aumentaron 7,2 por ciento. Sin embargo, la recaudación por impuesto a la renta cayó 2%, pese a que en 2014 comenzó a regir el alza de 20% a 21% del impuesto a las empresas. Esa fue la segunda caída consecutiva de este tributo, que también registró un retroceso de 6,2 por ciento en 2013.

Esta baja se explicó en su oportunidad por la caída del precio del cobre, que implicó menor tributación de la minería privada; y por una disminución de la tributación del resto de los contribuyentes, debido a una mayor devolución de impuestos en la Operación Renta.

Para 2015, las dos variables señaladas han profundizado su efecto, dado un precio promedio del cobre inferior al de 2014, mientras que la devolución de Impuestos en la Operación Renta debería mantenerse en similar nivel de 2014, dadas las cifras de empleo y evolución de los salarios reales. En el impuesto de 1º Categoría, en tanto, es previsible un nuevo retroceso, no obstante el alza de 21% a 22,5% de este tributo en 2015, debido a la más lenta actividad económica y las consiguientes más ajustadas utilidades de varios sectores empresariales.

Considerando que el gasto presupuestario estimado para 2016 es de unos 62 mil 600 mil millones de dólares, es decir, un 4,4 por ciento superior al Presupuesto Nacional de 2015, y que la recaudación de IVA explica casi el 50% de los ingresos tributarios que financian las ambiciosas reformas en educación, salud y otras, no buscar una baja de la evasión con más empeño debería ser mejor aclarado, pues, adicionalmente, los ingresos del Fisco provenientes de Codelco, que ya bajaron en 8,2 por ciento en 2014, volverán a caer en 2015 y 2016 debido a los malos precios del cobre, lo que conspira contra una mejor ejecución del Presupuesto y una reducción del actual déficit fiscal, en medio, además, de las cada vez mayores presiones por aumentar los gastos estatales en diversas áreas.