Este lunes se espera que el Tribunal Constitucional entregue el fallo íntegro que impugnó la glosa de gratuidad con la cual el Gobierno esperaba implementar este beneficio en las instituciones de educación superior que cumplieran los requisitos de tener cuatro años de acreditación y que no tuvieran fines de lucro, no obstante la decisión del TC obligó al Ejecutivo a replantear su postura, generando una serie de divergencias y confrontaciones tanto el interior del oficialismo como entre el mundo político y académico.

Uno de los planteamientos que más polémica generaron fue la idea de entregar la gratuidad a todas las universidades que contaran con cuatro años de acreditación, ley que dejaría fuera del beneficio a tres universidades estatales: Universidad Arturo Prat, Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la Universidad de Los Lagos, todas universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades Estatales (CUECh) lo que generó la indignación entre el resto de los rectores del Consorcio.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, resumió el sentir de las casas de estudios superiores estatales cuando planteó que a la gratuidad adherirían “todos o ninguno”: “Pienso que es un insulto gratuito a las tres universidades estatales que queden fuera de la gratuidad, por el tema de fondo: si aparecemos aceptando que el Estado no es capaz de dar educación gratuita a sus propias universidades, ya no sé qué ley de universidades vamos a discutir ni qué expectativas tiene este país”.

En el mundo político también reaccionaron de manera crítica a esta eventual medida que podría aplicar el Gobierno, tal como lo planteó la diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, (PC) Camila Vallejo: “Es una falta de respeto con estas instituciones el tratar de hacerlas entrar a la gratuidad por la puerta trasera. Es un poco indigno. Es legitimar que el Estado deje morir por inanición a las instituciones que son de su propiedad, que ha tenido abandonadas. Es responsabilidad del Estado rescatarlas. Tiene todo el derecho y deber de decir que sus instituciones sean gratuitas, incluso, independiente de todos los criterios, porque también es responsabilidad de ellos el que no tengan los estándares de acreditación”.

Desde las universidades afectadas por esta eventual solución frente a la determinación del TC, la consideraron un despropósito y un castigo a estas universidades que deben llevar a cabo sus políticas educativas en un marco que ya es precario por los escasos recursos que el Estado les entrega, tal como lo expresó el presidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM, Damián Brito.

“Nosotros como estudiantes de la UTEM tuvimos que postular a la gratuidad, ¿qué pasa con esas postulaciones? ¿Acaso nosotros nos prestamos para este circo? Creemos que no, creemos que el camino es la movilización, no nos vamos a prestar para el tongo, no nos vamos a prestar para el dialogo, esto se acabó, ellos fracasaron, se les acabó el tiempo y hoy le toca a los estudiantes nuevamente desde las calles tomar la ofensiva y llevar el movimiento estudiantil al triunfo de todas sus reivindicaciones”.

Justamente, desde la Confech convocaron a una marcha para este martes 22 de diciembre en protesta por la posibilidad de que estas tres universidades estatales queden fuera de la gratuidad, mientras que planteles privados como las universidades de Los Andes, Finis Terrae o San Sebastián sí podrían hacerlo: “es importante que todas las universidades estatales entren a esta sistema, y sino simplemente que ninguna entre”, señaló Camila Rojas, presidenta de la FECh, durante la convocatoria a esta manifestación.

Además, se baraja la posibilidad de que los rectores del CUECh se sumen a la marcha del 22 de diciembre, decisión que se tomará este lunes cuando las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCh) sostengan una reunión “extraordinaria” para evaluar la fórmula definitiva que el Gobierno debiese implementar para entregar el beneficio de la gratuidad, una vez que se conozca la sentencia completa del TC.

“El tema de la gratuidad está dependiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional, no la tenemos, estamos sacando conclusiones de algo que no tenemos y en consecuencia yo creo que hay que esperar eso, que será a más tardar el 21 mientras nosotros estemos en reunión del CRUCh”, dijo al respecto el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Patricio Sanhueza.

En tanto, el Gobierno sigue a la espera del texto íntegro con el fallo del TC que impugnó la glosa presupuestaria de gratuidad, para poder implementar los planes alternativos, considerando que el 27 de diciembre se conocerán los resultados de la PSU, dando inicio al proceso de postulación 2016 a las universidades, por lo que una eventual prórroga en la entrega de la sentencia, sería un duro golpe para el Ejecutivo.

Por esta misma razón, algunos parlamentarios oficialistas han planteado al Gobierno que se aplazara el proceso de postulación, sin embargo desde Palacio confían en que tal como ha trascendido, el TC haga público este lunes el texto con la sentencia.