Actualmente en Chile existen seis Administradoras de Fondos de Pensiones: Cuprum, Provida y Hábitat, de capitales pertenecientes a empresas estadounidenses; Capital, de propiedad colombiana; Planvital, brasileña; y la más pequeña y reciente, AFP Modelo, de propiedad del empresario chileno Andrés Navarro. Todas ellas agrupadas en la Asociación de AFP.

Según información publicada por ésta, entre enero y octubre de 2015, los fondos de pensiones de los trabajadores aumentaron en 9 mil 720 millones de dólares.

“Efectivamente aumenta, pero se debe hacer la corrección correspondiente, pues están destacando un período de prácticamente un año. Y ocurre que al año ingresan, como consecuencia del aporte mensual que hacemos los trabajadores, más de 2,6 billones de pesos”.

La aclaración de Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No + AFP, apunta a que se trata de un monto que debería descontarse de los números que tanto destacan desde las aseguradoras privadas.

No son pocos los que advierten en la importancia de tener mucho cuidado al interpretar los datos, puesto que los dineros que se cotizan pueden aumentar por dos motivos. “Por una parte, por el hecho de que existan más personas cotizando, más formalidad en el empleo, que aumente el número de trabajadores asalariados, lo que implica el aumento de la masa”.

Tal como lo explica el economista Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, agregando que el otro factor se relaciona con la rentabilidad de los fondos. “En estos tiempos, es muy poco sostenible esperar que los fondos tengan una rentabilidad de mediano y largo plazo, garantizada en niveles sobre el seis o siete por ciento. Las rentabilidades más bien son bajas. Lo peor es que aun cuando la industria diga que la rentabilidad de los fondos es buena, todavía tenemos una situación que es estructural, en la que no se avanza en lo absoluto. Y es que el nivel de las pensiones sigue siendo miserable”.

Otro dato que aporta el economista: en los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, las ganancias de las AFP han aumentado 71,4 por ciento. Esto es, 486 mil millones de pesos. “Aquí hablamos de utilidades empresariales, exclusivamente para el bolsillo de los dueños de las AFP”, aclara Durán.

Por ello, si se trata de hacer un balance de esta cuestionada industria, “siempre hay que mirarlo desde dos perspectivas”, detalla Mesina. “Una, desde el punto de vista de los trabajadores, que somos quienes aportamos un monto gigantesco al ahorro previsional. Y por otro lado, lo que es la industria o la propiedad de las AFP propiamente tal, es decir, las sociedades anónimas que están detrás de la administración de nuestros recursos previsionales”.

Su preocupación radica en lo que califica como una diferencia abismal entre ambas casos. “Mientras las AFP siguen incrementando su rentabilidad como negocio y se mantiene como una de las industrias más exitosas del país, los montos de las pensiones de los trabajadores continúan cayendo brutalmente”.

Para Durán, por su parte, desde el punto de vista de las AFP, “este es un año que podríamos denominar como visagra, porque se discute o se pone en el tapete el informe de la Comisión Bravo, que iba a determinar si es que cambiaban o no las reglas del juego que competen a la industria de las AFP”.

Su planteamiento apunta a que las aseguradoras estaban expectantes de si les cambiarían las reglas, “que hasta el día de hoy les han generado ganancias sobrenormales, con rentabilidad por sobre el patrimonio y cercana al 30 por ciento, lo que es algo totalmente atípico en el mundo de los negocios”.

En definitiva, no duda en afirmar que para las AFP es un año que permite sentar las bases para el futuro y consolidar el negocio privado a costa del dinero de los trabajadores.

¿Y los resultados de la Comisión Bravo?

Desde la agrupación Acusa AFP, su presidente, Ricardo Hormazábal, destaca un informe que demuestra nuevamente, según él, “cómo las AFP nos engañan. Si usted paga un promedio de 1,26 por ciento de su remuneración mensual, le están cobrando un 50 por ciento más, sin que usted lo vea”.

Se trata de una estudio publicado por la Subsecretaría de Previsión Social y elaborado por el economista Gonzalo Cid junto a un equipo de profesionales, el que “demuestra que de manera oculta, pero no para los que mandaban las leyes, le permiten a las AFP sacar un 50 por ciento más, porque colocan nuestra plata fuera del país, haciéndonos daño, porque deberían invertir en Chile. Y además les pagamos a las empresas intermediarias”, critica Hormazábal.

En ese sentido, recordando las recomendaciones de la “Comisión Bravo”, instancia asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, asegura que esta situación debe terminarse. “Que el costo de la intermediación tiene que ser de las AFP y no de los afiliados. La Comisión entregó sus resoluciones en septiembre y todavía no pasa nada”. Esto, reconoce, producto de un problema político. “Los grupos neoliberales han cercado a la Presidenta Michelle Bachelet”.

Precisamente respecto de aquella instancia, Gonzalo Durán advierte que al revisar la discusión, las AFP resultaron muy beneficiadas. “Las propuestas que ellos planteaban en el debate fueron las que la Comisión principalmente acogió. Es decir, lo que hace el informe de la Comisión Bravo es tomar fundamentalmente las propuestas que promueve la industria de las AFP”.

En tanto que Luis Mesina se detiene en que “el diagnóstico es catastrófico y augura en el corto plazo pensiones mucho más bajas de las que se pagan actualmente. Incluso nos damos cuenta que un porcentaje bastante significativo está recibiendo pensiones inferiores a los 100 mil pesos, lo que es francamente deplorable”.

Además, advierte, según las recomendaciones de la propia Comisión Bravo, que de no mediar cambios estructurales, “este sistema seguirá pagando pensiones muy malas. Y en segundo lugar, si se analizan las proyecciones que muestran los investigadores serios en la materia, como algunos premios nobel, respecto del tema de las rentabilidades del capital hay que entenderlo sobre la base del crecimiento de la economía mundial, la que hoy está en un proceso de desaceleración”.

En ese contexto, asegura que en el corto plazo la rentabilidad de la inversión del capital que administran las AFP continuará cayendo. “En consecuencia, este sistema, que se funda en la obtención de una renta que se logra mediante la especulación en el mercado financiero mundial, no da garantías de que los ahorros previsionales vayan al alza, lo que tiene un impacto directo en las pensiones”.

Asimismo, el propio Durán no duda en aseverar que en Chile la industria y el negocio de las AFP se han transformado en un poder fáctico, con una conexión directa entre los poderes político y económico. “Son las AFP las que permiten dar cierta estabilidad económica al país. Y eso, desde un punto de vista crítico, es muy cuestionable, porque el país se ha refugiado en esta industria para acceder a una mayor flexibilidad macroeconómica ante posible turbulencias en la economía internacional, cuestión que no debería ser el objetivo de un sistema de seguridad social”.

Es por ello que plantea la necesidad de entender a la seguridad social como un derecho, lo cual, reconoce, es bastante complejo dados los diversos obstáculos que existen. “Por ejemplo, una conexión entre los gobernantes y los parlamentarios un tanto subrepticia, que no sale a la luz pública, donde se percibe una suerte de maridaje bastante evidente”.

Según Mesina, un sistema que está colapsado y que solo se mantiene “por el peso de la intransigencia e indolencia de parte de las autoridades políticas que no quieren hacer absolutamente nada por transformarlo”.

Incluso advierte que si el sistema financiero mundial colapsara nuevamente, “los propietarios de las empresas aseguradoras llegarían a colocar más en riesgo nuestros propios ahorros previsionales al intentar buscar renta en mercados altamente riesgosos, lo que es gravísimo”. De hecho, recuerda que en 2008 se perdió casi el 25 por ciento del ahorro de los trabajadores, como consecuencia de la especulación.

¿Una AFP estatal?

Otros datos que agrega Gonzalo Durán apuntan a que la semana pasada se publicó la actualización de lo que se obtiene por las jubilaciones por vejez en su modalidad de retiro programado, las que corresponden a las que pagan las AFP. “Prácticamente el 91 por ciento de este tipo de pensiones son menores a 154 mil pesos. Es decir, menores al 64 por ciento del salario mínimo”, detalla el economista de la Fundación Sol.

Un resultado, añade, generado precisamente por el modelo que desarrollan las AFP. “Por eso, una solución que apunte a la AFP estatal no cambia este paradigma ni la lógica de la capitalización individual, pues no es una solución al problema de fondo, que es el bajo monto de las pensiones”.

“El Gobierno y los ministros saben perfectamente que la AFP estatal será un costo para el Estado”, complementa Luis Mesina, agregando que se trataría de “una institución de mucho conflicto, porque tendrán que constituir el directorio sobre la base del cuoteo político. Viene a ser una bolsa de empleo para aquellos políticos en los que la ciudadanía dejó de creer y a los que no les dará nuevamente la votación”.

Y es que para el vocero de No + AFP existen “profundas sospechas de que va a nacer de manera totalmente corrupta. Ya parte siendo una institución putrefacta que no defiende los intereses de los trabajadores. Incluso se encontrará con complejidades de carácter constitucional, mucho más grave que las reformas educacional y laboral”.

Esto, porque las propias AFP podrían cuestionar la incursión de una empresa del Estado en un área donde el sector privado tiene competencias más que suficientes. “Entraríamos en un nuevo conflicto, considerando que en los primeros cuatro a cinco años esta nueva AFP trabajaría a pérdidas, que no podría mantener comisiones de administración más bajas que las que cobra Plan Vital, lo que ya está licitado. Previamente, esta empresa estaría concebida para tener pérdidas. Además que tampoco mejoraría las pensiones, que es lo sustantivo”.

En definitiva, manifiesta que no existe ningún argumento serio para ello. “Una aventura irresponsable de parte de las autoridades que lo han planteado”. Como propuesta, un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado.

¿Posibilidades de cambios?

Para Durán, el 2015 también ha sido un año en el que los trabajadores, a través de diversas agrupaciones, se hicieron sentir en la discusión pública y política. “En ese sentido se pueden reconocer avances, por lo que podríamos esperar que el próximo año se materialicen en cuestiones más concretas, para cambiar el eje de la discusión y apuntar hacia un sistema en el que la jubilación sea considerada un derecho y no un bien que esté al vaivén del mercado”.

Por ejemplo, a través de un sistema de reparto, técnicamente viable, independiente de las condiciones precarias del ámbito laboral, lo que, advierte, queda limitado por la escasa voluntad política de los gobernantes.

De hecho, Mesina recuerda que hace algunas semanas la gente se manifestó en más de 54 ciudades, como parte de las marchas en contra de las AFP. “Las personas ya no les creen. No existen recursos suficientes que se puedan invertir para mejorar su imagen. Instituciones que no merecen sobrevivir en el tiempo”.

Y agrega: “Mientras las AFP, en concomitancia con los organismos del Estado, incluida la Comisión Bravo, sigan creyendo que pueden manejar el mundo a su antojo, crece y se generaliza en el país, contradictoriamente a sus intereses, el descrédito de estas instituciones”.

El mensaje del dirigente social apunta a que “los dueños de las AFP no pueden sentirse felices, porque saben que no cuentan con el apoyo de la gente. Y, lo más trágico, que la economía mundial tampoco los acompaña, pues no podrán obtener las tasas de rentabilidad que les permitan seguir con este gigantesco negocio para sus intereses”.