Los asesores del Ministerio del Interior dejaron entrever la molestia de Jorge Burgos por no haber sido informado del viaje de la Presidenta a La Araucanía. Sumándose a declaraciones hechas por diversos políticos, el secretario de Estado reconoció no haber sido invitado, pese a ser el responsable de la seguridad pública del país, además del jefe del gabinete ministerial.
Tal fue la molestia que Burgos solicitó una reunión con la Presidenta, incluso se rumoreó que podría presentar su renuncia al cargo. Si bien, el Jefe ministerial descartó su paso al costado, en la reunión con la Mandataria expresó sus críticas.
A la salida, Jorge Burgos dijo que hablaron “de manera muy franca”. Explicó que conversaron sobre varios temas, pero principalmente de la visita a La Araucanía: “Yo le manifesté cuáles eran las complejidades en mi rol de Ministro del Interior. Ella coincidió en que la forma no fue la mejor”, también le dijo que “esto no se puede repetir en el futuro”.
El Secretario de Estado confirmó que seguirá trabajando hasta que cuente con la confianza de la Presidenta. “Quería tener esta conversación franca y ahora puedo decir que sigo en mi puesto de trabajo” y reiteró que “el hecho que motivó este problema, no va a volver a ocurrir, que es lo importante”.
Las críticas de Burgos van dirigidas a la forma en que se manejó la agenda presidencial, sobre todo considerando la complejidad del conflicto en La Araucanía: “El procedimiento de una gira con esta importancia sin hablar con interior, fue un error”.
El partido demócrata cristiano, al que pertenece el Ministro, había incluso citado a una reunión de emergencia producto del “desaire” con el que se había tratado al Jefe del gabinete. El diputado Matías Walker defendió al militante DC: “Como directiva vemos con mucha preocupación lo que ha sucedido con el ministro Burgos, con quien estuvimos en permanente contacto durante hoy (ayer). Estamos observando esto con mucha atención, y hoy más que nunca el ministro Burgos cuenta con todo nuestro respaldo”.
En tanto, el ex presidente Gutenberg Martínez amenazó a la administración de Michelle Bachelet: “Si esto no se revierte en forma clara y definitiva y, por lo tanto, termina mal, habrá que evaluar la participación de la DC en el gobierno”
Desde Chile Vamos volvieron a criticar la visita. En una conferencia de prensa, los diputados de la UDI Jaime Bellolio y Ernesto Silva cuestionaron la mesa de trabajo anunciada por la Mandataria, así como también la improvisación y el secretismo con el que se manejó el viaje.
Para el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, “no hay que dramatizar el asunto”. Con esas declaraciones quiso bajar el perfil a la ausencia de Burgos en la Región y, también, a la molestia del Secretario de Estado ante el desconocimiento de la agenda presidencial. Díaz, también, destacó la visita a La Araucanía porque ésta permitiría avanzar con una mirada “de más largo plazo” sobre el conflicto en la zona: “La Presidenta cumplió con su palabra: estuvo en La Araucanía”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado y co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin se mostró preocupado por la ausencia de una política pública para la zona: “El hecho de que no se haya invitado al ministro Jorge Burgos, que ha sido el artífice de la política de entender los problemas de La Araucanía como política de seguridad, da cuenta de una descoordinación total”.
En ese sentido, destaca la existencia de un programa de Gobierno en materia indígena, que se basa en el reconocimiento de la existencia de los pueblos y sus derechos colectivos, como la tierra, así como el derecho a la consulta y participación, además de derechos culturales. “Nada de eso ha sido impulsado por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Las señales que ha dado han sido todas erráticas”.
La preocupación de José Aylwin es que actualmente el énfasis está puesto en el tema de la seguridad. En consecuencia, apunta a una perspectiva mayor. “No solo el pueblo mapuche y sus organizaciones han reclamado este reconocimiento”, agregando también el tema del uso abusivo de la fuerza pública en contra de integrantes del pueblo mapuche.
En este punto, recuerda que hace un año el Instituto Nacional de Derechos Humanos le entregó a la Mandataria una propuesta de diálogo, convocado por ella, como una manera de abordar de manera seria y profunda los temas que se encuentran pendientes. “Pero nada de eso ha ocurrido”.
El propio abogado apunta a diversos factores que han determinado el incumplimiento del programa, centrándose en lo que identifica como una tensión entre la prioridad que pone el Gobierno en la inversión productiva y de infraestructura asociada a una visión de desarrollo del país, que pasa por sobre las prioridades y planes de vida de las comunidades.
“Por otro lado, está el hecho evidente de que los sectores que concentran la propiedad, que han sido beneficiados por este modelo, como las empresas forestales que concentran más de 2,5 millones de hectáreas al sur del Bío Bío, la mayor parte de ellas con plantaciones. Son sectores que tienen mucho poder y lo han hecho valer”.
Otro punto en el que se detiene es en lo que define como un espiral de violencia, “la que generó inicialmente el Estado”. Pero también reconoce, desde la perspectiva de los derechos humanos, la necesidad de hacerse cargo de esa realidad. “Hay una violencia reactiva, pero quien tiene que detenerla, no solo con una política de seguridad, sino que mucho más allá, para que el actuar de las policías sea consistente con los derechos humanos, y que los problemas de fondo que generan esa violencia sean abordados”
Esto, en alusión a problemas de tierras, de exclusión en la toma de decisiones y también temas de pobreza. “Este último, un factor que el Gobierno no sabe cómo abordar y le teme. El secretismo de la visita de Bachelet evidentemente tiene que ver con este último factor. Por lo que cuesta entender que la Presidenta, para abordar este fenómeno que es real, se reúna con un solo sector, el que dice ser víctima de la violencia”.
Y agrega: “Evidentemente existen episodios de violencia que les han afectado, pero también afecta radicalmente a comunidades, las que se ven afectadas permanentemente por allanamientos de las policías, que no son consistentes con los protocolos de derechos humanos, con las sentencias de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema”.
Recordando algunas críticas del ex intendente de La Araucanía Francisco Huenchumilla, el propio Aylwin concuerda en que efectivamente en La Moneda y en el Congreso se informan de lo que ocurre en dicha zona a través de los medios de comunicación.
“Bien sabemos que en Chile esos medios de comunicación tienen un control de grupos corporativos y muestran de La Araucanía lo que ellos quieren mostrar. Indudablemente hay un desconocimiento de muchas realidades que aquí son cotidianas, las que están detrás de los conflictos que se viven. Existe poca información sobre la forma cómo actúan las policías, sobre las implicancias que el desarrollo productivo están generando, donde más que desarrollo lo que hay es exclusión y expulsión”.
Impactos ambientales y sociales que considera extremadamente elevados, lo que genera violencia, frente a lo cual surge una protesta social que es aplacada y abordada desde el Estado solo como una política de seguridad. “Chile necesita cambios estructurales en esta materia”.