Este lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta discutió dos polémicas indicaciones en el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. Reducir el periodo legal de precampaña, dejando fuera de supervisión legal a parlamentarios, alcaldes y concejales; y la negativa a aumentar el plazo de prescripción de las acciones en los casos de delitos vinculados a la materia, fueron algunos de los puntos centrales.

La iniciativa legal despachada por la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2015, incluía un “periodo de precampaña” para todos los candidatos que participaran en elecciones populares. Dicho periodo consistía, básicamente, en un espacio de gestión política que permitía a los candidatos acercarse a las comunidades y darse a conocer.

La Comisión de Hacienda resolvió acotar este periodo, haciéndolo aplicable solo en las elecciones presidenciales, dejando fuera a parlamentarios, alcaldes y concejales. El periodo concertado para las precampañas iba de los 200 a los 90 días.

El senador del Partido Socialista, Carlos Montes, explicó que esta medida se tomó porque resulta sumamente confusa y porque hacía suponer que los alcaldes que se postularan a la reelección deberían renunciar antes a sus mandatos vigentes:

“La razón es que es algo nuevo y 200 días es mucho tiempo. Hay que regular todas las campañas, en el caso de los alcaldes, no está claro si ellos dejarían 200 días antes de ejercer el cargo. En el caso de los parlamentarios eso provocaba la posibilidad de tener más precandidatos de los que correspondía, en fin, un conjunto de confusiones. Decidimos que para efectos de hacerlo más transparente, partir con este  periodo largo solamente a nivel presidencial”, señaló.

En este sentido, el ex miembro de la Comisión Engel y director de Fundación Multitudes, Alvaro Castañón, indicó que la precampaña es un acto interesante y que resulta fundamental su regulación en todos los casos.

“Sería fantástico que el Servel pudiera computar los gastos de esa precampaña porque si al alcalde le estamos pagando un sueldo para que trabaje una cierta cantidad de horas o cumpla una función, sería fantástico que la plata pública se gaste en esas funciones y no en una precampaña. Si el alcalde en ejercicio tiene que declarar que va a ser candidato a la reelección y por lo tanto el Servel le hace un seguimiento y por ende se le computan gastos de esa precampaña, yo creo que es de sanidad poder tener las dos cuentas separadas”, advirtió.

Además, Castañón sostuvo que resulta fundamental que establecer controles para garantizar que los candidatos desafiantes, en el caso de los municipios con reelecciones, tengan condiciones de competencia y sobre todo, otorgar la garantía de que los municipios no terminarán financiando las precampañas.

“Si es que no queremos tener las cuentas separadas, y en el fondo que los alcaldes que van a relección, que son la gran mayoría, se gasten la plata del municipio en una precampaña, y más encima le ponemos toda la cortapisa del mundo a los desafiantes, parece que el sistema funciona muy bien para los que están hoy día en el poder”.

Prescripción de los delitos

Otro aspecto discutido por la comisión fue el establecimiento de un plazo de prescripción de un año para denunciar e investigar sanciones penales establecidas en la propia ley. El senador Montes manifestó su intención de aumentar este plazo, sin embargo no se alcanzó el quorum necesario.

Una de las innovaciones que presenta este proyecto, es que por primera vez se van a establecer sanciones penales para delitos cometidos durante los procesos de campaña electoral. En este sentido, estará prohibida toda forma de financiamiento irregular de campañas: la no declaración o la declaración incompleta de aportes y gastos, recibir dineros de empresas, y pagarle a personas en los casos en que no corresponda, además de otras formas de defraudación.

Sobre el plazo de un año consagrado para denunciar estos ilícitos, el investigador asociado del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, y ex miembro de la Comisión Engel, Claudio Fuentes, opinó que el plazo de doce meses resulta acotado y que sería recomendable extenderlo a 18 meses.

“Si se extiende mucho el plazo, un parlamentario, alcalde o concejal podría ser cuestionado durante todo su mandato en una investigación y por lo tanto creo que sí se requieren plazos acotados para definir una temporalidad adecuada de investigación”.

Las sanciones de estos delitos en la nueva ley prometen multas que parten en la misma cuantía de lo defraudado, la pérdida del cargo e incluso, penas aflictivas sancionadas con días de cárcel.

Sobre las indicaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y sobre la labor legislativa que ha realizado en la tramitación del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Democracia, Álvaro Castañón finalizó: “Si no se cambian las cosas, van a seguir existiendo prácticas malas, que son irregulares, pero que en el fondo son aceptadas por todos porque el legislador hizo mal la pega. Hoy día tienen la oportunidad de hacer las cosas bien y correspondería que la Comisión de Hacienda retome el rumbo y regule bien las cosas para que no sigan sucediendo actos lamentables”.