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Año XIV, 26 de junio de 2022

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Incendio en cárcel de San Miguel: el negocio de los cementerios acorrala a los deudos

Hace cinco años ocurrió la tragedia carcelaria más grande de nuestra historia: el incendio de la cárcel de San Miguel, donde 81 internos perdieron sus vidas y hasta la fecha nadie resulta responsable. Y lo que es peor, las consecuencias siguen afectando a sus familiares por el cobro de la mantención de los cementerios donde se encuentran sepultados.

Arturo Baeza y Javiera Valenzuela

  Viernes 8 de enero 2016 13:20 hrs. 
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A cinco años del incendio de la Cárcel de San Miguel, y como lo han hecho todos los meses después de ocurrida la tragedia, los familiares de las víctimas en conjunto con la ONG “81 Razones”, se han organizado para conmemorar a los 81 fallecidos en el penal de calle Ureta Cox.

Cerca de cien personas marchan desde las afueras del metro Lo Vial en dirección a la cárcel. Lienzos, gritos alusivos a la corriente ideológica anti carcelaria, música y danza acompañan a los deudos.

Mientras, funcionarios de Gendarmería reparten 81 rosas blancas y a las 12 de la noche del 8 de diciembre, luego de la misa ecuménica realizada al interior del recinto penitenciario, 81 globos blancos se lanzan al cielo con el nombre de cada uno de los fallecidos.

A pesar de todos estos años, la tragedia carcelaria más grande ocurrida en la historia de nuestro país sigue impune. Y, además de esto, los familiares de las víctimas hoy tienen que cargar con el hostigamiento y amenazas por parte de los cementerios en los que se encuentran los restos de los internos para que se hagan cargo de pagar un monto relacionado con la mantención de sus tumbas.

Del reconocimiento de los cuerpos a la firma de los contratos

El 10 de diciembre de 2010, a dos días de ocurrido el incendio, César Pizarro, hoy vocero de la ONG “81 Razones”, llegó al Servicio Médico Legal (SML) para hacerse las pruebas de ADN y así poder reconocer los restos calcinados de su hermano Jorge. Además de las autoridades allí presentes, encabezadas por el ministro de Justicia de ese entonces, Felipe Bulnes, también habían varios representantes de cementerios y de la Funeraria Hogar de Cristo ofreciendo sus servicios.

En un primer momento, los contratos que ofrecían los cementerios que pertenecen a la empresa Los Parques S.A., consistían en la entrega de una fosa para cuatro cuerpos: “Mi esposa se dio cuenta de esta irregularidad, empezamos a reclamar y nos negamos a firmar, porque si ya vivían hacinados en la cárcel no queríamos que siguieran en la misma situación, muertos”, relata César Pizarro.

Ante este escenario, los vendedores de los servicios fúnebres tuvieron que presentar una alternativa, formulando un nuevo contrato que garantizaba que víctima tendría una fosa individual y esta sería gratuita de por vida. Pero lo último fue sólo de palabra, porque desde junio de este año, a todos quienes firmaron contrato con los cementerios Parque del Recuerdo, les están cobrando 55 mil pesos anuales por concepto de mantención.

“Ellos nos dijeron que iba a ser gratuito de por vida”, reafirma César. A las familias, que despedían a los internos, las autoridades les aseguraron que no debían preocuparse y que nunca tendrían que hacerse cargo de los gastos relacionados con los cementerios, agrega Pizarro. En medio de esta situación, ellos confiaron en lo que les decían y no leyeron detenidamente lo que firmaron.

Antes de retirarse del SML, Pizarro reconoció al ministro Bulnes mientras entregaba declaraciones a la prensa. En ese momento lo abordó y le dijo: “Júreme que hará justicia por mi hermano y por todos los familiares de los presos”, a lo que el Ministro respondió afirmativamente: “Sí, le juro”. Se dieron un apretón de manos.

De la sepultura a la amenaza de la fosa común

En 1980 la empresa Los Parques S.A. comenzó la construcción de su primer cementerio, el Parque Américo Vespucio. 35 años después cuentan con 2 recintos privados más: el Padre Hurtado y el Cordillera. En total son propietarios de 200 hectáreas y realizan cerca de 9 mil sepulturas al año.

De los 81 presos fallecidos, 43 de ellos se encuentran sepultados en los cementerios pertenecientes a esta empresa: 31 en el Parque Cordillera, 11 en el Padre Hurtado y 1 en el de Américo Vespucio. Y son estas 43 familias las que hoy están siendo amenazadas con hacer retiro de los cuerpos, si no se normaliza el pago de los costos relacionados a la mantención de las tumbas. Producto de esta situación, son víctimas de acosos telefónicos y cartas a domicilio.

El contrato celebrado por la empresa y cada uno de los deudos estipula que a partir del 15 de junio de 2011 debían cancelar la primera cuota de mantención anual, a tan sólo seis meses de ocurrido el incendio. Por el hostigamiento que efectuaron las empresas de cobranza, luego de cinco años se enteraron que tendrían que pagar. Sin embargo, el valor de dicho costo no se encuentra establecido en el acuerdo.

Para justificar esta omisión, en el mismo documento se establece que “Los Parques estará facultado para corregir o enmendar los datos del contrato, en especial a lo relativo a números de recibos, fechas y montos de las cuotas de mantención anual, entre otras correcciones”. A esto hay que agregarle que la empresa Los Parques S.A. no realizó ningún cobro hasta junio del 2015. Cinco años después.

El cobro deja en evidencia que el compromiso tomado por las autoridades de gobierno no fue respetado.

Galo Muñoz, miembro del “Observatorio Social Penitenciario” y asesor jurídico de la ONG “81 razones”, explicó que la razón por la que comenzaron a cobrar después de 5 años es porque pasado este período de tiempo, la empresa ya no puede ser acusada de haber efectuado el vicio legal conocido como dolo en el contrato. Figura definida como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

El dolo prescribe como irregularidad jurídica luego de cuatro años de acreditado el contrato, por lo que hoy, ningún familiar puede realizar alguna acción legal para anularla.

El acuerdo entre Gobierno y la Funeraria Hogar de Cristo

En el 2000 el Parque del Recuerdo se hizo cargo de la administración de la Funeraria Hogar de Cristo. Esta institución fue la encargada de efectuar todos los servicios de 78 de los 81 fallecidos de la cárcel de San Miguel. En un acuerdo con el Ministerio de Justicia, firmado por su Subsecretario subrogante, Sebastián Valenzuela, y el gerente general de la funeraria en ese entonces, Jaime Maturana, la empresa recibió un pago por $146.926.095

El detalle de la factura indica que 85 millones de pesos fueron los costos totales de todo lo referido a la sepultura, especificando los planes base, los vehículos adicionales, derechos de sepultación, traslados, etc.

Además, la misma boleta revela que “Cementerio Parque del Recuerdo” recibe más de 52 millones de pesos y la “Administradora Los parques S.A.”, obtiene cerca de 9 millones. En ninguno de los dos casos se encuentra especificado el detalle de los servicios por los que recibieron estos pagos.

Un ex miembro del Ministerio de Justicia que tuvo participación en este proceso, señaló en 2010 que el aporte que brindó el Estado para estos efectos sólo fue para “que tuvieran derecho a una digna sepultura”, porque no existe ningún protocolo legal que los obligara a hacerlo.

A pesar de que existe un decreto ley que apunta a que el Ministerio de Justicia debe velar por el “tratamiento penitenciario y la rehabilitación del reo; de la organización legal de la familia e identificación de las personas”, no son responsabilidad del Estado las muertes que ocurren al interior de los recintos penitenciarios. “Más allá de que esté establecida o no la responsabilidad del Estado, este no paga los entierros” dijo la fuente gubernamental de la  época.

Esta autoridad sí reconoce que en un principio el ofrecimiento de los cementerios pretendía poner en la misma fosa a cuatro fallecidos. Y frente a esto, él intervino para que se hiciera un nuevo contrato, donde las tumbas fueran individuales, “pensando en la dignidad de los fallecidos y de los familiares”.

Sin embargo, desmiente algún tipo de compromiso respecto a la gratuidad de los servicios, apelando a que esto no les correspondía y que sólo pretendían ayudar a los afectados: “No creo que alguien pueda haber asumido un compromiso a nombre del gobierno para siempre. Dejar involucrado al gobierno para siempre por un acto administrativo lo encuentro difícil, a lo mejor ellos lo entendieron así”.

Lo que esta fuente menciona es que “Más allá de que esté establecida o no la responsabilidad del Estado, este no paga los entierros”.

Desde la Fundación Hogar de Cristo no han querido referirse a esta confusa situación. Su capellán, el padre Pablo Walker, fue quien dirigió la misa conmemorativa de los cinco años de la tragedia y en esa misma instancia no quiso hablar, argumentando no conocer todos los antecedentes.

Además de estos casos, hubo tres familias que no recibieron ninguna ayuda, ni siquiera los servicios fúnebres. Los deudos de Carlos Marcel Vilches Abarca, Héctor Marcelo Vega Vega y Bastián Camilo Arriagada Arriagada, explican que tuvieron que hacer el trámite de manera independiente en la funeraria que está al lado del SLM. “Yo fui la primera en recibir el cuerpo. Nadie, ni del ministerio ni de ningún establecimiento se acercó”. Bastián está sepultado en el cementerio Lo Prado, junto a su padre, comentó María Virginia Abarca.

Toda esta disputa se da en medio de un difícil contexto, ya que después de 5 años de ocurrir el incendio nadie resulta responsable y, además, se iniciaron investigaciones por un probable reo número 82 que completaría la lista de fallecidos en la cárcel de San Miguel.