La jornada de este jueves continuó la votación en particular del proyecto de ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en la comisión de Educación del Senado.

Luego de la sesión, el presidente del PPD y de esta comisión, Jaime Quintana, indicó que lo más probable es que la ley salga pronto de la instancia, pues a su juicio se ha avanzado con buena parte de las indicaciones.

“Yo creo que estamos muy cerca de la mitad de las indicaciones, acá hay un número muy significativo, cerca de 240 indicaciones presentadas, algunas han sido declaradas inadmisibles, pero creo que estamos en condiciones de que el proyecto sea despachado por la comisión durante la próxima semana”.

Por su parte, el senador democratacristiano Ignacio Walker señaló que de acuerdo a las indicaciones aprobadas, cualquier Agencia Técnica Educativa (ATE), instituciones que tienen fines de lucro, podrá participar de los procesos de capacitación de docentes, cambiando lo establecido por la Cámara de Diputados que indicó que sólo las universidades acreditadas y el CPEIP podrían brindar este servicio.

“Hoy día se discutió otra cosa en el contexto de la Carrera Docente. Es decir ¿pueden las escuelas contratar una asesoría externa para perfeccionar y mejorar el sistema de formación? Evidentemente que sí, es un tema muy distinto, hay sociedades de profesionales, de expertos en educación que trabajan a honorarios y evidentemente que esa expertise no podemos desperdiciarla”, señaló el ex presidente de la Falange.

Crsitina Girardi, diputada del PPD y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, sostuvo que “algunos senadores” que presentaron estas indicaciones tienen como objetivo “mantener el negocio de las ATE”, siendo que en el proyecto de Carrera Docente que salió de la Cámara se estipula que la labor de capacitación quedaría en manos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Mineduc.

La parlamentaria manifestó que espera que dicho cambio en la iniciativa sea rechazado por sus pares, lo que podría entrampar este proyecto y tener que ser revisado en comisión mixta, tal como se ha planteado con la Reforma Laboral, otra de las transformaciones importantes que el Gobierno espera que sea aprobada antes del 31 de enero: “En general, el Gobierno trata de negociar con la Cámara para que las cosas no vayan a mixta y que nosotros aprobemos las cosas del Senado, pero por lo menos yo no estoy dispuesta”, aseguró Cristina Girardi.

En tanto, el diputado de la DC Mario Venegas, también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, señaló que le parece “una mala idea” reponer la posibilidad que las ATE puedan tener participación en la capacitación de profesores, y recibir fondos públicos por esta labor.

El parlamentario de la Falange indicó que la labor de formación y perfeccionamiento de los docentes debería ser realizado por instituciones tanto del Estado como otras que tengan una reconocida trayectoria, partiendo por el CPEIP y luego por las universidades acreditadas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, lamentó que se haya repuesto la posibilidad de que instituciones con fines de lucro como son las ATE participen del proceso de formación de docentes.

El presidente del Magisterio fue enfático al señalar que los acuerdos alcanzados en la Cámara, no pueden ser desconocidos por los senadores.

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, indicó que el ánimo del Gobierno era mantener la imposibilidad de lucrar de las Agencias Técnicas Educativas, pero que la comisión de Educación del Senado dispuso otra cosa.

“Se había votado en la Cámara que estas instituciones no tuvieran fines de lucro y el ánimo del Ejecutivo fue mantener lo que se había votado en la Cámara, pero los senadores tomaron una posición distinta, de sacar la restricción y permitir (que las ATE) que sean con fines de lucro”.

Para el próximo lunes está programado que continúe la votación en particular de este proyecto en su segundo trámite legislativo.

Vocera Confech: “El Gobierno debe hacerse cargo de quienes les embargan sus casas por estudiar”

Una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de darle a conocer la situación de deudas y embargos provocados por distintos créditos de educación superior, entregaron alrededor de 50 estudiantes pertenecientes a distintas universidades, quienes se manifestaron frente a La Moneda.

A través de la misiva, los estudiantes agrupados en la organización Deuda Educativa, exigen al Gobierno pronunciarse y hacerse responsable frente a los casos de embargos y cartas de aviso que han recibido por sus deudas educativas, pese a la promesa del Gobierno.

Actualmente existe más de un millón de personas endeudadas con un Crédito para la Educación Superior, tales como el Crédito CORFO, CAE, Crédito del Fondo Solidario, Crédito Fiscal, créditos internos de las casas de estudios y créditos de consumo, entre otros.

Carolina Figueroa, Presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocera de Confech para las universidades privadas, indicó que “el Gobierno tiene que hacerse cargo de la situación de miles de estudiantes chilenos que por estudiar les embargan sus casas”.

“La promesa que queremos que cumpla es que se acaben los endeudados por educación, solo en una educación de mercado van a caber estudiantes endeudados y hoy día, con la reforma que se está planteando, no se está considerando este problema y por ende no se avanza en expulsar el mercado de la educación”.

Además, la dirigente se refirió al caso de Sandra Godoy, cuya casa está siendo embargada por un crédito CAE con el Banco Scotiabank que pidió para poder estudiar en INACAP.

En este sentido, Carolina Figueroa señaló que la educación que proveen muchos planteles privados no vale lo que cobran dichas instituciones: “Hoy día un montón de instituciones privadas están creando carreras sin campo laboral, hay cartones que no valen nada afuera de la universidad, entonces muchos de los endeudados no están trabajando en lo que estudiaron o que cuando lo hacen ganan un mínimo, entonces hoy solamente hay gente que está pagando por una educación que no vale, por una educación de mercado que no está al servicio del país y sus necesidades”.

En la misiva, los estudiantes invitaron a la Presidenta a cumplir lo expresado el 21 de mayo de 2014, cuando se comprometió a conformar “un equipo de expertos que estudie la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la situación de aquellos que ya tuvieron que endeudarse para estudiar”.