Los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) ingresaron este martes una querella por la colusión de los supermercados que se hizo pública luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusara a las cadenas de coludirse en el mercado de la carne de pollo fresca, en contra de las cadenas de supermercados Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), Walmart (Hipermercado Lider, Líder Express, Super Bodega Acuenta y Ekono),  y SMU (Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer).

Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecus) planteó que la denuncia de los diputados carece de efectividad penal, ya que se sabe que las condenas que arriesgan quienes se coluden, son bajas.

El dirigente aseguró que “todo este tipo de acciones lo único que consiguen es un impacto mediático, sin tener ninguna trascendencia en el proceso de los supermercados. Debido a que en Chile no existe retroactividad de la ley, es decir, no se puede hacer justicia en base a algo que se va a promulgar después del verano”.

Distinta es la visión de Hernán Calderón, miembro de la Corporación nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), quien consideró que “la arista penal es muy compleja ya que hubo querellas anteriores y los tribunales consideraron que las pruebas eran insuficientes por parte de la Fiscalía para los casos de colusión”.

En consecuencia, aseguró que no es una tarea fácil, pero que sí es una denuncia viable porque el código penal en su artículo 285 considera como delito la grave alteración de precios en los productos. En este sentido, Hernán Calderón valora la petición de los diputados, sobre hacer responsable al Ministerio Público para sancionar las responsabilidades de directores y ejecutivos de las empresas.

Anteriormente, la Fiscalía Nacional Económica luego de una larga investigación presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las empresas avícolas, en la llamada “colusión de los pollos”, solicitando que se aplique a cada cadena la multa máxima contemplada por la ley de 30 mil Unidades Tributarias Anuales.

Respecto a condena que la Fiscalía pide que se aplique, el diputado Gabriel Silber dijo que “si bien entendemos como positiva la denuncia que hizo la Fiscalía Nacional Económica, el destino de estas investigaciones fue la aplicación de multas, dejando impunes estas prácticas”, y consideró que la persecución penal es la herramienta para que estas irregularidades no se vuelven a repetir. Además solicitan la intervención del Ministerio Público por los delitos de adulteración de precios.

El diputado de la Falange también se refirió a la sanción de cárcel para los culpables, y dijo que “si bien en este momento las penas son bajas, estamos durante enero despachando en el Congreso la nueva legislación, para reponer la pena de cárcel que se eliminó a principios del 2000 que provocó una legislación disuasiva frente a los empresarios a la hora de coludirse”.

El proyecto propone que sea la FNE quien deba decidir en qué casos se perseguirá a los imputados por delitos de “cuello y corbata”. Situación de la  cual, el Ministerio Público considera que la propuesta no asegura  las condiciones mínimas para la efectiva persecución penal. No obstante, el Ministerio Público teme que el proyecto propuesto por el Ejecutivo sobre la persecución penal de los casos de colusión, quede como una declaración meramente simbólica.