El 3 de febrero empezarán debates en el parlamento francés sobre la reforma constitucional que anunció el presidente François Hollande dos días después de los atentados de Paris. Con esta reforma, el gobierno francés  tiene la intención de cambiar las herramientas políticas disponibles para luchar en contra del terrorismo internacional, y más especialmente al así llamado Estado Islámico.

En noviembre, el presidente Hollande expuso frente a las dos cámaras parlamentarias reunidas en congreso en Versalles sobre la necesidad de “responder con la fría determinación que conviene frente al ataque innoble que ocurrió viernes en Paris. Mi voluntad, es de poner toda la potencia del Estado al servicio de la protección de los ciudadanos”.

Esa reforma propone dos medidas. La primera inscribe “el estado de emergencia”, un régimen que da poderes extraordinarios al Ejecutivo y a la policía y que fue implementado después de los atentados, en la Constitución. Bajo este régimen, la policía puede arrestar, registrar, o asignar  residencia a ciudadanos sin una decisión de justicia previa, con la única razón que su comportamiento sea sospechoso (pero sin prueba). De hecho, incluir este régimen en la constitución francesa  daña las libertades fundamentales que el texto protege.

La segunda medida se dirige a los franceses que tienen más de una nacionalidad, que sean naturalizados o nacidos franceses.  Hoy día, el Código Civil francés prevé la privación de nacionalidad para los ciudadanos naturalizados por menos de 10 años, 15 si se trata de crímenes terroristas. Con la reforma, todas la personas que tienen más que la nacionalidad francesa, incluida la que se otorga por “jus sanguinis” o derecho natural, pueden ser privadas de este derecho.

De hecho, la pérdida de nacionalidad todavía existía en el Código Civil francés, pero Serge Slama, un profesor de derecho público y un especialista del derecho de los extranjeros, explicó que “el sistema de privación es un sistema que sanciona un comportamiento” al contrario de la pérdida que solamente es “la constatación de una situación de hechos”- si la persona rompe sus vínculos con la nación, sirviendo el ejército de otro país, por ejemplo.

En realidad, esta medida es una herencia histórica que no fue empleada por mucho tiempo, pero que plantearía los mismos problemas que la reforma de nacionalidad, si estuviera implementada. Nunca, sin embargo, se había conversado de establecer una diferencia entre dos tipos de franceses en la Constitución.

“El problema de fondo es simbólico. Enviamos un mensaje bastante claro, registrado en la Constitución, que los franceses que tienen otra nacionalidad, o sea los franceses con origines extranjeros, no tienen el mismo estatuto que los franceses que solamente tienen una nacionalidad, los franceses de pura cepa. Y eso, distinguir dos categorías, plantea un problema en un estado de derecho,” explicó Slama.

También se plantea el problema de las consecuencias a largo plazo, porque un cambio constitucional necesita una visión para los próximos 40 años por lo menos.

“¿Quién serán los enemigos de Francia?, ¿quién serán los enemigos de mañana? El gobierno y los legisladores determinarán lo que es un terrorista”, se preguntó Slama.

Con la reforma, solamente se inscribe en la Constitución la posibilidad de la privación de nacionalidad en el caso de crímenes terroristas, pero los gobiernos del futuro podrían redefinir el sentido de terrorista. Esa medida es una herramienta potente un año antes de las elecciones presidenciales que bien podrían ganar el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, el Frente Nacional.

“No me gusta la idea de inscribir una disposición que tiene una incidencia tan grande sobre el estatuto de las personas, especialmente si es solamente simbólico. La historia muestra que cuando se inscriben esos tipos de medidas de privación, el gobierno las utiliza”, analizó el profesor.

El estado de emergencia, otra herramienta perjudicial para las libertades, muestra que es variable el sentido de quien plantea una amenaza. Los arrestos y asignación a residencia no solo se dirigieron en contra de los ciudadanos musulmanes y de sus negocios, también en contra de activistas ambientalistas durante la COP 21.  Hace dos meses, los 3021 allanamientos y las 381 asignaciones a residencia lograron solamente tres investigaciones preliminares y solo una inculpación por terrorismo.

En el pasado, las disposiciones que todavía existen el Código Civil también fueron utilizadas con excesos. En los años 50, el gobierno se enfocó contra ciudadanos franceses de origen polaco porque pertenecieron al Partido Comunista. La única vez que el gobierno francés había privado franceses de derecho natural de su nacionalidad era, en los años 40 durante el gobierno de Vichy, en contra a los judíos franceses.

Si esta disposición fue solamente aplicada tres veces desde 1958, el procedimiento fue utilizado más de 200 veces entre 1948 y 1953.

En términos prácticos, sería necesario que ambas cámaras, la asamblea que es de izquierda, y el senado que es de derecha, coincidieran sobre el texto de la reforma antes que votaran juntas con 3/5 del quórum requerido.

Mientras tanto, la sociedad civil se organiza para demostrar su oposición. Françoise Dumont, la directora de la Ligue des Droits de l’Homme, o la liga para los derechos humanos, compartió su ira sobre este tema.

“Todavía estamos bajo el efecto de la emoción. La mayoría de la gente no ven el vínculo entre la estigmatización de una parte de la población y el replanteamiento del jus soli. Este tipo de anuncios muy mediáticos no estimulan una reflexión sobre las consecuencias”, se lamentó Dumont.

La organización ha movilizado un colectivo de más de 100 organizaciones de todos tipos que se oponen a estas medidas y ha organizado una manifestación para el sábado 30 de enero en Paris y otras ciudades de Francia.