Tras las declaraciones de parlamentarios, que aseguraron que habrían rechazado el proyecto en un gobierno de la militante del PC, el Mandatario sostuvo que no hay un compromiso con la seguridad de parte del sector de la excandidata.
El presidente de Republicanos señaló que, ante un escenario en que Jara hubiera presentado un estado de excepción bajo las mismas condiciones que planteó el Ejecutivo, tendría “la tranquilidad” de que se necesita la aprobación del Congreso.
El exministro del Interior cuestionó a los dirigentes republicano por criticar a Fontaine, Couso y Peña tras sus observaciones respecto a la reforma de seguridad. “Esos comentarios son de una superioridad moral que dificulta el diálogo”, criticó.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
RN y Evópoli piden cambios a la iniciativa y hablan de una propuesta “iliberal”. En la oposición, el PS, PC y FA piden retirar el proyecto del Congreso. “Es innecesario y atenta contra la democracia”, declaró la timonel socialista, Paulina Vodanovic.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El Jefe de Estado se mostró dispuesto a revisar los 120 días del nuevo estado de excepción y precisó que las facultades quedarán definidas en una ley orgánica constitucional.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, junto a parlamentarios de la colectividad, planteó reactivar un proyecto presentado hace más de dos años que busca elevar nuevamente los quórums para modificar la Carta Fundamental.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
El excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración de Sebastián Piñera sostiene que el estado de emergencia vigente ya permite desplegar las herramientas que busca incorporar el Ejecutivo mediante un cambio a la Constitución.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El Mandatario además adelantó que este lunes ingresará al Congreso la reforma constitucional en seguridad. En respuesta a las críticas a la iniciativa por la restricción a prestaciones sociales, aseguró que “no se va a pasar a llevar ningún derecho”.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
El ministro Martín Arrau y la ministra May Chomalí protagonizaron un inédito enfrentamiento público por la quita de derechos sociales a condenados, mientras Franco Parisi y Diego Ibáñez cuestionan la estrategia del Ejecutivo.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
