Esta semana el Gobierno dio un nuevo paso en la anunciada política nacional del litio, que explicara hace algunos días la Presidenta Michelle Bachelet.

Por ahora, un memorándum de entendimiento entre Corfo y la multinacional estadounidense Rockwood Lithium, que debiera materializarse prontamente en la firma de un contrato.

Una concesión, sin licitación previa, que permite a la empresa adquirida en enero de 2015 por la compañía estadounidense Albemarle Corporation, producir carbonato de litio y también hidróxido de litio, a través del desarrollo de nueva tecnología, durante los próximos 27 años.

Se trata de la cesión de derechos en el Salar de Atacama, por parte de Corfo, que se da paralelamente al juicio que mantiene la propia entidad estatal con la otra gran empresa explotadora de litio, de propiedad del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou: SQM. Un escenario en el que Corfo exige el término anticipado del contrato, acusando su incumplimiento por parte de la minera no metálica.

“Ya es hora de que el país piense en explotar los recursos naturales por sí mismo”, exige el economista Andrés Solimano, a propósito de este nuevo anuncio de concesión de recursos naturales hacia una multinacional.

Incluso, agrega que “debiera ser la misma Corfo o alguna empresa del Estado, de las pocas que quedan, la que pudiera explotar el litio. Por qué tenemos que entregarle siempre a una multinacional extranjera la explotación de los recursos naturales, dado que ya tenemos tan desnacionalizado el sector del cobre. Y vamos a replicar el mismo modelo con el litio”.

“Un contrato que va contra los intereses nacionales y contra lo que se pretendía hacer con la política del litio”, añade por su parte el economista Julián Alcayaga.

“Dicen que se pretende darle valor agregado, pero lo que se está haciendo es generar más carbonato de litio, una materia prima simple. ¿Por qué no fabricar en Chile los cátodos de litio? Ahí sí se trataría de una política con sentido nacional”, acusa con molestia el también director del Comité de Defensa del Cobre.

Un sector económico que para Solimano tiene un gran futuro, pues ofrece interesantes perspectivas. “Utilidades que permitirían financiar tanto las inversiones en el sector como también otras inversiones que tengan importantes impactos sociales. No entiendo la lógica de entregarle a una multinacional la explotación del litio, sobre todo en un plazo tan largo. Por qué no se pensó en otras alternativas”.

Asimismo, considera que es un error argumentar que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para asumir los costos que implican los procesos extractivos y productivos. “Estoy seguro que no le costaría nada conseguir recursos de inversión en el extranjero si necesitara financiar un proyecto tan rentable como el del litio”.

“Incluso, si quisiera bajar la carga financiera podría generar una empresa mixta, con presencia estatal y privada, pero no entregárselo nuevamente a una multinacional. Es algo que no va en la dirección de recuperar los recursos naturales para el país, que debiera ser una aspiración válida”, explica Solimano.

Y agrega: “El Estado perfectamente tiene capacidad financiera de acceso. Puede que hoy no tenga los recursos, pero se puede endeudar en los mercados internacionales de capital, lo que no es ningún problema, pues tiene un bajo costo de financiamiento. Es un tema ideológico en el que están pegados, de tener que entregarle siempre a las multinacionales la explotación de los recursos naturales”.

“Qué sentido tiene que Chile solo sea el primer productor de esta materia prima”, cuestiona Alcayaga. “Un pretexto para generar consenso”, advierte el economista. “Y de hecho lo ha generado en algunos parlamentarios que han saludado esto como una gran cosa, porque no conocen el tema. Decir que con esto van a terminar con el monopolio de SQM es un pretexto que no tiene sentido”.

En esa línea, advierte que “el monopolio de SQM lo pueden terminar fácilmente, porque el contrato vence dentro de pocos años”.

Financiamiento de campañas políticas e inconstitucionalidad

En 2013, representantes de la empresa Rockwood participaron en un taller sobre las perspectivas del litio, organizado por el operador político Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Michelle Bachelet. En las gestiones también participó Jaime Solari, hermano de Ricardo, el ex ministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos.

En total, 43 millones de pesos que constan en tres facturas que emitió la sociedad Asesorías y Negocios, de propiedad de Martelli, a la empresa Sociedad de Gestión Ambiental, de Solari, como parte de la realización del taller. Dineros, tal como investiga la Fiscalía, que habrían sido entregados por Rockwood, los que a su vez se habrían destinado a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Sin embargo, las relaciones entre la multinacional y la empresa del cuestionado recaudador parecieran no ser un antecedente relevante para el Gobierno. La prioridad en este caso la centran en lo que consideran las ventajas y beneficios económicos que recibirá el Estado.

Así lo ha planteado con insistencia el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Sus argumentos apuntan a que Corfo mantiene contratos vigentes con SQM y Rockwood en el Salar de Atacama, donde la empresa de Julio Ponce Lerou paga una tasa real de solo un 5,8 por ciento, mientras que si bien Rockwood no pagaba por la extracción de litio, ahora, con el acuerdo, se fija una tasa progresiva que llegará al 40 por ciento.

Incluso, asegura que las declaraciones de Solimano y Alcayaga “contienen gravísimos errores”, al plantear que “aquí hay un acuerdo para modificar el contrato de 1975 con Rockwood, que es un contrato vigente y cuyo plazo es prorrogable,  y que no involucra pago de comisiones a Corfo ni participación de las comunidades.  El nuevo convenio es un contrato inédito en la minería no metálica a nivel mundial, en que además de la regalía minera que llega al 34,7 por ciento del margen operacional, se establecen comisiones a pagar a Corfo con tasas progresivas que llegan al 40 por ciento”.

Asimismo, añade que “también incluyen aportes para investigación y desarrollo, compromisos de desarrollo de productos de alto valor agregado  como lo son el carbonato de litio y el hidróxido de litio grado batería, pues lo que se produce hoy es de calidad inferior, una reserva para venta nacional a industrias tecnológicas que se puedan instaurar a futuro, tal como se estableció en el pasado para Codelco y el más alto estándar de asociatividad con las comunidades, ya que éstas tendrán el 3 por ciento de los ingresos por venta de litio. Además, con este acuerdo se aumenta la producción de productos de litio chileno de alto valor, asegurando el liderazgo de nuestro país en esa industria”.

Mejores condiciones para la competencia, aseguran en el Gobierno, frente al actual escenario de concentración que supone la presencia casi monopólica de SQM, así como una mejor situación económica para el Estado producto de los nuevos gravámenes.

“Chile ha estado perdiendo participación en el mercado mundial del litio a manos de Argentina y Australia”, explica el propio Bitrán, detallando que se trata de una “situación que se vería agravada porque el principal productor local es SQM y su cuota se termina en pocos años. Nuestro país tiene las mejores reservas mundiales de Litio en el Salar de Atacama, donde Corfo tiene contratos vigentes relevantes con solo dos compañías: Rockwood y SQM. Con la primera estamos modificando y mejorando el contrato. Con la segunda estamos pidiendo su término anticipado por graves incumplimientos a través de un juicio arbitral”.

No obstante, para Julián Alcayaga el principal enfoque radica en otra arista. “El pretendido contrato que quiere hacer Corfo es inconstitucional e ilegal, porque la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de concesiones mineras establece que es el Estado o sus empresas las que deben explotar los recursos, o por contratos especiales de operación que establece el Presidente de la República”.

Esto, detalla Alcayaga, porque “el litio está reservado al Estado por la Constitución y por el decreto constitucional de Pinochet del año 1979, el DL 2778”.

Por ello, insiste en que “no puede Corfo hacer un contrato especial de operación con Rockwood. Lo tiene que hacer la Presidenta Bachelet, obligatoriamente, a través de un decreto supremo”.

En respuesta, Bitrán aclara que la Ley N°2.886, que reserva el litio para el Estado, exceptúa expresamente el que se encuentra en las pertenencias que ya estaban constituidas antes de la dictación de dicha norma, que es el caso de las pertenencias del Salar de Atacama.

“Espero que este tema sea analizado y discutido con seriedad. Me imagino que Andrés Solimano y Julián Alcayaga están a favor de terminar con el poder excesivo que hoy tiene SQM, empresa que no paga las tasas ni entrega la información que corresponde. Y que por lo mismo, conocen bien la situación de SQM, la demanda de Corfo contra esa empresa y los contratos vigentes en el Salar de Atacama. Esta modificación de contrato establece un nuevo estándar que será un referente en el futuro”, asevera el propio Bitrán.

Alcayaga, por su parte, se remonta a una situación que ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando el subsecretario de Minería Pablo Wagner intentó, a través de una licitación, entregar el litio a través de un decreto, lo que generó que algunos parlamentarios de la entonces Concertación se opusieran y presentaran un recurso de nulidad contra dicho proceso por considerarlo ilegal e inconstitucional.

“Vamos a solicitarle a la senadora Isabel Allende y al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que vuelvan a presentar una acción de nulidad de derecho público en contra del pretendido contrato que quiere hacer el señor Eduardo Bitrán, al entregarle el litio a Rockwood. Ahí debe haber una coima muy grande”.

Independiente de aquello, su advertencia es que actuarán como ONG Chile Cobre y también como Comité por la Defensa del Cobre, además de otras organizaciones, para solicitar en tribunales la nulidad del contrato que debiera firmarse a más tardar el 31 de marzo.