El ministro del Interior, Jorge Burgos, se reunió este lunes con el intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, con quien analizó los recientes ataques incendiarios ocurridos en la zona, así como también en La Araucanía y la provincia de Arauco.

Burgos descartó la declaración de un estado de excepción constitucional, refiriéndose a la solicitud de un gremio de camioneros que pidió al Gobierno la declaración de estado de emergencia en la región debido a estos hechos.

El jefe de Gabinete informó que se tomaron medidas para “prevenir y actuar más rápido frente a este tipo de delitos”. “Hay que trabajar consistentemente (…) no nos van a amedrentar los delincuentes”, afirmó el ministro.

Al ser consultado sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista para estos casos, Jorge Burgos recordó que quien determina si corresponde o no aplicar dicha normativa es el ejercicio del fiscal y los tribunales, en definitiva: “A veces se ha invocado la ley y se ha terminado procesando por otro delito, esta última semana hemos invocado dos veces la ley, en eso no hay problema”, agregó.

Sin embargo, cabe recordar que luego de ser violentamente detenido, el werkén de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul, responsabilizó, precisamente, al jefe de Gabinete por responder a la movilización mapuche con criminalización. Burgos respondió a estas acusaciones.

“No sabía que estaba detenido, qué responsabilidad puedo tener. Toda persona cualquiera que sostenga que fue ilegítimamente detenido por alguna de las policías tiene derecho a recurrir a los tribunales. Esto de andar culpando a una autoridad porque se le ocurrió no tiene ningún fundamento, además es bastante peligroso andar culpando siempre a la misma persona”.

Carbone identificó en la fuerza con la que se le detuvo y en otras prácticas “nuevas formas de violencia en la región, para que las comunidades depongan sus movilizaciones”, política de la cual responsabilizó al ministro del Interior.

Por otra parte, alcaldes mapuche de la Novena y Décima Región, quienes se han reunido incluso con la Presidenta Michelle Bachelet para hacerle ver su parecer sobre las situaciones conflictivas en la zona, insisten en que la necesidad de resolver conflictos territoriales como un problema político que debe ser abordado insoslayablemente por el Estado.

En esto insistió el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao: “Quiero recordar al país, a los legisladores, a los representantes de este Gobierno y otros anteriores que este es un problema político que hay que conversar y analizar. No es judicial, hoy día están usando a las policías para resolver un problema que es de los políticos. Carabineros no está para custodiar forestales, no están para custodiar las irregularidades que cometen las grandes empresas”.

El grupo de alcaldes mapuche, agrupados en la Amcam, enfatizaron en que los episodios de violencia tienen su origen en un problema político que el Pueblo Mapuche tiene no sólo con el Estado Chileno, sino además con las empresas de la zona: forestales, pesqueras, hidroeléctricas y otras.

En este contexto el ministro Burgos pidió la semana pasada al Fiscal Nacional Jorge Abbott la designación de un persecutor exclusivo para la zona, solicitud que se vio respaldada por gremios de agricultores.