Como buen país centralizado que, en el fondo, aún vive en la lógica paternalista de la época de la Colonia, durante febrero toda inquietud social, política y económica de los chilenos se pone en pausa. El artista y activista sanmiguelino Papas Fritas se refiere a ello como “tomar vacaciones de la propia conciencia”.

En los últimos años los movimientos sociales de “regiones” han sabido aprovechar este vacío, concentrando sus protestas justamente en ese mes, cuando cientos de miles de santiaguinos salen a recorrer el país. Por ejemplo, las protestas de Aysén y de Punta Arenas en 2011 sucedieron durante el verano. Atrajeron atención nacional porque políticos, periodistas y empresarios de Santiago se encontraban de vacaciones en esos lugares.

Pero en la capital, el verano es sinónimo de dejar de protestar o reclamar. Los estudiantes están de vacaciones y los políticos también. Es la tregua estacional que históricamente ha existido en nuestro país.

Pero también es la época del año en que siempre estalla “el escándalo del verano”, el que muchas veces se prolonga por meses. El caso Caval de 2015 (y que se arrastra e incluso agranda hasta hoy) es el ejemplo más reciente. Pero antes existió un tal Juan Pablo Dávila que, con sus operaciones truchas, estafó a Codelco por decenas de millones de dólares a mediados de los años 90.

Entonces, ¿cuál es el escándalo de este verano? Algunos columnistas políticos tratan de magnificar la incestuosa relación entre el histórico coronel de la UDI Pablo Longueira con Soquimich. Pero, en verdad, esa relación de subordinación del poder político, en especial el de la derecha, a los intereses de las grandes empresas no constituye novedad alguna. ¿O acaso existe ciudadano informado que se haya sorprendido por ello?

Entonces, parece ser que en este verano de 2016 no hay, hasta ahora, ningún escándalo digno de robarse portadas. ¿O no?

Pues no. Porque si hay algo que se ha transparentado en los últimos años es que el saqueo del Estado por parte de sectores empresariales es una constante que no sabe de estaciones del año.

Para ilustrar este punto: la semana pasada la prestigiosa revista mexicana Proceso publicó un amplio reportaje de investigación que da cuenta de cómo, durante la última década, Codelco ha perdido cientos de millones de dólares en operaciones financieras (vender cobre a futuro a cambio de un precio determinado que, en este caso, era muy inferior a las proyecciones y a la realidad del mercado) durante el auge del metal rojo. Es verdad, en esos años Codelco –el llamado sueldo de Chile, y ciertamente el sueldo de las Fuerzas Armadas gracias a la Ley Reservada del Cobre que ningún ciudadano puede conocer o acceder a ella– generaba enormes utilidades, pero muchísimo menos de lo que podría haber obtenido dado los precios históricamente altos del metal. ¿Quién o quiénes eran la contraparte de esas operaciones a futuro? Aún nadie lo sabe, pero la semana pasada la Fiscalía de Alta Complejidad aceptó investigar el caso.

Según Francisco Marín, periodista y sociólogo chileno que ejerce como corresponsal para el semanario Proceso en nuestro país, el fraude alcanza los US$ 21.000 millones desde 2005 en adelante. Es decir, se trata de un monto que podría financiar con creces la gratuidad universal de la educación superior durante más de una década.

No es que la prensa criolla no se haya enterado de este asunto que se viene arrastrando hace más de un decenio. En 2010 el diario La Tercera publicó un breve artículo al respecto, pero después, por alguna razón misteriosa, nunca más volvió a cubrir el tema.

Entonces, para aquellos periodistas, columnistas y políticos de todo color cuyo afán es destapar escándalos, este caso podría darles buenos puntos. Pero es muy probable que ello no suceda. Las razones son simples y son dos. La primera: este escándalo forma parte del saqueo del Estado de Chile que se prolonga hace ya más de cuatro décadas y en la que gran parte de la clase dirigente participa de manera activa. La segunda: es febrero, y estamos de vacaciones.