Hace algunas semanas, la Corte Suprema dictó condena para Enrique Villanueva. El ex frentista acusado como autor de delito terrorista y muerte de Jaime Guzmán en 1991 fue sentenciado a cinco años y un día en libertad vigilada.
Por unanimidad, los cinco jueces optaron por anular la condena de cadena perpetua impuesta por la Corte de Apelaciones y mantener la de primera instancia. Pese al acuerdo de los magistrados, los ministros Hugo Dolmestch y Milton Juicia redactaron voto de previsión, indicando que existe falta de argumentaciones jurídicas para establecer la culpabilidad del ex frentista.
En conversación con el periodista Fernando Seymour, Villanueva adelantó que recurrirá a la Corte Interamericana de Justicia, para dejar en evidencia todos los derechos del debido proceso que se violaron durante su juicio: “El hecho que estos dos jueces dictaran este voto de previsión en cómo se genera esta verdad jurídica, violentando la verdad objetiva para crear un caso”.
Profundizó en el acuerdo entre la UDI y Renovación Nacional para que durante el gobierno de Sebastián Piñera se resolviera el caso de Jaime Guzmán, pese a que es un caso juzgado: “Algunos de los autores se entregaron y otros fueron capturados por la justicia. Ya están condenados, no hay impunidad. Cosa distinta es que se fugaron de la cárcel”.
Además, argumentó su inocencia explicando que se crea este caso en Brasil, vinculándolo “sin él estar involucrado”, y que el amparo para hacerlo fue la aplicación de la ley 18.314 que está derogada de a poco desde 1991 y creada en 1984 por la dictadura. “En democracia se me aplica la misma receta. El juez no estaba obligado a presentar pruebas sino en actuar en conciencia de las supuestas pruebas. Ahí, los jueces Dolmestch y Juicia le dicen que ninguno de estos preceptos son suficientes para acusarlo, porque no generan interconexión entre el argumento y el hecho, no son pruebas”.
En su queja, el ex frentista también acusó que durante la investigación no se lo dejó presentar testigos y, tampoco, pruebas a su favor, formas que aumentaron las violaciones a su derecho del debido proceso.
El ese sentido, explicó que en el caso de Galvarino Aplablaza ocurriría lo mismo: “Si fuera extraditado a Chile y le aplican las mismas leyes derogadas que a mí me aplicaron, Aplablaza no sale más de la cárcel, porque en Chile no hay condiciones para un debido proceso, aunque la UDI diga lo contrario”.
“Si Aplablaza viene acá y se le aplica la misma receta, obviamente que está condenado”, agregó responsabilizando también a la prensa y su forma de crear realidades: “Es un muy grave que se trate de revertir su condición de refugiado, es un estatus que no puede cambiar con los signos políticos de cada gobierno”.
A su juicio, lo que la UDI hace es “una cacería de brujas, irracional. Es un delirio de persecución para esconder sus pecados actuales, donde las manos del gremialismo aparecen en todos los casos de financiamiento del empresariado a la política”.
Persecución política con la que tuvo que luchar también durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Mi abogado no solo tuvo que enfrentar a Rodrigo Hinzpeter o Andrés Chadwick, que querían verme preso en cuatro años. Si no que además al Tribunal Constitucional, porque fuimos a advertirles que en mi caso se aplicaban leyes derogadas, y pedimos su pronunciamiento. Sin embargo, se negaron”.
Con todos esos argumentos sostiene que el asesinato de Guzmán estuvo “digitado desde afuera”. Incluso, vinculando a Manuel Contreras con su ejecución, porque “es conocido que no era devoción de la inteligencia militar. Esa es la arista no investigada”.
Al finalizar, y recordando la figura de Jaime Guzmán negó la huella que el ideólogo del gremialismo dejó para el país: “Él redactó una Constitución que es la que nos pesa hasta el día de hoy. Nos dejó una marca en el camino. Guzmán redactó la Constitución persecutoria, que permite y avala en régimen político, social y económico exclusionista en extremo. Esa es la figura que la UDI quiere levantar como un ícono de la historia nacional”.
