La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana entregó una carta abierta a la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de denunciar la situación deficitaria que está atravesando la institución.

Los funcionarios atribuyen la responsabilidad del problema a las autoridades ministeriales que conocían con antelación la crisis, sin embargo, no han hecho nada al respecto.

Claudia Fachinetti, explicó que esta situación está afectando gravemente a los usuarios y trabajadores del servicio.

La funcionaria comentó que recién en diciembre de 2015 las autoridades comenzaron a tomar acciones, sin embargo, éstas se limitaron al despido de más de cuarenta funcionarios que trabajaban en terreno, lo que provocó el progresivo debilitamiento del servicio.

“Estamos diciendo a la Presidenta que por la omisión de las autoridades del Ministerio de Justicia se ha afectado el servicio. En consecuencia, actualmente un funcionario está haciendo la labor de dos o tres personas y no estamos prestando un óptimo servicio”, enfatizó Fachinetti.

La Corporación comenzó a tomar conciencia de la gravedad de la situación deficitaria en diciembre de 2015, cuando se enteraron que la institución no tenía dinero suficiente para pagar los sueldos a sus funcionarios.

Recordemos que en enero la Contraloría inició una auditoria contra la Corporación, luego que se detectara un presunto déficit de 2 mil millones de pesos que se habría registrado en 2014 y 2015.

En marzo de 2015 Osvaldo Soto, Director General de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, solicitó al Subsecretario de Justicia un anticipo de caja, con el fin de utilizar los recursos para pagos al personal y otros gastos para el funcionamiento de la Corporación.

Asimismo, en julio de 2015 a través de un oficio, nuevamente el Director General le solicita a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, el incremento de los recursos para solucionar el déficit de la entidad.

Por lo mismo, los funcionarios acusan que las autoridades ya estaban al tanto de  la crisis y no tomaron medidas para revertir la situación. Además, los trabajadores intentaron ser atendidos por autoridades ministeriales en reiteradas ocasiones, incluso a través de la Plataforma de Ley de Lobby y todas fueron negadas.

Actualmente, el servicio espera que el Ministerio de Justicia se pronuncie con el fin de explicar la desvinculación de 40 funcionarios, a pesar de mantener algunas contrataciones en cargos de gestión o de asesores, así como la rebaja de remuneraciones y jornada con modificación de contrato, entre otros.

La presidenta subrogante explicó: “Nosotros queremos que la Presidenta dote a la institución de los recursos necesarios para poder prestar un servicio de calidad. Por lo mismo, exigimos que se persigan las responsabilidades administrativas de quienes no actuaron en su momento”.