A propósito de Jovino Novoa que en 2015, luego de reconocer los hechos en los que estaba involucrado, llegó a un pacto abreviado y obtuvo una condena de 3 años de pena remitida por delitos tributarios y pagar una multa de 10 cuotas, además de la suspensión legal del cargo durante el tiempo de la condena, otro políticos vinculados a los casos Penta y SQM exploran con sus defensas medidas alternativas que les permitan rebajar sus castigos.

Las garantías que los querellados ven en el procedimiento son que sus condenas no exceden los 5 años de privación de libertad, siempre que el acusado reconozca los hechos que se le imputan y acepte los antecedentes existentes en la carpeta de investigación.

Uno de ellos, el alcalde Pablo Zalaquett, quien estaría evaluando un posible juicio abreviado en la investigación del caso Penta, donde se lo investiga por los pagos mensuales que recibió por parte el Banco BCI durante años.

Alejandro Guillier, senador independiente consideró que someterse a un procedimiento de este tipo puede ser ventajoso en circunstancias donde una persona decide colaborar genuinamente con la justicia y reconoce los hechos en su totalidad. Sin embargo, critica que la experiencia demuestra que las colaboraciones no son tales, porque son posteriores al descubrimiento del hecho y son, por lo tanto, interesadas “En definitiva, declarar ante un juicio abreviado es con el fin de obtener el beneficio más que contribuir a que se haga justicia, reconociendo que se ha cometido un hecho ilegal”.

Asimismo, el senador agregó que Jovino Novoa es un caso nítido de cómo utilizar el procedimiento abreviado para sacar provecho y evadir su real responsabilidad. “No hubo un castigo eficaz porque no se conoció cuál fue la magnitud de la falta a la ley y quedó la sensación de abuso al utilizar este tipo de mecanismos”.

Otro de los puntos que Guillier pone en el tapete es la dependencia del Poder Judicial a la clase política, toda vez que los cargos de fiscales y jueces pasan por sus decisiones. La situación -denuncia- generaría “cierta complacencia o cierta tibieza” ya que saben que después el partido puede cobra revancha.

Así, enfatizó en decir que: “No me cabe ninguna duda que el peso político y las conexiones de Novoa y la manera como la UDI lo defendió entibió el entusiasmo de los fiscales y de los jueces en su caso”.

Sin embargo, desde Chile Vamos siguen defendiendo el actuar de la justicia en esta materia. Para Alejandra Bravo (PRI) es importante recordar que todo ciudadano tiene el derecho a un juicio abreviado: “No es si me guste o no, está ahí contemplado y uno no tiene más que respetarlo”. No obstante, consideró que la forma que tiene la ciudadanía de rechazar actos que fueron ilícitos o éticamente reprochables es a través de las urnas, en las elecciones.

Por su parte, el diputado José Luis Castro, explicó que “los juicios abreviados -sinceramente- aparecen como un acuerdo poco transparente a las condenas que debieran sugerir las personas imputadas por distintos cargos”.

Es decir, el funcionamiento es hacer un arreglo con la contraparte a través del dinero ya que los juicios abreviados “terminan en un arreglo económico”.

El diputado propone que para una probidad más clara y más abierta a la ciudadanía, en los casos de corrupción ligados a la política, se debería tener una norma más estricta, que impidiese acuerdos económicos sobre todo con gente que tiene gran caudal y que puede pagar los acuerdos con dinero, en vez de cumplir las condenas que le corresponden.

“El problema es que la ley no se anticipó a situaciones como ésta, por lo mismo, debiéramos impedir bajo la modificación de la ley que se siga arbitrando la modalidad del juicio abreviado que genera estas consecuencias”, explicó Castro.