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Año XIV, 24 de mayo de 2022

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Mineduc pide que apoderados y colegios confíen en Ley de Inclusión

Los cambios se inician en la región de Magallanes y luego se implementará progresivamente en todo el país. En tanto, Valentina Quiroga, Subsecretaria de Educación, señaló que cerca de 800 establecimientos pasan a gratuidad, por cual 240 mil estudiantes van a dejar de pagar la educación escolar en todos sus niveles.

Gabriela Pérez

  Jueves 25 de febrero 2016 16:14 hrs. 
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Este jueves, la Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, el Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional Andrés Palma y el Superintendente de Educación Alexis Martínez explicaron los objetivos de la Ley de Inclusión Escolar que será puesta en marcha el próximo martes 1 de marzo.

La subsecretaria se mostró satisfecha con la vigencia de la ley que tiene por propósito garantizar el derecho a la educación. “Entra en vigencia la Ley de Inclusión que tuvo una larga tramitación y que comienza a marcar un antes y un después en nuestro país”.

Cerca de 800 establecimientos pasan a gratuidad. En tanto, cerca de 240 mil estudiantes van a dejar de pagar la educación escolar en todos sus niveles.

Su implementación comienza en la región de Magallanes con un nuevo proceso de admisión para resguardar el derecho de las familias de tener la oportunidad de acceder a los establecimientos.

Por otro lado, se estableció el fin al lucro, con el fin de asegurar y resguardar que todos los recursos vayan destinados efectivamente a educación.

Recordemos que Chile fue considerado por la OCDE como uno de los países más segregador, por lo mismo, estas medidas buscan hacerse cargo de dicha situación.

Andrés Palma, Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional, hizo un llamado a los padres para que confíen en el inicio de la ley, asegurando que todo seguirá con normalidad en los establecimientos. Excepto, los cambios en los recursos destinados a la organización.

Todos los establecimientos van a recibir más recursos por la subvención escolar preferencial. El aumento será de 47 mil 263 pesos por niño a 56 mil 659 para los alumnos de primero a sexto básico; y los niños de sexto a cuarto medio va a subir de 31 mil 481 a 37 mil 761 pesos. Es decir, aumentará en un 20 por ciento el financiamiento en los más de 9 mil establecimientos adscritos a la nueva ley.

Asimismo, Andrés Palma aclaró que “todos los establecimientos tengan copago, sean gratuitos, subvencionados o de administración delegada, sólo podrán destinar los recursos que aporta el Es20160225075752tado al proyecto educativo”.

Por otro lado, se eliminarán una serie de delimitaciones del efectivo derecho a la educación como, por ejemplo, ya no habrá restricciones si un alumno no cuenta con el uniforme adecuado o no tiene la lista de útiles escolares.

Andrés Palma explicó que casi el 100 por ciento de los establecimientos particulares subvencionados y municipales aceptaron los textos que le ofreció el Ministerio de Educación. Por lo cual, están a disposición de los estudiantes y, a partir de este año, son de propiedad de las familias.

No obstante, los establecimientos pueden solicitar textos adicionales, pero su adquisición será voluntaria por parte de los apoderados. “No está permitida alguna sanción al estudiante, por no tener un texto adicional”.

Por su parte, los establecimientos tienen la posibilidad de definir la obligatoriedad del uniforme. Pero esa decisión se debe tomar consultando a las familias: “Muchas veces a los estudiantes se les devuelve a la casa por no tener el uniforme completo, eso genera un riesgo y una situación de vulnerabilidad”.