Diversos desafíos ambientales se pronostican para este 2016. Principalmente el debate en torno a la Ley de Glaciares, iniciativa que continúa su polémico trámite parlamentario.

Los índices de contaminación son otro de los problemas que, año tras año, afecta a más ciudades en el país. Por ejemplo, se constató que en 2015 Coyhaique se convirtió en la ciudad con mayores índices de contaminación por material particulado fino del país.

En tanto, en 2015 en la Cumbre de Clima de París, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badeneir, explicó las expectativas del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.

Por lo cual, Chile se comprometió en reducir un 30 por ciento sus emisiones proyectadas al 2030, cifra que podría llegar a un 45 por ciento si existe un financiamiento internacional adecuado para apoyar la meta. A esto se suma la recuperación de 100 hectáreas de forestación para generar un manejo sustentable de los bosques.

En ese contexto, el ministro Badenier destacó que la propuesta no solo incluye mitigación de emisiones, sino también adaptación, fortalecimiento de capacidades y financiamiento.

Matías Asún, director nacional de Greenpeace, consideró que en el caso de Chile el problema central no son las emisiones, sino el resguardo de las reservas de agua. Asimismo, explicó que el país cuenta con 24 mil glaciares que corresponden al 80 por ciento de los glaciares en América Latina. “Estamos preocupados de 0,26 por ciento de emisiones globales que generamos, me parece bueno, pero absolutamente insuficiente”.

Por otro lado, el director de Greenpeace señaló que es de vital importancia para este año corregir la Ley de Glaciares para que realmente proteja los recursos, impulsar las energías renovables no convencionales, la revisión de las políticas forestales que están auspiciando la destrucción del bosque nativo y avanzar en la ley de biodiversidad y áreas protegidas.

También enfatizó que es de suma importancia que el Senado no ratifique el TPP. “La firma de la Presidenta Bachelet en este tratado significa un menoscabo a la soberanía y al resguardo del patrimonio medioambiental del país”.

Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo explicó que en materia legislativa la discusión del cambio climático en Chile debiera tener la oportunidad de poder preguntarse qué modelo de desarrollo queremos. “Efectivamente cuando se apuesta por un modelo extractivista sobre la utilización de recursos naturales, pasan casos como las forestales, la ley de glaciares, entre otros”.

Para ello, agregó, “es importante que el Gobierno tome decisiones mucho más audaces en términos de compatibilizar el desarrollo económico con el desarrollo sustentable y el derecho de las comunidades a vivir en una plena democracia”.

Nuevos proyectos empresariales a lo largo del país

El 2015 demostró ser un año en el cual despertaron movimientos locales y nacionales en respuesta a distintos proyectos que han instaurado transnacionales, en desmedro de las aguas, el aire y la diversidad de flora y fauna.

No obstante, este 2016 los empresarios no cesarán en instaurar nuevos proyectos que amenacen la tranquilidad de las comunidades.

Según Matías Asún, existen varios proyectos hidroeléctricos para el sur del país, de distintos tamaños. ”Hay varias represas intentando utilizar los ríos de la Patagonia con tecnologías obsoletas y, también, están empezando a aparecer proyectos mineros intensivos en zona de glaciares”.

En esta misma línea, el diputado Daniel Melo explicó que, en este momento, existe la discusión de si la Patagonia se va a convertir en una generadora de energía o si instalan represas con un modelo de desarrollo sustentable.

También dijo que hay cuestionamientos sobre la Carretera Eléctrica que unirá a Cardones y Polpaico, y que atravesará distintas localidades de la región de Coquimbo.

Por otro lado, Cobquecura ha salido a la palestra, luego que la comunidad se resistiera a la instalación de once centros de cultivo de salmón por parte de Inversiones Pelícano S.A., quienes presentaron el proyecto para obtener la calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Frente a esto, la comunidad en su conjunto comenzó una campaña para rechazar la imposición de a lo menos ocho proyectos acuícolas que iniciaron su trámite de presentación de Declaración de Impacto Ambiental ante las autoridades. También ha surgido un movimiento ciudadano llamado Todos Somos Cobquecura, con el apoyo de la alcaldía y de la comunidad presente, con el fin de rechazar la instalación de salmoneras y otros proyectos acuícolas, dirigidos por la empresa Inversiones Pelícanos S.A.

Problemas medioambientales que dejó el 2015

La Fundación Terram elaboró un balance ambiental de 2015  titulado “Abandono de la Agenda Ambiental. ¿Realismo o renuncia?” en el que se reconoció aportes y retrocesos en materia ambiental.

La fundación subrayó la necesidad de un aumento sustancial del gasto público ambiental por parte del Gobierno, que sitúe a Chile en el nivel de inversión de los países del OCDE.

Según el informe, entre lo peor del año pasado se encuentra la ratificación del Comité de Ministros para el proyecto hidroeléctrico Doña Alicia, en el río Cautín, así como la autorización ambiental para Central Mediterráneo, ubicada en la cuenca del río Puelo.

Otro hecho negativo destacado es que la ciudad de Coyhaique se haya convertido en la urbe con mayores índices de contaminación por material particulado fino en Chile, contando con el registro de ser la ciudad más contaminada del mundo en abril pasado, según un estudio internacional.

Se señala también la desafectación del Parque Nacional Salar del Huasco, en la Región de Tarapacá, decisión gubernamental que va en contra del respeto a las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile en materia de biodiversidad.

Además se registra el alza sostenida en incendios forestales en la temporada 2014-2015 y la ausencia de normativa sobre pasivos ambientales mineros, luego del colapso de relaves abandonados que dejó el temporal y posterior aluvión en la Región de Atacama y el norte del país.

En tanto, mencionaron el premio a la “Insustentabilidad Ambiental” que se otorgó al Gobierno de Chile por ser el país OCDE con menor gasto público en protección medioambiental.