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A nueve meses de que fuera promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet, este martes 1 de marzo comienza a aplicarse oficialmente la Ley de Inclusión Escolar.

Dudas, críticas y marcadas diferencias persisten desde distintos sectores hacia la nueva normativa que en principio se propone terminar con el lucro, la selección y el copago en los establecimientos de educación particular subvencionada.

“Que haya salido un debate en nuestro país respecto de problematizar la posibilidad de instalar el tema de la inclusión en la educación es algo en sí mismo cuestionable. Desde los organismos internacionales, como la Unesco, el derecho a la educación implica el derecho a la inclusión. Es algo que no puede estar separado. Y es un debate en la medida que la educación en Chile está tremendamente privatizada”.

El planteamiento del académico Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, en conversación con el programa Especial de Prensa de nuestra radioemisora, apunta precisamente a la complejidad de esta nueva legislación.

Y agrega: “Un estudio de la Unicef determinó hace algunos años que en la Región Metropolitana el 50 por ciento de los reglamentos internos tienen artículos que van en contra del derecho internacional. Entonces, es en Chile que estamos haciendo este debate. En otros lugares del mundo este no es el problema”.

Misma instancia en la que también participó el secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, para quien “en Chile prevalece una consolidación del sistema privado de educación, donde aquello que queda como vestigio de la educación pública, se somete a los dictados de las reglas del juego del sector privado. Ese es el gran problema que estamos viviendo”.

En ese sentido, reflexiona que “la inclusión, que tiene que ver con el término del lucro en la educación, sigue consagrada en la educación superior. Nosotros como docentes entendemos que el tema de la educación es único, donde el Estado debe tener ciertas atribuciones que le permitan dirigir aquello que es necesario poner al servicio de todos los habitantes del país. La educación es un derecho social y no un bien de mercado. La Ley de Inclusión no asegura esto”.

Y mientras desde el Ministerio de Educación advierten que será necesario “aplicar el sentido común”, tal como lo manifestó la ministra Adriana Delpiano, desde las organizaciones de colegios particulares aseguran que se trata de una medida absolutamente ideologizada.

Así lo han manifestado con insistencia, por ejemplo, desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) Y la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), criticando que la nueva ley restringe el derecho a la libertad de enseñanza.

Todo esto, sumado a las declaraciones del superintendente de Educación, Alexis Ramírez, quien ha reconocido que la Ley de Inclusión Escolar se hace cargo de lo que califica como el más triste diagnóstico. Esto es, que Chile efectivamente aparece como uno de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con más segregación.

“Que a diez años de la ‘revolución pingüina’ se sigan discutiendo los mismos temas, sin desarrollar una reforma profunda a la educación pública, nos tiene que hacer cada vez más escépticos respecto de la voluntad que tiene la clase política y empresarial en hacer cambios”, cuestiona Juan González, para quien es fundamental que los movimientos sociales no caigan en la discusión coyuntural. “Lo mínimo es demandar el fortalecimiento de los derechos sociales”.

En tanto que para Darío Vásquez, “sin organización en este país es imposible poder avanzar en los cambios. Avanzar en formar grandes frentes del mundo social que permita alcanzar una opinión común, con propuestas claras y precisas”. Incluso, un regreso a las escuelas democráticas, tal como existieron en el pasado.

La Ley de Inclusión Escolar, una norma que necesariamente debe considerarse en función de otras que también forman parte de la gran Reforma Educacional anunciada por el Gobierno. Una norma que se suma a proyectos de ley que aún se discuten en el Congreso, así como a otros que el Ejecutivo todavía no envía.