Durante su viaje a la Argentina esta semana, es poco probable que el Presidente Obama visite a Milagro Sala. Reconocida activista social de la provincia de Jujuy, al noroeste del país, Sala fue detenida en enero a instancias del gobernador, Gerardo Morales, un aliado político del nuevo presidente, Mauricio Macri.

Su detención ha generado rechazo internacional; el Papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación. Pero no la Casa Blanca: al anunciar la visita de Obama, agradeció a Macri por sus “aportes a la defensa de los derechos humanos en la región.”

El histórico viaje de Obama a Cuba tiene toda la pompa de una despedida a la Guerra Fría en América Latina. Su visita a La Habana servirá como el punto simbólico culminante en la normalización de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno comunista de Cuba. Pero su excursión a la Argentina tiene un sentido muy distinto.

Poco antes de que Obama llegara a Buenos Aires, su administración anunció la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos relacionados con la dictadura militar argentina del 1976 al 1983. Sin embargo, la visita no se trata del estado actual de los derechos humanos sino del libre comercio y la seguridad hemisférica.

Un reconocimiento del papel maligno que jugó EE.UU. en los primeros años de la dictadura es bienvenido, aun cuando sea tardío. Pero ignorar las señales de alarma sobre el impacto en los derechos humanos generadas por las acciones recientes de la nueva coalición gobernante de la Argentina es un recordatorio preocupante de ese legado. Para Macri, la visita de Obama ya es un respaldo.

La detención de Milagro Sala ilustra el nuevo enfoque de mano dura del gobierno argentino. Su organización jugó un papel importante al ofrecer viviendas, trabajos y educación a grupos marginados socialmente. Sala fue detenida por liderar una protesta de trabajadores cooperativistas, desempleados e indígenas en una de las provincias más pobres del país. Después, fue acusada de malversar fondos públicos. Esa investigación judicial debe seguir su curso pero el debido proceso exige que, mientras tanto, ella no sea encarcelada.

Esta detención arbitraria ocurre en el contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra contra las drogas. En enero, unas semanas después de asumir, Macri declaró la emergencia de seguridad que permitió que las fuerzas militares derriben aviones no identificados sospechados de estar vinculados con el narcotráfico.

En los hechos, el presidente ha decretado una pena de muerte de facto sin juicio previo. Esta política ha sido criticada como un ejemplo de la “narcotización” de la seguridad pública. Va en contra de los principios centrales de las reformas argentinas posdictadura que prohíben la intervención militar en la seguridad interior.

Poco después de la asunción de Macri, la corte suprema de la capital del país, Buenos Aires, dictaminó que la policía local puede requerir que los ciudadanos muestren sus documentos de identificación sin tener sospecha, un fallo que da luz verde al acoso policial basado en los prejuicios. En otra jugada igual de preocupante, el gobierno nacional presentó recientemente un nuevo protocolo para protestas que otorga a las fuerzas de seguridad mayores facultades para reprimir y criminalizar las manifestaciones; en un país donde la gente valora el derecho a la protesta y suele ocupar las calles para reclamar sus derechos.

El colapso económico y político de 2001 en la Argentina demostró definitivamente que las políticas de libre mercado de los 90 no habían mejorado las vidas de la gente común. No obstante, Macri y su equipo están resucitando algunas medidas fracasadas del pasado. Con los precios de las materias primas a la baja, quieren atraer inversión extranjera con recortes para llegar a mayor competitividad: buscan reducir el gasto público y achicar el Estado.

A la vez, su administración ha eliminado los controles cambiarios, lo cual aumenta la inflación. Algunos analistas estiman que el aumento de precios excederá la meta oficial para 2016 de entre 20 y 25 por ciento.

A pesar de sus promesas de campaña de fortalecer las instituciones democráticas, el Presidente Macri está gobernando en el sentido opuesto. En diciembre, intentó nombrar a dos jueces nuevos de la Corte Suprema de la Nación por decreto y así sortear la aprobación del Senado. Ante el clamor de la sociedad, el presidente dio marcha atrás y mandó los nombramientos al Senado.

No fue la única decisión prepotente: Macri utilizó varias órdenes ejecutivas para modificar un pilar de la legislación sobre los medios que había ampliado la libertad de expresión al fortalecer las normas antimonopólicas, aun cuando la administración anterior no la haya implementado bien. Este tipo de intervención presidencial sería desastrosa en cualquier circunstancia, pero en el contexto de la polarización política en la Argentina y de otras medidas represivas es alarmante.

El riesgo de militarizar el orden público, el debilitamiento de los límites institucionales al poder ejecutivo, la criminalización de la protesta y una obsesión con la promoción de políticas ortodoxas de libre mercado: nada de esto tiene buenos ecos en América Latina. Estados Unidos apoyó a muchos de los dictadores de la región durante los 70 y los 80 para que sirvieran de garantes locales del libre comercio y la seguridad contra el comunismo.

Recién después de la asunción del presidente Jimmy Carter en 1977, Estados Unidos empezó a intentar frenar las fuerzas represivas del continente. Si bien esto fue importante, no pudo compensar las décadas durante las cuales EE.UU. ayudaba a los dictadores latinoamericanos mientras decía defender la democracia.

Obama seguramente quiere dejar atrás ese pasado. Pero durante su administración, Estados Unidos alentó la desestabilización de la democracia en Honduras y Haití, presumiblemente porque esperaba que socios comerciales más favorables o aliados en la guerra contra las drogas tomaran el poder.

La decisión de Estados Unidos de desclasificar más documentos relacionados con la dictadura argentina es un paso importante que podría permitir investigaciones judiciales adicionales de crímenes de lesa humanidad. Pero ahora Obama no debe avalar la violencia estatal y la intolerancia ideológica como efectos secundarios aceptables de las metas más amplias de Estados Unidos de promoción del libre mercado y cooperación en materia de seguridad.

Una visita presidencial a la Argentina que ignora cómo el gobierno de Macri está socavando los derechos humanos y las instituciones democráticas —y en su lugar ofrece elogios vacíos sobre sus políticas— será interpretada correctamente como una vuelta al pasado.

(The New York Times)

* Fotografía: Natacha Pisarenko/Associated Press