La Superintendencia de Salud dijo que durante 2015 se triplicaron los reclamos en el ámbito de la salud privada, y que más del noventa por ciento de ellos tenían relación con las alzas en los precios de los planes de isapres, problemas con la cobertura y con la Ley de Urgencias.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el precio base de los planes de salud aumentó un 3,5 por ciento anual en diez años, mientras el precio de las Garantías explícitas en Salud o Auge lo hicieron en un promedio, un 31 por ciento al año.
El superintendente de salud, Sebastián Pavlovic, criticó el alto grado de integración vertical y el aumento del gasto de los prestadores institucionales vinculados a isapres vía holdings: “Una de las principales falencias de la industria es su escasa capacidad y decisión de controlar costos”, en ese sentido, destacó que “la dinámica de trasladar los costos a los usuarios del sistema, a través de los precios de los planes y el Auge ha sido cuestionada sistemáticamente por los propios usuarios y los Tribunales de Justicia”.
El superintendente señaló que “el proyecto de reforma a las Isapres considerará mecanismos adecuados para la contención de costos y mayores atribuciones regulatorias y de fiscalización hacia seguros y prestadores de salud”. Esto pese a que desde el Gobierno aún no existe una definición clara sobre la fecha del envío del proyecto de reforma a la salud privada, ni tampoco sobre los temas a tratar.
El diputado de la UDI e integrante de la comisión de salud, Javier Macaya, lamentó que el tema no sea considerado prioridad en la agenda del gobierno y dijo que tanto los prestadores de salud, como los usuarios pasando incluso por el mundo judicial están esperando una respuesta legislativa.
“Lo que pudo haber sido en su momento un avance significativo, lo que era la eliminación de las pre existencias, la no discriminación por sexo y por edad. Hoy no tenemos avances importantes en esa materia y eso tiene que ver fundamentalmente por la incapacidad del gobierno de haberse abocado a este asunto como prioridad”.
El diputado agregó que una ley corta podría ser el camino, en relación a la propuesta de la integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Jacqueline van Rysselberghe, quien anunció que enviará un proyecto que ayude a enfrentar los problemas de “cotidianidad” que tiene actualmente el sistema.
Por su parte, Matías Goyenechea director de la Fundación Creando Salud criticó la postergación de la reforma y recordó las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en cuanto “a hacer modificaciones que le permitan al negocio continuar existiendo”.
“A nosotros nos parece que eso es impresentable porque justamente ha sido la lógica del negocio la que ha causado desde un principio los problemas que hoy día existen de discriminación sistemática a los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y las mujeres en edad fértil. En ese sentido, resultan inaceptables sus afirmaciones de generar una ley ad hoc, que en el fondo sirve para asegurar el negocio por veinte años más”, dijo.
Pese a reconocer el problema que afecta al sistema de salud privada, Goyenechea insistió en que la solución pasa por una modificación general al sistema de financiamiento de la salud en Chile a través de un sistema que sea más solidario y no discriminatorio.
La Superintendencia de Salud dijo que durante 2015 se triplicaron los reclamos en el ámbito de la salud privada, y que más del noventa por ciento de ellos tenían relación con las alzas en los precios de los planes de isapres, problemas con la cobertura y con la Ley de Urgencias.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el precio base de los planes de salud aumentó un 3,5 por ciento anual en diez años, mientras el precio de las Garantías explícitas en Salud o Auge lo hicieron en un promedio, un 31 por ciento al año.
El superintendente de salud, Sebastián Pavlovic, criticó el alto grado de integración vertical y el aumento del gasto de los prestadores institucionales vinculados a isapres vía holdings: “Una de las principales falencias de la industria es su escasa capacidad y decisión de controlar costos”, en ese sentido, destacó que “la dinámica de trasladar los costos a los usuarios del sistema, a través de los precios de los planes y el Auge ha sido cuestionada sistemáticamente por los propios usuarios y los Tribunales de Justicia”.
El superintendente señaló que “el proyecto de reforma a las Isapres considerará mecanismos adecuados para la contención de costos y mayores atribuciones regulatorias y de fiscalización hacia seguros y prestadores de salud”. Esto pese a que desde el Gobierno aún no existe una definición clara sobre la fecha del envío del proyecto de reforma a la salud privada, ni tampoco sobre los temas a tratar.
El diputado de la UDI e integrante de la comisión de salud, Javier Macaya, lamentó que el tema no sea considerado prioridad en la agenda del gobierno y dijo que tanto los prestadores de salud, como los usuarios pasando incluso por el mundo judicial están esperando una respuesta legislativa.
“Lo que pudo haber sido en su momento un avance significativo, lo que era la eliminación de las pre existencias, la no discriminación por sexo y por edad. Hoy no tenemos avances importantes en esa materia y eso tiene que ver fundamentalmente por la incapacidad del gobierno de haberse abocado a este asunto como prioridad”.
El diputado agregó que una ley corta podría ser el camino, en relación a la propuesta de la integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Jacqueline van Rysselberghe, quien anunció que enviará un proyecto que ayude a enfrentar los problemas de “cotidianidad” que tiene actualmente el sistema.
Por su parte, Matías Goyenechea director de la Fundación Creando Salud criticó la postergación de la reforma y recordó las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en cuanto “a hacer modificaciones que le permitan al negocio continuar existiendo”.
“A nosotros nos parece que eso es impresentable porque justamente ha sido la lógica del negocio la que ha causado desde un principio los problemas que hoy día existen de discriminación sistemática a los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y las mujeres en edad fértil. En ese sentido, resultan inaceptables sus afirmaciones de generar una ley ad hoc, que en el fondo sirve para asegurar el negocio por veinte años más”, dijo.
Pese a reconocer el problema que afecta al sistema de salud privada, Goyenechea insistió en que la solución pasa por una modificación general al sistema de financiamiento de la salud en Chile a través de un sistema que sea más solidario y no discriminatorio.
La Superintendencia de Salud dijo que durante 2015 se triplicaron los reclamos en el ámbito de la salud privada, y que más del noventa por ciento de ellos tenían relación con las alzas en los precios de los planes de isapres, problemas con la cobertura y con la Ley de Urgencias.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el precio base de los planes de salud aumentó un 3,5 por ciento anual en diez años, mientras el precio de las Garantías explícitas en Salud o Auge lo hicieron en un promedio, un 31 por ciento al año.
El superintendente de salud, Sebastián Pavlovic, criticó el alto grado de integración vertical y el aumento del gasto de los prestadores institucionales vinculados a isapres vía holdings: “Una de las principales falencias de la industria es su escasa capacidad y decisión de controlar costos”, en ese sentido, destacó que “la dinámica de trasladar los costos a los usuarios del sistema, a través de los precios de los planes y el Auge ha sido cuestionada sistemáticamente por los propios usuarios y los Tribunales de Justicia”.
El superintendente señaló que “el proyecto de reforma a las Isapres considerará mecanismos adecuados para la contención de costos y mayores atribuciones regulatorias y de fiscalización hacia seguros y prestadores de salud”. Esto pese a que desde el Gobierno aún no existe una definición clara sobre la fecha del envío del proyecto de reforma a la salud privada, ni tampoco sobre los temas a tratar.
El diputado de la UDI e integrante de la comisión de salud, Javier Macaya, lamentó que el tema no sea considerado prioridad en la agenda del gobierno y dijo que tanto los prestadores de salud, como los usuarios pasando incluso por el mundo judicial están esperando una respuesta legislativa.
“Lo que pudo haber sido en su momento un avance significativo, lo que era la eliminación de las pre existencias, la no discriminación por sexo y por edad. Hoy no tenemos avances importantes en esa materia y eso tiene que ver fundamentalmente por la incapacidad del gobierno de haberse abocado a este asunto como prioridad”.
El diputado agregó que una ley corta podría ser el camino, en relación a la propuesta de la integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Jacqueline van Rysselberghe, quien anunció que enviará un proyecto que ayude a enfrentar los problemas de “cotidianidad” que tiene actualmente el sistema.
Por su parte, Matías Goyenechea director de la Fundación Creando Salud criticó la postergación de la reforma y recordó las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en cuanto “a hacer modificaciones que le permitan al negocio continuar existiendo”.
“A nosotros nos parece que eso es impresentable porque justamente ha sido la lógica del negocio la que ha causado desde un principio los problemas que hoy día existen de discriminación sistemática a los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y las mujeres en edad fértil. En ese sentido, resultan inaceptables sus afirmaciones de generar una ley ad hoc, que en el fondo sirve para asegurar el negocio por veinte años más”, dijo.
Pese a reconocer el problema que afecta al sistema de salud privada, Goyenechea insistió en que la solución pasa por una modificación general al sistema de financiamiento de la salud en Chile a través de un sistema que sea más solidario y no discriminatorio.
