“El Ministerio Público y los integrantes de este consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar o ser informado, como asimismo aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal, cuyo propósito es dar una respuesta oportuna, trasparente e igualitaria a todos los ciudadanos del país”.

Con estas palabras, el Ministerio Público criticó la norma recientemente aprobada por el Senado, que penaliza la filtración de antecedentes de causas judiciales, y que ha causado controversia a nivel nacional, por la posibilidad de que este cuerpo legal se pudiera transformar en una especie de “ley mordaza”.

La declaración fue leída por el fiscal jefe de la región de O’Higgins, Luis Toledo, la que emanó de una reunión de los fiscales regionales con el titular del Ministerio Público, Jorge Abbott.

También, los fiscales señalaron que “el Ministerio Público siempre estará disponible a cualquier modificación que busque perfeccionar y resguardar las investigaciones penales, evitando filtraciones que pudieran anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas por parte de quienes son investigados”.

“Lo afirmado en ningún caso busca restringir o afectar los principios de transparencia o publicidad de nuestro sistema procesal penal, que se manifiesta principalmente en las audiencias públicas desarrolladas en los tribunales y tampoco afectar el desempeño de la labor de los medios de comunicación”, aseguraron los persecutores.

Finalmente, los fiscales valoraron la labor que realiza la prensa, relevando el “importante aporte entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de Derecho, cuyos valores se encuentran en la Ley de Prensa”.

En tanto, el presidente del Senado, (PPD) Ricardo Lagos Weber, planteó la posibilidad de reabrir el debate en la Sala sobre este proyecto, a la luz de la polémica que ha generado. “Tenemos que hacernos cargo. Creo que va a haber espacio para reabrir el debate”, señaló el presidente de la Cámara Alta.

Se espera que el próximo martes los parlamentarios retomen la discusión sobre el proyecto de Agenda Corta Antidelincuencia –en donde está contenida la polémica norma que sanciona las filtraciones-, instancia en la cual se podría revisar el controversial artículo.