La promulgación de la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y de la Ley que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y facilita su Modernización, contemplan dentro de su normativa el financiamiento estatal de los partidos, que desde ahora también se constituirán como personas jurídicas de derecho público.

Bajo esta premisa, durante los próximos 15 días el estado realizaría el pago de 1500 millones de pesos a los partidos políticos, lo que corresponde a un cuarto del total anual que se entregará y que asciende a los 6 mil millones de pesos. La millonaria asignación ha causado controversia especialmente en los partidos con menor representación parlamentaria y en proceso de formación.

La asignación de los fondos antes de que los partidos puedan cumplir totalmente con requisitos, como el refichaje y la promoción y transparencia es uno de los aspectos más cuestionados.

“Evidentemente, los partidos tradicionales tenían que reficharse antes de recibir la plata. Desde este punto de vista me parece inconclusa la ley porque van a recibir la plata pero no están cumpliendo todas las obligaciones que originalmente imaginó la Comisión Engel”,  explicó el diputado independiente Vlado Mirosevic.

En la misma línea, el diputado de Amplitud Pedro Brown, afirmó que si bien la ley representa un avance, dejó puntos fundamentales pendientes: “A nosotros los partidos en formación se nos exigen una cantidad de requisitos que tenemos que completar antes de, en cambio a ellos se les entrega un anticipo de manera muy rápida. Creo también que la cantidad y forma en que se distribuyen los recursos es absolutamente desequilibrado, considerando que sólo el 20 por ciento de ellos se repartirán entre todos los partidos y el 80 por ciento restante se asignará según la representación que tengan en el Congreso”.

“Cambio radical”

En la otra vereda, la cientista política y ex integrante de la Comisión Engel, Marcela Ríos explicó que a su juicio la ley promulgada representa un avance sustancial en comparación con la ley antigua.

“Los partidos antes no tenían que cumplir con nada, no tenían que rendir cuentas ante nadie sobre nada. Hoy día eso va a cambiar radicalmente y tienen que tener páginas web, poner toda la información referente a los estatutos, entregar información al Servel que antes no tenían que entregar y tansformar sus estatutos para cumplir con la ley. Hay un montón de trabajo que tienen que hacer los partidos. Los que antes no tenían financiamiento y que no tenían funcionarios no tenían cómo solventar todos esos gastos”, afirmó.

Además. Ríos explicó que el pago correspondiente al primer trimestre de 2016 está pensado para que los partidos puedan subsistir durante los meses siguientes y constituyen un elemento que les permita, en definitiva, cumplir con las exigencia impuestas por la propia ley.

Por su parte,  el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, consideró la ley como un avance sustantivo: “Hay elementos claves que son muy relevantes para la democracia y para los partidos: cambiar el paradigma de financiamiento de un sistema principalmente privado a uno público, la transparencia y el control y la fiscalización”, apuntó el también ex comisionado.

Promulgada y en vigencia

Sobre los aspectos más técnicos de la norma, la abogada del centro de estudios Espacio Público, María Jaraquemada, explicó que la promulgación de una ley es un trámite legislativo mediante el cual la presidenta de la república firma el decreto de la ley, que posteriormente pasa a la toma de razón en la Contraloria. Una vez que ha sido aprobada por esta instancia, debe ser publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia. Se espera que durante la próxima semana el proyecto termine su trámite legislativo integralmente  y pueda empezar a regir de manera plena.

Una vez que esto suceda empezarán a operar una serie de disposiciones transitorias, aquellas que regulan el proceso de adecuación entre la ley antigua y la ley nueva. Una de estas disposiciones establece un plazo de 180 días para que los partidos políticos ya constituidos puedan adaptar sus políticas y adecuarse a la nueva legislación.