La Corte de Apelaciones de Santiago continuará este martes con los alegatos que comenzaron la mañana de este lunes para zanjar el recurso de los querellantes del llamado Caso Maremoto que busca revertir la suspensión condicional del procedimiento, evitando así que vayan a juicio los seis imputados en la investigación de las responsabilidades por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero del 2010.

El acuerdo adoptado con la Fiscalía Metropolitana Oriente consiste en el pago de 235 millones de pesos a repartir entre los familiares de las víctimas (en tres cuotas) y pagar diez millones de pesos para realizar un seminario sobre la catástrofe, donde se hará la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.

En ese sentido, el abogado querellante, Alfredo Morgado criticó el cambio de criterio de una Fiscalía comprometida con la idea de desarrollar un juicio oral, a otra que busca una salida alternativa.

“Lo que pedimos es una certeza jurídica que pasa por un juicio oral, ese es el mismo criterio que tuvo la Fiscal Regional desde un inicio, Solange Huerta. Claro, termina su periodo un nuevo fiscal regional, un nuevo fiscal nacional también, con un criterio completamente distinto, a pesar de a las familias de las víctimas fallecidas se les dijo otra cosa, diametralmente distinta”, sostuvo.

Recordemos que entre los acusados está la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende; el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; el ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del mismo organismo, Mario Andina.

Por otro lado, también abogado querellante Mario Zumelzu, afirmó que se debe evaluar la proporcionalidad de la salida en relación a lo que está el juego en este proceso; la pérdida de 104 ciudadanos chilenos a raíz de decisiones desinformadas y criterios errados e irresponsables por parte de la autoridad central.

“¿No es necesario valorar la proporcionalidad o la racionalidad de esta salida?, al parecer para la jueza del Ministerio Público fue relevante, no sólo este criterio judicial, sino que hayan muerto 104 compatriotas. Declararon 34 víctimas. Se destruyeron familias completas. Ellos, las víctimas y en general los chilenos ese día, tomaron decisiones en función de lo que decían sus autoridades. Su señoría, eso es lo que está comprometido en esta causa”, afirmó.

Por otro lado, el abogado Rodrigo Molina, en representación de Patricio Rosende, sostuvo lo que ha sido uno de los principales argumentos de la defensa: que aquí se desarrolla una presión innecesaria hacia las autoridades, cuando las falencias fueron del Estado en su conjunto.

“La instancia para hacer una investigación periodística no es esta. Hubo una investigación en la Cámara de Diputados, un sumario en la Onemi, y además existen múltiples demandas civiles en contra del Estado, donde se han rendido pruebas, aportado antecedentes y que, en definitiva, lo que buscan es determinar lo que nuestros propios representados dijeron: Aquí el Estado colapsó, falló, no estaba en condiciones”, indicó.

Este martes continúan las audiencias con un plazo de cinco minutos a cada una de las partes para hacer una réplica. Una vez terminadas las exposiciones se determinará la fecha del fallo donde se conocerá si hay acuerdo o se logra pasar a un juicio oral por la responsabilidad de los imputados en la muerte de un centenar de personas en el marco de las descoordinaciones del Gobierno frente al maremoto del 27 de febrero del 2010.