Luego de la polémica por la libertad condicional otorgada a más de mil reos, diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ingresaron un proyecto de ley que busca aumentar las exigencias para el otorgamiento del permiso intrapenitenciario.

La diputada UDI Claudia Nogueira, expuso que la iniciativa pretende impedir que se produzcan errores que terminen perjudicando la seguridad y tranquilidad de las personas.

En esa línea, los parlamentarios consideran que delitos graves como homicidios, abusos sexuales y abusos a menores, sugieren no tan solo las condiciones que contempla la ley, sino también las que establecen en Gendarmería.

“Nos hemos dado cuenta del aumento explosivo de libertades condicionales, especialmente me refiero a la Región de Valparaíso donde hubo 583 reos que se les dio la libertad condicional con informes desfavorables de Gendarmería. Por lo tanto, aquellos informes desfavorables de Gendarmería deben ser vinculantes y fundados a la Comisión de Beneficio Carcelario que tiene la Corte Suprema”.

Otro de los promotores del proyecto es el diputado PPD Daniel Farcas, quien se refirió a la reconsideración de la libertad condicional para los reos del Penal Punta Peuco.

“En Chile son todas las personas iguales frente a la ley. Para mí quienes han cometido delitos de lesa humanidad y derechos humanos, no merecen este tipo de beneficios pero obviamente habrá parlamentarios que piensen de una manera distinta”.

Por su parte, el diputado PPD Guillermo Ceroni, enfatizó en que el organismo que puede dar a conocer si se han cumplido los requisitos que establece la ley es Gendarmería.

“Los informes los hacen poniendo algunos en primera prioridad, otros en segunda y otros en tercera y obviamente que aquellos que son absolutamente recomendables por Gendarmería deberían ser vinculantes para la Comisión que otorga las libertades. Así esta última no tenga a veces criterios subjetivos, que a pesar de que no está claro que se estén cumpliendo todos los requisitos finalmente se otorga las libertades”.

Ceroni concluyó que en los últimos casos no se ha cometido ninguna ilegalidad pero a su juicio, es necesario mejorar los procedimientos para que la población no corra riesgos.