Casi dos semanas movilizados cumplieron los pescadores artesanales de la región de Los Lagos, luego que la Presidenta Michelle Bachelet decretara zona de catástrofe por marea roja.

La situación será evaluada por un comité científico instruido por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que determinará el vínculo entre el vertimiento de desechos tóxicos al mar de las salmoneras y el incremento de este fenómeno a niveles que nunca se habían visto en la zona.

Llama la atención, tanto a los pescadores como a los expertos que han visitado la zona, la ausencia del ministerio de Medio Ambiente en esta situación, que de por sí se convierte en una crisis ecológica, más allá de la responsabilidad directa de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).

Incluso, a la sesión de la comisión de pesca de la Cámara de Diputados del pasado 4 de mayo, fijada para revisar esta situación, se excusó de asistir el ministro Pablo Badenier, entre otros secretarios de Estado, por lo que finalmente se suspendió la instancia.

Desde el ministerio no han dado una declaración respecto de la situación de Chiloé. Radio Universidad de Chile pidió una versión oficial de la cartera, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En ese sentido, el presidente de la corporación de pescadores artesanales Río Grande de Ancud, Rubén García, planteó la necesidad de contar con la presencia de las autoridades de Medio Ambiente, que hasta el momento no han llegado a la zona de catástrofe: “Con la investidura que tiene el ministro, debería estar aquí dirigiendo todas las acciones en pro de reparar todo lo que se ha hecho con el medio ambiente chilote. Ahora viene la etapa donde vamos a hilar fino sobre la situación y necesitamos de la presencia de este ministro, con el objeto de hacer todo para reparar nuestro medio ambiente”, enfatizó el dirigente.

Los expertos han calificado esta situación como una crisis multicausal, donde existen muchas dudas respecto de la efectiva fiscalización que se habría realizado a la industria salmonera.

Estefanía González, geógrafa y coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile, recalcó que son varios los organismos que deben hacer observaciones  a las políticas públicas que competen al área medioambiental, entre ellos el propio Ministerio.

En ese sentido, aseguró que su deber es discutir y plantear una gestión integral en esta área, que a la luz de estos hechos, evidentemente, ha fallado: “Medio Ambiente es uno de los organismos que debería estar monitoreando y viendo qué es lo que ocurre en la zona. En Chile siempre ha sido una política de cuarta o quinta categoría. Por lo mismo, existe una crisis completa del modelo de gestión de borde costero que tenemos en Chile que es necesario revisar, así como también el modelo de explotación de recursos pesqueros”, señaló.

En ese sentido, concluyó que  “extrañamos la visión del ministerio donde es necesario que haga valer a su cartera dentro de las próximas decisiones que se van a tomar en la política pública del país respecto a la explotación de los océanos”.