El discurso del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet vino a confirmar que el propio gobierno ha dado por terminada su tarea de reformas. La obra gruesa ya está concluida y ahora sólo faltan las terminaciones de la nueva casa. Y eso que aún le quedan casi dos años e esta administración.

Las reformas que inspiraron el programa del segundo gobierno de Bachelet eran las correctas para el momento económico, político y social que vive el país. Una reforma tributaria para recaudar más recursos entre los que más tienen y poder financiar así programas sociales y reducir la desigualdad en los ingresos; una reforma educacional escolar que al menos redujera los incentivos de lucrar con la –muchas veces falsa- promesa de un mejor futuro para aquellos hijos cuyos padres pagaran una mensualidad más alta en la escuela, además de eliminar en lo posible la selección arbitraria de estudiantes que realizan los colegios; una reforma a la educación superior que apuesta por las universidades del Estado, al hacerlas gratuitas y de mayor calidad como sucede en muchos países de la OCDE; una reforma laboral que empodere a los empleados y los saque de su condición de fichas dispensables e intercambiables ante los patrones; reformas políticas que reflejen la diversidad ideológica del país y le resten a las cúpulas partidistas su poder monopólico para romper con el duopolio político tan ajeno a la historia y cultura política chilena, incluyendo una nueva Constitución (aunque en este punto Bachelet nunca fue muy clara); en fin, reformas sociales y culturales, como la Ley de Aborto o del Matrimonio Homosexual, entre otros, que pongan a este pequeño país nuevamente en sintonía con su histórica aspiración de pertenecer al primer mundo (algo que viene desde fines del siglo 19).

¿Y qué ha pasado con esta “obra gruesa” del gobierno? Que ninguna de esas reformas se acerca siquiera a lo originalmente planteado. Es verdad que los deseos, sean políticos o de otra naturaleza, rara vez se traducen exactamente en lo vislumbrado. Ningún gobierno democrático y reformista en la historia de Chile lo ha logrado. Y los que más trataron de acercarse al ideal, como Balmaceda o Allende, terminaron derrocados y muertos.

Sin embargo, en el actual contexto político e internacional existen pocas excusas para no haber avanzado más. ¿Acaso Washington amenazó al gobierno de Bachelet por su programa de reformas, como podría haber sucedido durante la Guerra Fría? ¿Acaso Bachelet estaba en minoría en ambas cámaras del Congreso lo cual le imposibilitó ejecutar mejor su programa?

Lo que hizo naufragar el proyecto programático de la Nueva Mayoría fueron tres factores: el inmenso asedio de la derecha y de todo su arsenal propagandístico, político y empresarial, en contra de las reformas; la deserción de gran parte de la izquierda chilena que considera que esas mismas reformas son insuficientes; y la típica actitud de la llamada centro-izquierda chilena (léase Concertación o Nueva Mayoría), que en caso de duda, siempre prefiere girar hacia la derecha. Lo que, de paso, confirma que, aunque sus historias personales y raíces digan lo contrario, la centro izquierda contemporánea de Chile se parece más a la centro-derecha europea, que a sus correligionarios de ese mismo continente.

La derecha ha tenido dos grandes argumentos para oponerse a las reformas. El primero, que se trata de políticas demasiado radicales las que, en el fondo, la mayoría de los chilenos “desapasionados” y preocupados de su propia parcela de bienestar personal o familiar, no comparte. O sea, que se trata de un error de diagnóstico. Ciertamente, este es el argumento que sostiene gran parte de la derecha política, el empresariado, los medios de comunicación tradicionales, pero también muchos influyentes personajes de la ex Concertación o cercana a ella (piénsese en José Joaquín Brunner, Mariana Aylwin, el rector de la UDP y columnista de El Mercurio Carlos Peña, entre otros).

El segundo argumento de la derecha, y de muchos tecnócratas concertacionistas, es que las reformas están mal diseñadas si pretenden ser políticas públicas eficientes. Aunque, desde la visión economicista y academicista de muchos de ellos, pueda haber bastante de cierto en ello, ¿qué reformas en qué parte del mundo en qué momento de la historia han sido técnicamente impecables? Tomemos como ejemplo una de las reformas estrella de la dictadura y que hasta hoy es defendida por la elite transversal, que son los fondos privados de pensiones. Más allá del hecho de que los tecnócratas civiles de la dictadura sólo tuvieron que convencer a militares, y no a un Congreso ni para qué hablar de la población en general, resulta que este grupo de hombres y mujeres calculó un sistema previsional maravilloso que, gracias a inversiones inteligentes en las bolsas de acciones y de deudas, harían de todos los chilenos unos jubilados felices a futuro. Hoy sabemos que, más allá del hecho de que se trataba y trata de una verdadera expropiación y transferencia de recursos desde el pueblo hacia la elite, ello no es tal, y que la curva demográfica indica que nuestro famoso sistema privado de previsión quebrará antes de que pasen 20 años. Pero la respuesta de sus defensores es que las “lagunas previsionales” (es decir, el tiempo que la gente no cotiza porque no tiene un empleo estable) son las culpables de este resultado. ¿Están hablando en serio? Esos súper tecnócratas no sabían, a comienzos de los años 80, que gran parte del empleo en Chile es informal, que muchos empleadores, hasta el día de hoy, tratan de burlar las cotizaciones? Así las cosas, la falta de prolijidad técnica parece un argumento absurdo.

Desde la izquierda las críticas a las reformas de La Moneda han sido más intuitivas, pero no pero ello menos reales. En concreto, ese sector acusa al gobierno de no ir más allá, de no avanzar lo suficiente, de asustarse ante los apretones de tornillo de la derecha chilena. Pero también ellos tienen evidencia técnica. Y, en la mayoría de los casos más contundentes, pero más ignorada por los medios de comunicación. La Fundación Sol, por ejemplo, ha demostrado que aquellos países con sindicatos más fuertes, con una relación patrón-empleado más equilibrada, suelen ser países más prósperos. Y lo hacen usando datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una organización internacional con casi 190 países miembros y con sede en Ginebra. Es decir, no se trata de un club de revolucionarios en San Petersburgo.

Así, el gobierno de Bachelet está como el jamón del sándwich: atrapada entre dos rodajas de pan. La derecha la combate, la izquierda no le cree. ¿Resultado? Una aprobación menor al 30%.

A ello se suma, claro, el desplome ético de muchos de sus correligionarios, debido a que se han visto profundamente involucrados en los escándalos del financiamiento anti-ético de la política, tanto como la propia UDI.

Entonces, ¿qué puede pasar en el Chile post discurso del 21 de mayo de 2016? Lo más probable es que nada. O, peor que nada, tal vez el país termine coronando en 18 meses más nuevamente a Sebastián Piñera como presidente de Chile. Sería la victoria de los cínicos, de aquellos que piensan que nada cambia aunque todo cambia. Pero sería también, por desgracia, el país que esta generación de chilenos hemos avalado.