Casi dos años han transcurrido desde que en 2014 la Presidenta formó la comisión asesora que entregó un informe bajo la promesa que venía una nueva ley de isapres. Ahora y por quinta vez, el gobierno modificó la fecha para la presentación de esta reforma que fue uno de los proyectos emblemáticos de la campaña.

Al respecto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reafirmó que el tema no es prioridad para el gobierno. En tanto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que el trabajo para perfeccionar el proyecto continúa.

“En este momento estamos perfeccionándolo, dado que tenemos que tener algo muy consciente el día de hoy, no puede tener impacto en las arcas fiscales, por eso estamos trabajando en los detalles. Esperamos tenerlo para fin de año”, señaló la ministra.

La senadora de la UDI y miembro de la Comisión de Salud, Jacqueline Van Rysselberghe, indicó que esto es impresentable en un contexto donde el desempeño del ministerio ha sido pésimo, entre otras cosas, porque “los hospitales comprometidos no se han construido y no se ha logrado reducir la brecha de especialistas”.

“El tema de las isapres es también un desastre, porque todos quienes creemos en un sistema mixto público privado y quienes creen en un sistema solo público, hay un consenso en que hoy las isapres requieren cierta modificación y ajustes para evitar situaciones abusivas. Pero no se ha hecho porque la nueva mayoría no se pone de acuerdo. Yo creo que ya no lograron ponerse de acuerdo y al final quienes pierden producto de esta división de la Nueva Mayoría es la gente”, agregó.

El diputado del partido socialista y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, sostuvo que es una mala señal y lamentó que la iniciativa no estuviera presente en el discurso del 21 de mayo.

“Yo creo que el proyecto de ley de isapres está desahuciado por la autoridad me parece muy serio y grave porque son tres millones de chilenos que han estado esperando un compromiso hecho que no se puede deshacer de la noche a la mañana simplemente por silenciar el anuncio y la promesa que se iba a ingresar ese proyecto de ley. Si no hubo acuerdo al interior del gobierno mejor que se diga pero no dejar las cosas en el aire simplemente diciendo que no es prioridad, cuando si fue prioridad durante la campaña y durante la primera mitad del gobierno”, señaló.

El director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, dijo que aquí hay una contención por parte del ministerio de Hacienda porque la reforma plantea entre otras cosas un mayor gasto fiscal.

Goyenechea consideró positivo que el proyecto contemplara en primera instancia la creación del fondo mancomunado entre isapres y Fonasa. Una idea que sería  financiada con parte de las cotizaciones, para costear fármacos y trasplantes, convirtiéndose en la primera unión de ambos sistemas.  Sin embargo advirtió que ese punto también genera desacuerdos.

En esa línea señaló que el problema de fondo es que estamos ante un gobierno que se debate entre privilegiar el crecimiento económico y avanzar en reformas estructurales.

“Avanzar hoy día en una reforma estructural a las isapres es leído por sectores del gobierno como un obstáculo al crecimiento, y eso es algo complicado para poder sacar una reforma de esta naturaleza que va a generar conflictividad con las isapres y roces con el empresariado que hasta hoy ha usufructuado del derecho a la salud”, dijo.

La asociación de isapres también manifestó su preocupación sobre este tema y anunciaron que buscaran desarrollar propuestas para resolver el modelo de adecuación de precios y la libre movilidad en el sistema

Sobre este punto Goyenechea recordó que las isapres están en un proceso de judicialización y al exigir la reforma “buscan que el Estado les solucione sus problemas de incertidumbre y regulación”.

Por eso a juicio del experto el foco debería estar en una reforma estructural al sistema de salud pública, que hoy reúne a casi el ochenta de la población.