La aceleración de la puesta en marcha de una AFP estatal en la forma de una sociedad anónima, donde Corfo pondría 99% del capital y el fisco el restante 1%, fue rechazada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam), cuyo presidente, Esteban Maturana, advirtió que aquella no garantiza pensiones “justas” para los trabajadores, porque el ente estatal operará con igual lógica que las AFP privadas existentes en el país

Sin embargo, problemas estructurales como el decrecimiento demográfico, la sostenibilidad de largo plazo del sistema económico, inflación, deflación y super explotación del medio ambiente, constituyen factores de alerta que invitan a preguntarse si las pensiones serán, en realidad, un derecho garantizado para los próximos años.

En efecto, puesto en blanco y negro, en el mundo existen dos grandes modelos de sistemas de pensiones: los de reparto y los de capitalización individual -y entre ellos, varios mixtos en proporciones diversas- ambos con limitaciones si se consideran la mayor esperanza de vida que ha agregado el progreso y las edades de jubilación que las dirigencias políticas han considerado como las del momento para jubilarse en cada país o actividad.

Por de pronto, los dos suponen un enorme esfuerzo para cualquier economía y/o persona. Como ejemplo, el Estado chileno, no obstante mantener un sistema de pensiones mayoritariamente privado, gasta anualmente unos US$ 1.027 millones en la llamada Pensión Solidaria Básica de Vejez (PSBV) destinada al 60% de las familias más pobres. En el caso español, que opera mediante reparto (donde los jóvenes en edad laboral financian la pensión de los que ya están fuera de la fuerza de trabajo), la partida presupuestaria destinada al pago de pensiones ascendió en 2015 a US$ 140 mil millones, o lo que es lo mismo, 37,9% del gasto total presupuestario.

El sistema de reparto está inevitablemente ligado a que haya suficientes cotizantes jóvenes para soportar el gasto que supone la pensión de los que ya no están en edad laboral y que, por lo tanto, no sólo no cotizan, sino que le cobran al Estado. Pero la pirámide poblacional del viejo continente -y también la chilena- ha estado volcándose rápidamente en los últimos años. Para el 2050. el 80% de la población anciana del mundo vivirá en países emergentes, con 25% de los ciudadanos de Asia y América Latina en dicho rango de edad, lo que muestra la próxima vulnerabilidad del sistema, cuando los cotizantes jóvenes sean insuficientes para mantener una pensión digna para las numerosas cohortes en edades de jubilación, tal como probablemente sucederá en Chile con las pensiones solidarias a contar de 2025, cuando comience la masiva -aunque insuficiente- jubilación de los miles de chilenos que se traspasaron del sistema de reparto anterior al de capitalización individual.

Porque, contrario a lo que se pudiera suponer, un modelo de capitalización individual, donde el cotizante acumula fondos a lo largo de su vida laboral y, al jubilarse, éstos le son devueltos mensualmente, tampoco asegura buenas pensiones, dado el aumento de las expectativas de vida. Este esquema, que a priori parece independizar el sistema de pensiones del crecimiento de la población, no lo hace, puesto que los fondos que el cotizante acumula son invertidos por las AFP en activos, los que, para mostrar rentabilidad positiva al momento de la pensión, deben haber sufrido “inflación”, es decir, un valor en aumento a lo largo de la vida del cotizante. Pero esto sólo puede ocurrir si el número de aportantes aumenta año a año, de modo que se produzca un alza en la demanda de activos que haga subir sus precios, o si los nuevos cotizantes tienen cada vez más recursos económicos y la correspondiente capacidad de demanda superior, año a año.

Pero el número de cotizantes no aumenta mayormente y en las actuales circunstancias económicas que la mayoría de los jóvenes tengan cada vez mayor poder adquisitivo es difícil, dado un sistema socioeconómico competitivo que tiende más bien a contraer los precios de los bienes y servicios. Además, la citada “inflación de activos” es necesaria no sólo para que el nuevo pensionado reciba una renta positiva por su ahorro, sino porque la “deflación” o caída de precios, no fomenta el ahorro, la inversión, ni el funcionamiento mismo de la economía, con lo cual se enfrenta un escenario que es perjudicial, incluso para quienes estuvieran dispuestos a asumir rentabilidad negativa, a cambio de la seguridad de una futura asignación y vejez decente.

Es decir, contrario a creencias sobre los beneficios de las bajas generalizada de precios para el consumidor, los entornos deflacionarios repercuten negativamente en el tejido socioeconómico, retrasando las decisiones de compra, con empresas ahogadas por la constante baja de valor de sus productos y servicios y costos fijos inflexibles, todos fenómenos que redundan en el deterioro -sino la quiebra- de las compañías afectadas, destruyendo riqueza y puestos de trabajo, con la consiguiente disminución adicional de demanda.

Un eventual aumento poblacional, en tanto, pone en juego la sustentabilidad ecológica del actual sistema, tanto por el consumo indiscriminado de recursos naturales, como por la limitación geográfica de la producción de alimentos. Así, para el corto o mediano plazo, dados los enormes volúmenes que suponen las pensiones en los presupuestos estatales, la escasa capacidad de ampliarlos y el constante aumento de la población mayor, los sistemas “de reparto” se están viendo obligados a migrar hacia modelos mixtos. Sin embargo, tanto por la imposibilidad de muchos de aumentar sus ahorros previsionales -o cualquier otro-, como por el elevado costo que tiene para los políticos proponer aumentar los años de trabajo, las soluciones no son simples.

De esta forma, el decrecimiento demográfico, la sostenibilidad del sistema de pensiones, y la viabilidad económica de los sistemas socioeconómicos en tal entorno, constituye uno de los mayores desafíos de largo plazo, pues la situación amenaza con forzar a millones de trabajadores de edad avanzada y en malas condiciones físicas y de salud, a retornar al mercado laboral, como comienza a ocurrir. En Estados Unidos, ya en 2002, cerca de 30% de los jubilados de 73 años realizaba algún tipo de actividad laboral. Adicionalmente, según el New York Times, cuando un pensionado vuelve al trabajo, lo hace por el 75% de su último sueldo. La nota indica que 49% de los trabajadores de clase media estadounidenses malvivirá con su jubilación, con un presupuesto para alimentación de apenas cinco dólares diarios.

Así las cosas, y para el mediano plazo, dado que el dinero ahorrado más relevante para efectos de las pensiones es el de comienzos de la vida laboral -que es cuando menos se gana-, debido al mayor tiempo en que éste se multiplica, talvez una solución mixta sería -como se ha propuesto- crear una cuenta de ahorro previsional por cada nuevo niño nacido, en la que el Estado deposite una cifra equivalente a la necesaria para que, en 65 años a una renta anual del 5% como la que muestran las AFP, la persona tenga ahorros para acceder a una jubilación mínima acordada socialmente, al tiempo que, durante su vida laboral posterior, ella agregue sus propios ahorros mensuales para ir superando esa cifra base. Según algunos cálculos, este esfuerzo fiscal sería inferior al costo actual de la PSBV.