Duras críticas cayeron sobre la Presidenta de la República, Michelle Bachelet por la interposición de una querella en contra de la revista Qué pasa por injurias y calumnias por publicación de audios que la vinculan con caso Caval.

El hecho, que fue en primera instancia anunciado por el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz el martes pasado, reabrió el debate sobre la relación entre el poder y el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

Desde el Foro de la OCDE en Francia, la Presidenta Bachelet reiteró lo planteado por el ministro Marcelo Díaz, en orden a que la presentación de la querella la hizo en calidad de ciudadana, en uso del derecho a defenderse de mentiras e injurias que afectan su honra, aseguró.

Recordemos que el pasado jueves 26 de mayo, la versión online de la revista Qué Pasa publicó supuestas transcripciones de conversaciones telefónicas del operador de Caval, Juan Díaz grabadas entre mayo y agosto de 2015 por el OS-9 de Carabineros, que le atribuían a la Presidenta Michelle Bachelet haber recibido pagos por, al menos, mil millones de pesos.

Ante esto, la Mandataria calificó la acción como una “canallada”, y posteriormente la revista publicó una declaración en la que se menciona que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio y pidieron disculpas a las personas involucradas.

Los medios internacionales no tardaron en reproducir las declaraciones de la mandataria, asociando a la acción judicial de la Presidenta con un clima de profundo debate sobre la labor de los medios de comunicación y la legitimidad de que las autoridades defiendan su honra en los tribunales.

El País de España recalcó que, “la querella es una decisión inédita por parte de un mandatario desde la llegada de la democracia en 1990, que ha abierto en Chile una profunda discusión sobre la libertad de expresión”.

En tanto en Chile, estas declaraciones hicieron eco en el Congreso, donde parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición tuvieron palabras para el proceder de la Mandataria.

Desde la bancada oficialista, el diputado DC Fuad Chaín apoyó la querella, ya que fue ejercida en su derecho como ciudadana, señaló. No obstante, sostuvo que fue un error que esta fuese anunciada por el ministro Secretario de Gobierno.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el Senador del MAS, Alejandro Navarro también se refirió a este tema y señaló que, a su juicio, esta querella parece ser un intento de Ley Mordaza, y “ante esto surge la pregunta de quién asesoró a la Presidenta para que tomara esta medida”.

El diputado de Amplitud, Pedro Browne manifestó que es lamentable el actuar de la Mandataria: “Lo que llama la atención profundamente es que la presidenta se querelle contra el medio que difunde una conversación real y existente y no contra quien emite esos juicios. Habla muy mal del espíritu de transparencia, de la libertad de informar y de algo tan básico como la libertad de prensa”.

En tanto los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, Gonzalo Fuenzalida, Diego Paulsen y Marcela Sabat enviaron un oficio dirigido a la Presidenta Bachelet condenando la querella presentada por la autoridad. El diputado Edwards enfatizó que la acción se trata de un abuso poder.

“Lo que está haciendo la Presidenta es un atentado contra la libertad de prensa, es un abuso de poder porque la persona más poderosa de Chile se está querellando contra periodistas mucho más débiles”, argumentó.

Después del anuncio de la querella en contra del medio, revista Qué Pasa publicó un comunicado manifestando que no realizarán comentarios hasta conocer en profundidad el recurso.

No obstante, expresaron que “todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La Presidenta de la República no está exenta de este control. Consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión”.

Libertad de expresión y ética periodística

También se han manifestado cuestionamientos al actuar de la Mandataria por el gesto político que representa la acción legal en contra del semanario, en el contexto, por ejemplo, del rechazo en comisión mixta de la Ley Mordaza vinculada al debate de la Ley Corta Antidelincuencia.

Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística Ciper, y ex periodista de Análisis, recalcó que este es el peor momento para declaraciones de esta índole, ya que “recientemente se intentó, por parte de los parlamentarios, diputados y senadores de diversos partidos acallar las publicaciones que los medios han hecho sobre los escándalos de corrupción que han remecido a la opinión pública”.

La periodista enfatizó que es necesario “que exista un ente legítimamente respetado, para que quienes son afectados recurran. No se puede dejar la ética periodística en manos de tribunales que están para otra cosa”

Al contrario, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, cuestionó -al momento de conocerse la presentación de la querella en contra del semanario- a Qué Pasa al señalar que las transcripciones publicadas por la revista tuvieron, a su juicio, “un interés específico”, y por no haber cotejado la información.

“Las filtraciones -en determinados casos- cuando la información es relevante y nos ha permitido conocer sendos casos de corrupción son importantes, pero cuando están en ese contexto (…) Cuando son informaciones que solamente revelan un interés en específico, cuando no son cotejadas, o no son muestra de intención de poder indagar en su veracidad, creo que ahí estamos en una disyuntiva ética, de si está bien hecho este reportaje o no”

Carlos Hunneus: “Esto es perjudicial para el bien común del sistema político”

A las críticas del oficialismo y la oposición, se suman los resultados de la encuesta Adimark del mes de mayo en donde se refleja un mínimo histórico de un 24 por ciento de aprobación para la presidenta Bachelet.

En este panorama, el doctor en ciencia política y abogado de la Universidad de Chile, Carlos Hunneus manifestó que “cuando se tiene tan bajo apoyo es difícil salir perdiendo, pero ella tiene que considerar también el efecto que tiene en el sistema político y ese efecto es negativo. Lo primordial en una jefa de Estado es considerar el bien común del sistema político y esto es perjudicial”.

En tanto, el abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que “no le corresponde a la autoridad pública definir qué es periodismo serio”, e hizo énfasis en que la querella presentada por la jefa de Estado, debería haber sido dirigida en contra de Juan Díaz, y no de la revista que reprodujo sus dichos.

Además, Daza calificó como “insólito” que la Presidenta invoque una norma de la Ley de Prensa, conocida como Ley Mordaza, que sanciona a los directores de medios por reproducir ciertos contenidos que puede ser considerado injuriosos, y que ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó el abogado.

“Existen intentos permanentes de la autoridad para poder amedrentar a través de la sanción penal o la amenaza de la misma a que las personas puedan informarse debidamente. Acá no es el tema si la versión de Juan Díaz es verdadera o no, de hecho personalmente creo que es una versión bastante débil y cuestionable en su credibilidad, el tema es que si esa información es real, es decir si dijo lo que dijo, no cabe duda, y si es de interés público: claro, porque involucra la actuación de la máxima autoridad del país”.