La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su sesión extraordinaria número 158 con audiencias públicas que se desarrollarán hasta este jueves, en el ex Congreso Nacional con sede en Santiago.

Se contemplan nueve reuniones públicas donde organizaciones de distintas regiones de América Latina expondrán temas vinculados con los derechos humanos, exceptuando Chile, por ser el país anfitrión.

Durante su primera jornada, se abordaron principalmente las vulneraciones a los pueblos indígenas a causa del modelo extractivista que impulsan los estados de la región.

En ese sentido, la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), María José Veramendi, afirmó que hay una serie de obstáculos para que los afectados puedan acceder a la justicia, por ejemplo, de tipo lingüístico.

Por lo mismo, precisó que es necesario avanzar en las responsabilidades que conciernen no solamente a los estados, como entes reguladores y fiscalizadores de los proyectos inversionistas, sino que incluir directamente a las empresas como instituciones que violan a los derechos humanos.

“La discusión está si las empresas pueden ser directamente responsables en violación a derechos humanos, esto implicaría un cambio radical en la conceptualización del sistema interamericano de protección. A nivel del sistema de Naciones Unidas se está trabajando en un tratado que vincule a las empresas, pero es un tema que va avanzando muy lentamente”, señaló.

Para Walter Vargas, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, la falta de consulta indígena para instalar proyectos energéticos en territorios ancestrales, sólo refleja la falta de democracia que existe en la región y la relación asimétrica entre las trasnacionales y los ciudadanos.

Una situación que, según ejemplificó Vargas, se reconoce en los incumplimientos de una empresa minera con la comunidad campesina de Mala, en el distrito de Lima.

“Estamos hablando de una comunidad que inicialmente aceptó la presencia de la mina, pero a pesar de esto la empresa no ha respetado los acuerdos iniciales y básicos, y además se ha criminalizado a las comunidades que tienen una postura crítica respecto de la mina”, detalló.

Mientras, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que representa a 34 comunidades, acusó la vulneración de la consulta indígena en la zona de Takovo Mora donde se instaló un pozo petrolero.

Sin embargo, el viceministro de desarrollo energético de Bolivia, Jorge Ríos, destacó los procesos de consulta que se han realizado en el país y aseguró que en este caso corresponde a un territorio privado y no estatal.

El Observatorio Ciudadano y el Grupo Internacional de Trabajo sobre asuntos Indígenas en Chile (IWGIA) también se mostraron preocupados por la crisis que enfrenta la Comisión. En ese contexto, expresaron que el presupuesto con el que opera actualmente la comisión obligará a suspender las visitas en terreno y las audiencias programadas para julio y octubre.

“Los estados americanos aportan más a la Corte Penal Internacional que a la CIDH”

Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reconociera la extrema crisis financiera que atraviesa, el organismo hizo un llamado a los estados miembros de la OEA para que en su próxima asamblea, que se realizará desde el 13 de junio, adopten una decisión frente al tema.

Esto, considerando que la comisión deberá suspender sus visitas en terreno, previstas para julio y octubre de este año, y despedir al 40 por ciento de su personal, dado el limitado presupuesto con el que está operando.

El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, reconoció que la comisión recibe sólo el 6 por ciento de aportes de la OEA, mientras que los fondos de los países miembros y observadores son muy bajos.

En ese sentido, aseguró que existe un discurso “pro derechos humanos” muy fuerte en la región, sin embargo poca contribución a que se hagan efectivos a través de estos organismos.

“Las contribuciones voluntarias de los estados miembros o no están llegando o están llegando con objetivos cambiados. Brasil no ha dado aportes, Canadá ha retrasado sus aportes y México cambió sus contribuciones”, precisó.

Además, agregó que los países latinoamericanos contribuyeron más a la Corte Penal Internacional que a la CIDH.

“Los países latinoamericanos en contribuciones voluntarias dieron 215 mil dólares a la CIDH mientras que a la Corte Penal Internacional más de 13 millones de dólares. La diferencia es que la Corte Penal no tiene ningún caso en América Latina, la Comisión tiene casi 7 mil. Pareciera que la pedagogía del hecho es ‘menos casos más dinero’ y esa es una de las cosas que queremos cambiar”, indicó.

Una condición de precariedad, según reconoció la autoridad, que limitaría la capacidad de respuesta que pueden tener ante las vulneraciones a los derechos humanos de la región.

Según datos del organismo, su presupuesto regular para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares. Mientras que el personal de la CIDH financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31 personas, es decir, tiene menos funcionarios que países bajo su jurisdicción. Sin embargo, los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, las cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como lo demuestra la crisis actual.