En Chile la regulación del actuar policial en el contexto de la protesta social está contenida en los denominados Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público. Fueron elaborados a partir de la experiencia y los esquemas de trabajo en uso por la Prefectura de Fuerzas Especiales, “considerando una investigación académica, el análisis pormenorizado de las prácticas policiales y la revisión de las opiniones de un panel de expertos de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos”, puede leerse en la presentación del documento.

Esta normativa interna establece instrucciones y límites al accionar policial y se hizo pública por primera vez en agosto de 2014, en atención a la insistencia de diferentes organizaciones de derechos humanos.

En términos estructurales los protocolos se ajustan, por norma general, a los estándares internacionales exigidos entre otros, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pese a esto, existen puntos conflictivos: la distinción entre marcha autorizada y no autorizada para determinar el accionar de la policía, vulnera las obligaciones internacionales de nuestro país en relación al derecho a la reunión. El estudio titulado No sabía que existían dos justicias: jurisdicción militar y violencia policial en Chile, de Amnistía Internacional, plantea la urgencia de que estos protocolos reflejen los principios de necesidad y proporcionalidad con respecto al uso de la fuerza.

Además, el informe sostiene que ninguno de estos principios está incorporado en los protocolos actualmente vigentes de Carabineros, y que tampoco contempla la obligatoriedad de utilizar mecanismos lesivos cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señala que más allá de la letra de los protocolos, resulta fundamental evaluar cómo se están aplicando.

“La principal preocupación, más que en el papel, está en lo que pasa en la realidad. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en el contexto de control de manifestaciones son reiteradas, en algunas ocasiones son graves y es algo que no deja de pasar. Es un tema que no pasa solamente por tener buenos protocolos”.

Ante la vulneración de los protocolos, Carabineros de Chile tiene la facultad de iniciar de oficio un sumario administrativo que contempla sanciones que van desde una amonestación, a la baja del funcionario.

Por otra parte, una persona que haya sufrido torturas, vejámenes o faltas a los protocolos institucionales, tiene la opción de denunciar su caso ante un Tribunal de Garantía. Cuando se recibe una denuncia de este tipo, lo primero que hace el órgano es definir si tiene competencia sobre la causa o si la envía a un Tribunal Militar. Tomar esta decisión depende exclusivamente del criterio de loa jueces, debido a que la ley no es clara en esta materia. Si bien excluye que los civiles puedan ser juzgados por instancias militares, no anula la posibilidad de que puedan comparecer como víctimas ante este tipo de justicia.

En este sentido, Piquer puso énfasis en la importancia de las consecuencias que tiene para los policías incurrir en este tipo de vulneraciones. “Urge que ese tipo de conductas no quede en impunidad, y eso tiene que ver tanto con los procedimientos internos de Carabineros que se establezcan en relación al cumplimiento de estos protocolos, y también en la forma que se ven ese tipo de casos ante la justicia. Hoy día todavía son vistos por la Justicia Militar que no da garantías de independencia e imparcialidad, lo que va perpetuando la impunidad por este tipo de casos y, por lo tanto, la posibilidad de que se sigan repitiendo”, afirmó.

Quebrar el protocolo

El pasado 13 de mayo Carabineros desalojó el Liceo de Aplicación. El edificio se encontraba tomado por los estudiantes, en el marco de las jornadas de protestas impulsadas por el movimiento estudiantil.

Patricio Gutiérrez, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, señala que hasta ese día cumplían dos semanas en toma y que los habían desalojado tres veces con una excesiva violencia de parte de Carabineros. El desalojo de ese viernes 13 incluyó un operativo de 5 minutos que terminó con la policía rompiendo una puerta patrimonial que llevaba en el colegio 106 años.

“Después de eso, apuntaron con armas de fuego a dos alumnos dentro del liceo, y se llevaron detenidos con ellos a 76 estudiantes y dos apoderados”, relata el dirigente.

Debido a la evidencia irrefutable de que personal de Carabineros fue responsable de los destrozos, los concejales de la comuna de Santiago, Ismael Calderón y Luis Vicencio, interpusieron un reclamo a la policía donde solicitaron aclarar los hechos y eventuales sumarios por las responsabilidades.

El 8 de junio el reclamo fue respondido. Diario Universidad de Chile tuvo acceso en exclusiva al documento en que Carabineros niega responsabilidades en los destrozos y acusa a los estudiantes de haber mostrado “violencia y agresividad” y de haber realizado “agresiones directas al personal”.  Además, se asegura que actuó en conformidad a la ley y con el afán de “restablecer el imperio del derecho”.

“Con esto queda claro que fue el personal judicial quien no actuó de la debida forma. Creo que esto es malo en un sistema democrático y que el ministro (Mario) Fernández tiene un gran trabajo en normalizar la acción de Carabineros. Ellos no están actuando como corresponde, apegados a la ley”, afirmó el concejal Ismael Calderón.

Resulta fundamental alertar que los protocolos de Carabineros cumplen, en términos generales, con estándares internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, nunca formará parte de ningún procedimiento legal conductas como obligar a los detenidos a desvestirse, hacer ejercicios desprovistos de su ropa, propinar golpes, y ejercer malos tratos en general, ya sea físicos o verbales.

A juicio de los entrevistados resulta urgente que Carabineros pueda cumplir sus propias normas y se ajuste, de una vez por todas, al Estado de Derecho.