La literatura contemporánea de la auto-ayuda está llena de consejos como este: “Cómo convertir un fracaso en una oportunidad”.

Este tipo de lecciones no se aplica sólo a la vida de cada uno, sino que sobre todo al mundo de los negocios. Una simple búsqueda en Google arroja más de 180 millones de resultados para la combinación, en inglés, de las palabras “fracaso, oportunidad, negocios”.

Dado el marco de mentalidad pro-capitalista y de optimismo individualista que han promovido los gobiernos de Chile en el último cuarto de siglo, sería bueno que los actuales inquilinos de La Moneda recuerden este sencilla y simplista ecuación de su propia ideología.

El país tiene muchos problemas y fracasos. Pero hay dos que, actualmente, sobresalen. El primero es que el país tiene una educación cara, de baja calidad y mayoritariamente proveída por actores privados que hacen de la enseñanza un negocio. Los estudiantes chilenos vienen reclamando hace una década un cambio de rumbo. El segundo es el anémico crecimiento económico, que ha suscitado la preocupación y crítica de los adultos, principalmente de los sectores más aventajados del país (léase, los empresarios).

Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Sencillo, está en las AFP, esos fondos de inversiones que, supuestamente, administran las pensiones de todos los chilenos. Actualmente, las AFP gestionan un patrimonio que supera los 160 mil millones de dólares millones. Si el gobierno o el Estado liberara un humilde 5 por ciento de esos fondos –es decir, 8 mil millones de dólares– el país podría financiar con creces una educación superior gratuita. Si liberara otro cinco adicional, inyectaría a la economía más recursos que los que se destinaron en medio de la crisis financiera global de 2009. Esos fondos se traducirían en consumo e inversión. Si a los afiliados a las AFP le entregan ahora un 5% de sus fondos lo gastarían en consumo (comprar un auto, computador, vestuario, etc.) o en inversiones (abrir un quiosco, una tienda, comenzar una mini empresa de transportes, etc.). Como el consumo contribuye a cerca de 60 por ciento del Producto Interno Bruto, y la inversión hace su parte y, además, crea empleos, el camino más lógico para reactivar la economía y financiar algunos derechos sociales básicos (como la educación) sería abrir las compuertas para que un insignificante 10% de los fondos acumulados por las AFP se inyecte a la economía local.

Ciertamente, los economistas y tecnócratas dirán que ello no es posible porque sería expropiar fondos individuales; es decir, sería quitarle a los cotizantes parte de sus futuras jubilaciones.  Pero se trata de un argumento falaz por al menos dos razones.

La primera es que las actuales y futuras jubilaciones bajo el actual marco de cotización individual son de un nivel paupérrimo. Y si observamos la curva demográfica de Chile, las cosas se volverán más oscuras con cada año que pase.

La segunda es que, hoy por hoy, las AFP invierten 43.000 millones de dólares en sólo 20 empresas y bancos del país, entre ellos los sospechosos de siempre: Cencosud, Falabella, LAN, Colbún, Soquimich, Banco de Chile, Banco Santander, BCI y banco Bice, entre otros. En otras palabras, actualmente el ahorro obligatorio de pensiones de todos los chilenos financia a las empresas de Horst Paulman, la familia Solari y Carlos Heller, la familia Cueto, Julio Ponce Lerou, los Matte, los Yarur y otros grandes privilegiados de Chile. Pero no financia la educación de Chile ni contribuye al crecimiento económico del país (a excepción, claro, de las empresas y familias mencionadas).

La respuesta de los dos gobiernos de Bachelet ha sido subsidiar y reafirmar el sistema privado, pero no usar su fracaso para convertirlo en oportunidad. En efecto, en 2008 el gobierno creó el llamado “Pilar Solidario” para financiar las pensiones de aquellos ciudadanos más desfavorecidos. Es decir, le quita el peso a los privados para financiar las jubilaciones de los financieramente “indeseados”.

La Moneda ingresó ese proyecto de ley en junio de 2014 y, tras una completa indiferencia legislativa, le otorgó prioridad en el discurso presidencial del 21 de mayo de este año. Ahora, una supuesta comisión está estudiando el tema.

Pero una AFP estatal es más de lo mismo y revela la profunda creencia que la ex Concertación y actual Nueva Mayoría tiene en los mecanismos del mercado. Como dijo hace unas semanas el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés: “La AFP estatal tiene que, igual como BancoEstado, participar de un mercado con las mismas reglas que el sector privado, sin subsidios especiales, no puede ser una competencia desleal para nada. Es simplemente tener otro actor más que nos permita llegar a una cobertura mayor y por competencia”.

Se nota que el ministro no sabe cómo funciona el mercado en Chile. El Banco de Estado ofrece, hoy por hoy, una de las tasas de interés más altas del mercado. Haga el ejercicio de pedir, por Internet, un préstamo de 5 millones de pesos por 3 años. Y compare. El BancoEstado tiene las tasas de interés más altas. Es decir, el actor estatal no contribuye a democratizar el crédito. Al contrario, ahuyenta a los consumidores favoreciendo a los actores privados.

La AFP estatal promete mejorar la cobertura e introducir mayor competencia. Lo segundo probablemente sea una falacia, considerando lo que hoy sucede con el BancoEstado. Lo de la cobertura pueda ser cierto, pero es una cobertura dentro de las leyes de la competencia de mercado. Y lo que nuestras autoridades, encantadas por las sirenas neoliberales de los años 80 y 90, todavía no entienden es que operan sobre las bases de una ideología que ya no tiene sustento.

Lo que muchos chilenos quieren no es más competencia coludida, sino que garantías para sus derechos básicos. Y eso, pese a todos sus discursos, la Nueva Mayoría todavía no lo entiende.