Sebastián Piñera ha vuelto a las pautas y a los noticiarios. La aparición del ex mandatario comentando sobre temas de política y de actualidad, cuando falta poco más de un año de las elecciones presidenciales, va alimentando la idea de que el empresario sea uno de los candidatos de Chile Vamos en los comicios del próximo año.

A propósito de aquello, las políticas llevadas a cabo por Sebastián Piñera en su mandato son merecedoras de análisis. Sobre todo, si se considera que ha sido el único gobierno de derecha de la post dictadura. El despertar de movimientos sociales, el aumento de la represión y políticas económicas sin interés transformador configuraron un gobierno autodenominado “de excelencia”, que hoy en día sigue haciendo noticia no sólo por sus obras, sino también por la suerte de sus integrantes, varios de ellos imputados por diversos tipos de delitos de corrupción.

Menos pobres, más desiguales

En la administración Piñera se evidenció una profundización de las lógicas de libre mercado que los anteriores gobiernos habían preservado. Para el doctor en Economía del MIT Andrés Solimano en las políticas llevadas a cabo por Piñera “hubo una continuidad respecto al modelo económico más bien del tipo neoliberal que tiene Chile. No fue un período de reformas estructurales para hacer el modelo económico más equitativo, menos desigual y más balanceado en distintos aspectos. Yo creo que también hizo, por otro lado, una política macroeconómica pragmática y más bien expansiva del gasto público”. Recalca eso sí, que esto estuvo, en parte, determinado por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Dentro de las políticas económicas, en el contexto de un crecimiento económico que anotó cifras positivas, el desempleo expresó una sostenida baja durante los años de su mandato. Piñera se despedía de su gobierno cantando victoria por haber cumplido su promesa de campaña de crear un millón de empleos. Sin embargo, en el mismo instante especialistas le quitaron crédito a este ‘logro’, ya que estimaban que muchos de los empleos que se crearon fueron precarios o informales, con dudosa protección de derechos laborales.

Además, los resultados de la encuesta Casen de 2013 demostraron una baja en la cantidad de personas bajo la línea de la pobreza, pero al mismo tiempo revelaron que Chile es el país con mayor desigualdad de la OCDE. Esto significaba, por ejemplo que el 10 por ciento más rico de la población recibía un tercio del total de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre recibía solamente el dos por ciento.

Levantamiento de movimientos sociales y represión

El gobierno de Sebastián Piñera despertó el rechazo de varios movimientos sociales. Durante 2011 y 2012, el sur de Chile fue escenario de importantes movilizaciones ciudadanas en Magallanes y Aysén, regiones que alzaron demandas por carencias en la calidad de vida de las personas como consecuencia de su lejanía con el resto del país y las políticas centralistas que tradicionalmente han impulsado los distintos gobiernos.

El movimiento estudiantil también dijo presente en las movilizaciones más grandes registradas en su historia, con paros, tomas y marchas que en Santiago convocaron más de cien mil personas en la Alameda. Además, el movimiento llevó adelante creativas acciones de protesta, como la corrida “1.800 horas por la educación” y diversos flashmobs, entre otras. Las políticas del gobierno de Piñera no estuvieron en sintonía con las peticiones de los estudiantes ya que no se abrió, por ejemplo, a terminar con el lucro, a fortalecer la educación pública y avanzar en gratuidad en la educación superior.

La fuerza con la que los movimientos pudieron abrirse paso, tanto a nivel político como en las calles, impulsó a Piñera a llevar a cabo una importante oleada represiva, personificada principalmente en su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de cuyo apellido deriva un polémico proyecto de ley que criminalizaba la protesta social. La también denominada “ley anti encapuchados” pretendía resguardar el orden público en un amplio espectro de interpretación, que resultaba una amenaza a la libertad de asociación y expresión. La ley fue rechazada finalmente en diciembre de 2013.

El Presidente de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales, señaló al respecto que este tipo de políticas se han dado en distinta medida en los gobiernos precedentes, pero tuvo un particular énfasis en el gobierno de Piñera. “En general los estados generan, usando como excusa el tema de la seguridad y el orden público, acciones particularmente desde su policía para, en el fondo, reprimir a las organizaciones sociales para que en un legítimo derecho puedan establecer sus demandas más sentidas”, dijo Morales, caminno que tiene como hitos la continua aplicación de la Ley Antiterrorista y la reciente aprobación de la Ley de Control de Identidad.

“El mejor Censo de la historia” y penurias medioambientales

Durante el mandato de Piñera correspondía realizar un nuevo Censo de población. Durante el año 2012, el gobierno anunció con bombos y platillos el que sería, según ellos, “el mejor Censo de la historia”. Se trató de un Censo que cambió su modalidad respecto de los anteriores y se hizo durante todo un mes, sin que necesariamente estuviesen todos los habitantes presentes en cada domicilio. Una auditoría técnica al proceso reveló graves deficiencias en el levantamiento de los datos, dentro de los cuales se supo que el Censo omitió información de casi el 10 por ciento de la población.

Así, el Censo de excelencia pasó a ser inservible y posteriormente declarado ilegal, ya que la auditoría sugirió que los datos recopilados no fueran utilizados para la formulación de futuras políticas ya que no eran confiables. Fueron 60 millones de dólares los que se perdieron, el INE se volvió objeto de fuertes cuestionamientos y no será hasta 2017 que un nuevo Censo actualice de forma adecuada datos que llevan 14 años sin refrescarse.

La analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Cristina Escudero afirma que es decisivo rectificar este tipo de iniciativas, ya que de ellas depende el éxito de las futuras políticas públicas: “Un país no puede vivir sin su Censo porque a partir de ese dato básico es de donde se arman todas las políticas públicas. Por lo tanto, fue un traspié del gobierno, que más allá de la ideología, fue un traspié de gestión y que después tanto ese gobierno como el actual tienen que rectificar para poder seguir haciendo las políticas públicas y avanzando en el camino que se tracen”.

Además, se le cuestiona al gobierno de Sebastián Piñera las decisiones que en materia medioambiental se llevaron a cabo. La aprobación de proyectos como la Mina Invierno en Isla Riesco y una de las etapas del proyecto de centrales hidroeléctricas Hidroaysén –después rechazado en su totalidad por el actual gobierno de Michelle Bachelet-, motivó airadas protestas de ciudadanos opositores, debido a que esto instalaba la lógica de la construcción de centrales hidroeléctricas como modo de solución al problema energético del país.

La corrupción también golpea al gobierno de Piñera

Una vez finalizada la administración Piñera, la fuerte corriente de denuncias de prácticas irregulares también golpeó al ex “gobierno de excelencia”. Dos de sus ministros fueron formalizados en junio pasado: Pablo Longueira por cohecho en el caso SQM y Laurence Golborne por delitos tributarios en el marco del caso Penta, así como también el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que fue formalizado por el delito de cohecho y lavado de activos.

Pero durante el mandato del empresario, también hubo polémicas por denuncias de irregularidades. Tal fue el caso que afectó a la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, quien dejó su cargo en abril de 2011 debido a un pago irregular por parte del Serviu a la empresa Kodama, caso que finalizó con tres funcionarios procesados aunque posteriormente absueltos.

Otro de los casos más bullados fue el “perdonazo” por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) a Johnson’s. En 2011, la entidad tributaria condonó el 99 por ciento de las multas e intereses que la compañía debía al Estado. Se trataba de nada menos que 59 mil millones de pesos que fueron perdonados y en cuya operación tuvo participación el director del servicio, Julio Pereira.  Tras denuncias de conflictos de interés con Cencosud, holding que posteriormente adquirió Johnson’s, el presidente Piñera le pidió la renuncia. Posteriormente, en 2014, un sumario administrativo de la Contraloría liberó a Pereira de toda responsabilidad, concluyendo que no tuvo participación.