Las manifestaciones sociales en contra del sistema previsional han generado reacciones en el Gobierno. Durante los últimos días los ministros del Comité Político han sostenido diversas reuniones para analizar los pasos a seguir a raíz de esta demanda ciudadana.

Finalmente, este jueves la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, informó que durante el mes de agosto se retomará la discusión legislativa sobre el proyecto de AFP estatal.

La secretaria de Estado evitó abordar los cuestionamientos hacia el proyecto, reiterando que este vendrá a mejorar la competencia y la cobertura en el sistema.

“Nosotros estamos esperando el retorno del receso del mes, para volver a discutir el proyecto, estábamos trabajando en las indicaciones, la idea es retomar su tramitación legislativa en el mes de agosto. El objetivo de la AFP está definido en el proyecto de ley y lo ha explicado el ministro Valdés en más de una oportunidad, así que me sumo a lo que ya se ha expresado, necesitamos meter competencia en el sistema, que se llegue a sectores donde no llegan las otras administradoras”, indicó la titular del Trabajo.

Desde la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil criticaron la propuesta del Ejecutivo, enfatizando que ésta no mejorará las pensiones.

El presidente de la Conadecus, Hernán Calderón subrayó que el Gobierno se equivoca al intentar apaciguar la demanda por una reforma al modelo previsional, con una iniciativa como la AFP estatal. “Yo creo que el Gobierno está equivocado cuando dice que va a poner una AFP estatal para poder calmar la protesta de todos los trabajadores que están en edad de jubilar, esa no es la solución. Hoy lo que tenemos es un ahorro forzoso, prácticamente el 15% en algunos casos del ahorro del trabajador es el costo de administración, que se no engañe cuando dicen que es el 1,5, es una ‘trampita’”, aseveró Calderón.

En tanto desde el Movimiento Ciudadano, “Aquí la Gente” criticaron la poca sintonía de las autoridades con las demandas ciudadanas. El vocero de la agrupación, Ernesto Medina, manifestó que la situación en torno a las bajas pensiones es un problema de Derechos Humanos que el Gobierno se ha negado a resolver.

El dirigente expresó que “nosotros creemos que cuando vean la segunda marcha del 21 de agosto y vean que hay el doble de gente que fue a la primera, se van a dar cuenta que no están en sintonía con la gente y que tienen que hacer el esfuerzo para cumplir con las expectativas de los jubilados y abuelos, porque este es un tema de derechos humanos, es una situación dramática que está viviendo la gente”.

El proyecto de AFP estatal fue enviado al Congreso en junio de 2014. Poco tiempo después el Gobierno decidió congelar su tramitación a la espera de las conclusiones de la Comisión Bravo cuyo informe, luego de varios aplazamientos, fue emitido en agosto del año pasado.

Actualmente un comité de ministros se encuentra analizando las conclusiones de dicho informe. Consultada sobre los plazos de las propuestas que saldrán de esa instancia, la ministra del Trabajo evitó referirse a esa materia.