“La última vez que vimos a mi mami fue en el aeropuerto. Nosotras, sus hijas, nos estábamos yendo de Honduras porque ella no quería que sufriéramos por el riesgo de su trabajo. En ese momento, nos dijo: ´Si ustedes escuchan que nos hacen algo, no tengan miedo porque en este país de mierda nos pueden hacer cualquier cosa´”. Esa fue la última imagen que Berta Zúñiga recuerda de su madre Berta Cáceres antes que la asesinaran, el pasado 2 de marzo.

En ese momento, el Ministerio Público y la Policía de ese país aseguraron que se trataba de un crimen pasional que luego atribuyeron a disputas internas de la organización que Berta lideraba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

Pasaron once días para que la Justicia decidiera abrir una investigación apuntando a las treinta y tres amenazas que Berta recibió desde 2013 por su trabajo como ambientalista y su lucha contra los proyectos energéticos instalados en territorios del pueblo indígena Lenca.

Cuatro meses después, la también líder ambientalista Lesbía Urquía fue asesinada en el municipio de Marcala, en La Paz, Honduras. Según los testigos, la tarde del 6 de julio pasado ella salió de su casa en bicicleta y al otro día fue encontrada muerta en un basural conocido como el “matamulas”. Su asesinato coincidió con una jornada de consulta realizada por el Gobierno con apoyo de la ONU, sobre el anteproyecto de Ley Marco de Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

Sin embargo, el Gobierno vinculó el caso a un problema familiar por la adjudicación de una herencia, donde su cuñado habría contratado a dos personas para matarla que luego fueron detenidas.

En conversación exclusiva con radio y diario Universidad de Chile, Berta Zúñiga aseguró que estos hechos responden a un femicidio político porque históricamente las mujeres han sido las defensoras comunitarias en Mesoamérica. “Las mujeres son las que ejercen una defensoría de su tierra y los bienes de la naturaleza. Tienen una resistencia más radical en los territorios. Mi mami fue en reiteradas veces amenazadas por su condición de mujer en la que se trató de desmeritar su lucha, difamándola y agrediéndola”, subrayó.

Hasta ahora la investigación sobre la muerte de Berta no ha contado con la participación ni de sus hijas ni de sus compañeros del COPINH, a pesar que el Código Procesal Penal hondureño contempla la participación de las víctimas indirectas de estos casos judiciales.

En ese sentido, su hija recalcó que es muy complicado que concluyan este tipo de investigaciones  por el nivel de impunidad ha evidenciado con la muerte de otros activistas. Por lo mismo,  entre los propios dirigentes están coordinando estrategias de protección y seguridad para enfrentar el abandono del Estado en materia de derechos humanos. “Es bastante complejo hacer frente a la situación por el nivel de represión, la creación de fuerzas militares y especializadas, pero sobre todo por el nivel de impunidad en el que es muy fácil asesinar a personas o hacerlas desaparecer (…) Se entiende, entonces, que vamos creando un nivel más alto de organización para velar por la vida de todos los integrantes”, indicó.

La segunda hija de la asesinada líder indígena reflexionó sobre la importancia de conocer la historia de los Pueblos y asumir  la responsabilidad de hacer justicia por la muerte de cada uno de los defensores de los derechos humanos en  América Latina.

“Se supone que deberían haber más detenciones de los responsables en el caso de mi mami, pero es de conocimiento público que todas las amenazas proveniente de la empresa a la que se responsabiliza del asesinato de ella (…) El Gobierno nunca hizo nada por investigar, al contrario, la institucionalidad hondureña siempre se puso de lado de la empresa para tratar de enjuiciarla y entre todos los procesos judiciales fue evidente la confabulación. Finalmente, ella salió ilesa en esos casos porque no se le pudo probar ninguna de las condenas que apelaba la empresa”, relató.

El asesinato de esta activista se suma a otros setenta casos registrados desde 2007, entre ellos, el de Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, asesinada en 2010, o la desaparición, en 2011, de Sandra Viviana Cuéllar, involucrada en la defensa de los derechos laborales y ambientales en Colombia.

En Honduras, desde 2010 se han registrado más de tres mil  casos de criminalización de defensores de Derechos Humanos. Por lo mismo, las organizaciones han responsabilizado al presidente del país, Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares financiadas por el gobierno de Estados Unidos y a las policías.

La semana pasada mientras se realizó la Convención Demócrata que nominó a Hillary Clinton como candidata presidencial del partido, en Filadelfia, la otra de las hijas de Bertha Cáceres, Laura Zuñiga, protestó a las afueras del edificio junto a los inmigrantes de esa ciudad para exigir una investigación independiente por el asesinato de su madre.

“Es necesario que se proponga este debate a los gobernantes y a los estadounidenses. Que sepan que su dinero va a la ayuda militar en Honduras y que esa ayuda militar impacta en la violación de derechos humanos”, recalcó la también activista hondureña.