Los vecinos del sector poniente de Maipú están en pie de guerra debido a que el proyecto de construcción de una curtiembre en el sector industrial de la comuna amenaza la calidad de vida de miles de habitantes.

Se trata de la empresa Curtiembre Riñihue, empresa de los mismos propietarios de la industria de curtidos que en 2013 fue expulsada de la comuna de San Joaquín debido a los reclamos de los vecinos del sector, quienes se quejaban principalmente por los malos olores emanados por la fábrica.

Los maipucinos han comenzado una serie de movilizaciones debido a que reclaman que la empresa utilizó un recurso legal para no consultar directamente a la comunidad que se verá afectada. La vocera del movimiento “No a la Curtiembre en Maipú”, Viviana Delgado, acusa una actuación tardía del municipio frente a la situación.

“Lo que nos llevó a unirnos como comunidad fue el hecho de sentirnos pasados a llevar. Nosotros sentimos que el municipio es como nuestra familia. Y ellos son los que deberían protegernos a nosotros como comunidad sobre los impactos que se vienen a  la comuna. ¿Y de qué forma tu proteges a la comunidad? Informando y bajando información. No quedándote callado cuando ya no hay nada que hacer” señaló la vecina.

La preocupación de los vecinos cunde no tan sólo por las potenciales emanaciones de malos olores desde la industria, sino también por que el proyecto incluye una planta de tratamiento de agua donde se procesarán residuos líquidos con contenido tóxico, los cuales ya trabajados se verterán a la red de alcantarillado de la empresa municipal de agua potable Smapa, la misma que sirve a los vecinos del sector. Además, si bien el proyecto se emplaza en un barrio industrial desarrollado a mediados del siglo pasado, en la actualidad se encuentra cercano a  varios asentamientos humanos que ven como amenaza que este tipo de industria se sume a las ya existentes.

Viviana Delgado explicó que sólo después de un año se enteraron del proyecto que se estaba realizando, el cual incluyó sólo una declaración de impacto ambiental que fue aprobada en enero de 2015 por el Servicio de Evaluación Ambiental, en el cual participan diversos organismos, entre ellos la Intendencia de Santiago.

Este modo de presentar el proyecto significó que solamente fuera exigible la emisión de dos anuncios en una radio de la región con cobertura en el sector, requisito que fue cumplido. Sin embargo, este modo se diferencia del Estudio de Impacto Ambiental ya que no exige de una forma significativa la participación de la comunidad que se verá afectada, por lo que no establece la obligatoriedad de recibir las observaciones de los vecinos. Es por ello, que los vecinos denuncian que no fueron siquiera avisados.

Desde la municipalidad de Maipú alegan que tampoco fueron considerados. Según declaran, recibieron la información un año antes de la aprobación del proyecto y oficiaron a los diversos organismos encargados de dar la autorización sin tener respuestas favorables.

El concejal Ariel Ramos repudió la marginación de los maipucinos, y también comenta que la reacción del municipio para socializar el tema no fue oportuna, aunque reconoce las últimas acciones ejercidas desde la alcaldía.

“Hay un recurso que fue presentado ante el Tribunal Medioambiental, y conversaciones que ha tenido el mismo alcalde Christian Vittori junto a dirigentes con el ministerio del Medio Ambiente, en particular con su ministro Pablo Badenier, para invalidar esta resolución de calificación ambiental, pero de eso aún no hay un resultado positivo”, dijo el concejal.

Se habla de reacción inoportuna, debido a que desde que el informe fuera aprobado en enero de 2015, sólo hace pocos meses -más de un año desde la aprobación- se socializó este tema desde más allá de la alcaldía. “Lo que hemos dicho desde nuestra concejalía es que hubo una reacción tardía por parte del alcalde y del municipio en general, y que si esto se hubiese comunicado en su tiempo a la comunidad en el año 2014, ahí teníamos posibilidad de revertir ese proceso” estimó Ariel Ramos.

El concejal comparte la opinión que ha expresado la alcaldía en redes sociales respecto a que la empresa pretende instalarse mediante prácticas engañosas. “En eso sí considero que hay un diagnóstico acertado. Ellos estarían generando una nueva razón social para ingresar el proyecto a Maipú y de esta manera dar cuenta que no es la misma empresa que estaba operando todavía en San Joaquín”, dice Ramos. El proyecto presentado en Maipú no tendría –según aseguran desde el municipio- grandes diferencias con las instalaciones que afectaron la calidad de vida de los vecinos de su anterior emplazamiento.

Esto recuerda episodios como los evidenciados el año pasado con el relleno Santa Marta, el que el verano de 2015 fue escenario de un incendio que nubló la capital con una nube tóxica. Los cuestionamientos apuntaron a las irregulares vías de aprobación que tuvo este proyecto.

En este caso es la propia ley que permitió que el proyecto de curtiembre siguiera adelante sin grandes trabas. Algo que, según argumentan los vecinos afectados, refleja falencias en las normas que se plantean proteger a las personas de industrias contaminantes.