Incertidumbre dejaron los anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet durante la cadena nacional de este martes.
Pese a que los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, salieron a “aterrizar” algunas de las medidas, ambos enfatizaron que “aún no hay nada definido” y que los detalles de los anuncios serán parte del debate que se tendrá que dar.
Lo que sí entregó el jefe de las finanzas públicas, fueron algunos datos relativos a cifras y costos de las modificaciones al actual sistema, como los US$1.500 millones en régimen que implicará el costo del alza del 5% en la cotización con cargo al empleador.
Ante las diversas dudas que surgieron en relación a las medidas propuestas por el Ejecutivo, ambos secretarios de Estado evitaron precisar la información reiterando que el Gobierno esperará las propuestas y la ideas de los distintos actores para detallar los contenidos más específicos.
Así lo manifestó el titular de Hacienda quien apuntó a que el avance del proceso de diálogo va a determinar los detalles de las propuestas y los plazos para concretarlas.
“El cuándo, va a ser cuando tengamos una ley y esto requiere construir primero este pacto, construir este proyecto de ley y aprobarlo. El cuánto va a depender de cómo se determinen distintos parámetros que están sobre la mesa, pero uno puede empezar a tener algunas ideas” expresó el Ministro
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las expertas que integró la Comisión Bravo, Claudia Sanhueza, señaló que no queda claro a qué es lo que apuesta el Gobierno con esta propuesta. Asimismo criticó los plazos para aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador, los que calificó como excesivos, junto con calificar las medidas del Ejecutivo como frustrantes.
“No me queda claro del anuncio qué es lo que están entendiendo, porque están diciendo que quieren fortalecer el carácter solidario del actual sistema. Pero el actual sistema no tienen ninguna solidaridad, o sea, tiene asistencialismo, tiene ayuda para los pobres que no han contribuido, pero eso es un pilar más asistencialista, no es un pilar solidario como uno lo entendería” aseguró Claudia Sanhueza.
En tanto desde la oposición el diputado de Evópoli, Felipe Kast expresó sus reparos respecto al nuevo pilar solidario que se creará a partir del aporte de los empleadores.
“La preocupación que tenemos es que si el pilar solidario que se va a generar va a ser financiado en forma importante. Todavía no sabemos los números, no sabemos cuánto de la propuesta del Gobierno, de esos 5 puntos adicionales, irían finalmente a financiar ese pilar solidario y cuánto iría a financiar el aumento de pensiones de cada uno de los trabajadores”, dijo el diputado.
A su vez, para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se trató de “un anuncio general” que deja interrogantes no resueltas, como cuál será el rol del Estado en éstas propuestas.
Cabe mencionar que la industria privada que administra el actual sistema de pensiones maneja recursos correspondientes al 70% del PIB, vale decir, unos 170 mil millones de dólares, percibiendo utilidades por sobre el 25%, sin poner dinero propio.
Asimismo el Estado destina alrededor de $US 1800 millones para costear el “pilar solidario” el que beneficia a cerca de un millón 350 mil personas que no cubre el sistema de las AFP.
Incertidumbre dejaron los anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet durante la cadena nacional de este martes.
Pese a que los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, salieron a “aterrizar” algunas de las medidas, ambos enfatizaron que “aún no hay nada definido” y que los detalles de los anuncios serán parte del debate que se tendrá que dar.
Lo que sí entregó el jefe de las finanzas públicas, fueron algunos datos relativos a cifras y costos de las modificaciones al actual sistema, como los US$1.500 millones en régimen que implicará el costo del alza del 5% en la cotización con cargo al empleador.
Ante las diversas dudas que surgieron en relación a las medidas propuestas por el Ejecutivo, ambos secretarios de Estado evitaron precisar la información reiterando que el Gobierno esperará las propuestas y la ideas de los distintos actores para detallar los contenidos más específicos.
Así lo manifestó el titular de Hacienda quien apuntó a que el avance del proceso de diálogo va a determinar los detalles de las propuestas y los plazos para concretarlas.
“El cuándo, va a ser cuando tengamos una ley y esto requiere construir primero este pacto, construir este proyecto de ley y aprobarlo. El cuánto va a depender de cómo se determinen distintos parámetros que están sobre la mesa, pero uno puede empezar a tener algunas ideas” expresó el Ministro
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las expertas que integró la Comisión Bravo, Claudia Sanhueza, señaló que no queda claro a qué es lo que apuesta el Gobierno con esta propuesta. Asimismo criticó los plazos para aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador, los que calificó como excesivos, junto con calificar las medidas del Ejecutivo como frustrantes.
“No me queda claro del anuncio qué es lo que están entendiendo, porque están diciendo que quieren fortalecer el carácter solidario del actual sistema. Pero el actual sistema no tienen ninguna solidaridad, o sea, tiene asistencialismo, tiene ayuda para los pobres que no han contribuido, pero eso es un pilar más asistencialista, no es un pilar solidario como uno lo entendería” aseguró Claudia Sanhueza.
En tanto desde la oposición el diputado de Evópoli, Felipe Kast expresó sus reparos respecto al nuevo pilar solidario que se creará a partir del aporte de los empleadores.
“La preocupación que tenemos es que si el pilar solidario que se va a generar va a ser financiado en forma importante. Todavía no sabemos los números, no sabemos cuánto de la propuesta del Gobierno, de esos 5 puntos adicionales, irían finalmente a financiar ese pilar solidario y cuánto iría a financiar el aumento de pensiones de cada uno de los trabajadores”, dijo el diputado.
A su vez, para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se trató de “un anuncio general” que deja interrogantes no resueltas, como cuál será el rol del Estado en éstas propuestas.
Cabe mencionar que la industria privada que administra el actual sistema de pensiones maneja recursos correspondientes al 70% del PIB, vale decir, unos 170 mil millones de dólares, percibiendo utilidades por sobre el 25%, sin poner dinero propio.
Asimismo el Estado destina alrededor de $US 1800 millones para costear el “pilar solidario” el que beneficia a cerca de un millón 350 mil personas que no cubre el sistema de las AFP.
Incertidumbre dejaron los anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet durante la cadena nacional de este martes.
Pese a que los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, salieron a “aterrizar” algunas de las medidas, ambos enfatizaron que “aún no hay nada definido” y que los detalles de los anuncios serán parte del debate que se tendrá que dar.
Lo que sí entregó el jefe de las finanzas públicas, fueron algunos datos relativos a cifras y costos de las modificaciones al actual sistema, como los US$1.500 millones en régimen que implicará el costo del alza del 5% en la cotización con cargo al empleador.
Ante las diversas dudas que surgieron en relación a las medidas propuestas por el Ejecutivo, ambos secretarios de Estado evitaron precisar la información reiterando que el Gobierno esperará las propuestas y la ideas de los distintos actores para detallar los contenidos más específicos.
Así lo manifestó el titular de Hacienda quien apuntó a que el avance del proceso de diálogo va a determinar los detalles de las propuestas y los plazos para concretarlas.
“El cuándo, va a ser cuando tengamos una ley y esto requiere construir primero este pacto, construir este proyecto de ley y aprobarlo. El cuánto va a depender de cómo se determinen distintos parámetros que están sobre la mesa, pero uno puede empezar a tener algunas ideas” expresó el Ministro
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las expertas que integró la Comisión Bravo, Claudia Sanhueza, señaló que no queda claro a qué es lo que apuesta el Gobierno con esta propuesta. Asimismo criticó los plazos para aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador, los que calificó como excesivos, junto con calificar las medidas del Ejecutivo como frustrantes.
“No me queda claro del anuncio qué es lo que están entendiendo, porque están diciendo que quieren fortalecer el carácter solidario del actual sistema. Pero el actual sistema no tienen ninguna solidaridad, o sea, tiene asistencialismo, tiene ayuda para los pobres que no han contribuido, pero eso es un pilar más asistencialista, no es un pilar solidario como uno lo entendería” aseguró Claudia Sanhueza.
En tanto desde la oposición el diputado de Evópoli, Felipe Kast expresó sus reparos respecto al nuevo pilar solidario que se creará a partir del aporte de los empleadores.
“La preocupación que tenemos es que si el pilar solidario que se va a generar va a ser financiado en forma importante. Todavía no sabemos los números, no sabemos cuánto de la propuesta del Gobierno, de esos 5 puntos adicionales, irían finalmente a financiar ese pilar solidario y cuánto iría a financiar el aumento de pensiones de cada uno de los trabajadores”, dijo el diputado.
A su vez, para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se trató de “un anuncio general” que deja interrogantes no resueltas, como cuál será el rol del Estado en éstas propuestas.
Cabe mencionar que la industria privada que administra el actual sistema de pensiones maneja recursos correspondientes al 70% del PIB, vale decir, unos 170 mil millones de dólares, percibiendo utilidades por sobre el 25%, sin poner dinero propio.
Asimismo el Estado destina alrededor de $US 1800 millones para costear el “pilar solidario” el que beneficia a cerca de un millón 350 mil personas que no cubre el sistema de las AFP.
