La semana recién pasada el Consejo de la Infancia anunció que el Ejecutivo se encuentra trabajando en seis proyectos que modernizan el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Uno de ellos tiene que ver con la división de la institución en dos órganos: uno, que será liderado por la cartera de Justicia y otro, por el Ministerio de Desarrollo Social.

La también moción establece la profesionalización de los funcionarios y el trabajo en conjunto con los centros privados que hoy acogen a los menores.

Este proyecto de ley, que ingresaría al Congreso entre septiembre y octubre de este año, instaura el Servicio de Protección Especializada, que recibirá a los menores cuyos derechos hayan sido vulnerados, y el Servicio de Responsabilidad Social Adolecente. Este último estará a cargo de Justicia y se encargará del cuidado de los menores de entre 14 y 17 años.

Esta iniciativa corresponde a una medida del Gobierno para resolver la grave crisis que hoy enfrenta el servicio. Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por las organizaciones sociales.

Lorena Bustamante, presidenta de la ONG Red Infancia Chile, señaló que la modificación implica un incremento de la burocracia del sistema. “Con esta división, aparentemente, lo que quiere el Ministerio de Justicia es tildar como delincuentes a los niños que de alguna u otra manera han hecho algo ilegal. Creemos que sería bueno tal vez cambiar de ministerio, a Desarrollo Social quizás, pero que sea uno, no que sean dos servicios. Aquí también hay un tema burocrático, no podemos tener dos fichas en un lado y en otro, no entiendo bajo qué criterios se hace esta división. Este proyecto estigmatiza y segrega a los niños”, dijo.

La reforma del Sename también enfrenta otra arista: la inexistencia de un marco jurídico que establezca los derechos de los menores en el país.

Actualmente, descansan en el Congreso distintas normativas destinadas a la protección de infantes, entre ellas, la del proyecto de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ingresó al Congreso el 30 de abril de 2013; el proyecto que incorpora normas sobre acoso sexual, cuyo trámite inició el 11 de abril de 2013; el proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez, enviado el 21 de septiembre de 2015; y el proyecto sobre la Subsecretaría de la Infancia, entre otros.

En este contexto, la diputada socialista, miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, Daniella Cicardini, señaló que antes de iniciar modificar sustancialmente el Sename, se debe generar una base normativa sobre los derechos de los niños. “Actualmente, está en evidencia que el Sename no es el mejor instrumento que tenemos como institucionalidad, pero eso tiene que regularse con una ley marco que es la base de todo y hoy tenemos un gran vacío al respecto, ese es el gran problema que tenemos”, recalcó.

Por otro lado, Alejandra González, investigadora del Programa Protagonismo Infantil de la Universidad Diego Portales, manifestó que “es necesario pensar, seriamente, que el Sename tiene que desaparecer como institución”.

“Por lo tanto, debe crearse una institucionalidad, lo que no significa crear un Ministerio, sino crear formas de articulación de los programas que sean intersectoriales, donde haya responsabilidades y garantías de parte de cada uno de los ministerios, ya sea de educación, vivienda, salud, cultura. Si no hay una visión clara, no creo que la creación de más institucionalidad, , vaya a generar algún tipo de impacto”, explicó.

La investigadora también fue crítica respecto de la división del organismo. En esta línea, manifestó que “lo que se necesita es una política pública para los niños y niñas de Chile”.