En medio de las recientes autorizaciones a dos ex militares procesados por el caso Caravana de la Muerte para salir del país, diputados pusieron en tela de juicio el actuar de la justicia en términos de permitir este tipo de regalías a personas investigadas por violaciones a los Derechos Humanos.

El ministro Mario Carroza autorizó al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, que se ausentara del país para participar presuntamente como observador del proceso de paz que se vive en Colombia. En tanto, este jueves se sumó la autorización a Jaime Ojeda Torrent, también procesado en calidad de cómplice de los crímenes ocurridos en el Regimiento N° 2 Arica, de La Serena. Ojeda Torrent viajará a Ecuador, por “motivos académicos y de trabajo”.

Las acciones despertaron la inquietud de algunos diputados respecto a la prolijidad con las que se otorgaron estos permisos, toda vez que, en el caso de Juan Emilio Cheyre, Naciones Unidas negó que el ex general vaya a Colombia como observador de su proceso de paz.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) puso en entredicho los motivos de Cheyre para salir del país, y subrayó las dudas que deja este tipo de autorizaciones, aunque no estén, en estricto rigor, al margen de la ley. Expresó que más le llama la atención que lo hayan invitado a observar un proceso que aboga por los Derechos Humanos.

“A mi eso me llama más la atención que el permiso de los tribunales. Me imagino que los jueces deben actuar de acuerdo a sus facultades y dentro del marco legal”, indicó Jiménez.

El diputado del PPD instaló dudas acerca de la invitación presuntamente extendida a Cheyre: “Alguien lo invitó, no sé quien. Porque después salió el desmentido de Naciones Unidas pero al parecer alguien lo invitó. Y ahí habría que averiguar. Ahora si nadie lo invitó y se fabricó una invitación, peor todavía, porque significa que los tribunales ni siquiera investigaron que hubiera una invitación verdadera”.

Tucapel Jiménez expresó que era una facultad del magistrado ponderar los riesgos de fuga, sin embargo recalcó que si hubo alguien que invitó a Juan Emilio Cheyre a ser observador de un tema de derechos humanos, “significa que hubo un desconocimiento del tiempo oscuro que hubo en el país”.

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto expresó que “en estos casos de personas formalizadas por delitos tan graves, la justicia ha sido muy permisiva”.

Esta apreciación la hace, debido a los riesgos de elusión a enfrentar a la propia justicia que existe. Además, deslizó críticas a los tribunales, aduciendo falta de prolijidad.

“Pareciera que, si la propia institución que decía que estaba invitándolo, niega que haya hecho esa invitación, ciertamente creo que la justicia debe exigir una explicación al general Cheyre. Existen indicios de que se le mintió a los tribunales que conocen de la causa acerca de los reales propósitos y la invitación que respalda la salida del país del general Cheyre”, indicó Leonardo Soto.

El parlamentario subrayó que esta situación, además de poner en franca contradicción al ex general Cheyre, representaría un desprestigio para el país, el hecho que alguien procesado por violaciones a los Derechos Humanos participe como observador en una actividad que justamente se propone abogar por ellos.