El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, reconoció que “hubo apropiaciones de dinero y contratos ideológicamente falsos” por parte de la fundación privada FEN, caso investigado por la Fiscalía Centro Norte.

Estas irregularidades fueron detectadas luego de una auditoria instruida por el decano que determinó un perjuicio cercano a los 270 millones de pesos, entre 2011 y 2012, para la facultad.

Dentro de los diez formalizados en el caso, se encuentra el ex director ejecutivo de la fundación, Luis Felipe Mahaluf, y el ex director de finanzas, Manuel Olivares. Ambos asumieron sus cargos entre 2010 y 2011 y fueron despedidos en 2012, cuando se conocieron estas irregularidades.

En la declaración que prestó Olivares el pasado 30 de agosto ante la fiscal Macarena Cañas, apuntó a que parte de estos dineros del fraude investigado habrían sido recibidos por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y utilizados para su campaña senatorial.

Según la investigación interna de la Facultad, desde la Fundación se extendieron contratos falsos por servicios nunca prestados o que resultaban innecesarios. Algunos de ellos vinculados a la Municipalidad de Maipú, según detalló el propio decano.

Desde la Dirección de Comunicaciones de la Facultad insistieron en que desde que se conocieron estas irregularidades se han tomado las medidas necesarias como la desvinculación de personas involucradas. Sin embargo, recalcaron que las responsabilidades competen a la Fundación como entidad privada.

Por lo mismo, en una declaración pública emitida por la Fundación FEN durante esta semana, quienes también son querellantes en el caso, reconocieron ser víctimas de las malas prácticas efectuadas por estos ex directivos, recordando que la investigación en curso es resultado de la misma denuncia que realizó la dirección de la institución en 2012.

Una situación que también ha sido cuestionada por profesores y alumnos de la Facultad quienes aseguran que esta es una consecuencia de permitir la intervención de fundaciones privadas en las universidades y, por lo mismo, la configuración de un mercado educativo.

Por lo mismo, han exigido que las autoridades académicas pertinentes esclarezcan las responsabilidades en los hechos y también la eventual participación de políticos en el caso.

Recordemos que también se han conocido reacciones por parte de parlamentarios de oposición sobre el caso. La diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, y el diputado de la UDI, Felipe Ward, solicitaron a la Contraloría verificar si se ha incurrido en uso indebido o no de recursos.

Además, pidieron que el Mineduc que disponga de los medios necesarios para hacer una auditoría que “despeje el correcto actuar administrativo en el ejercicio de la fundación”.