Lejos están las condiciones ideales de trabajo que se prometieron a los operadores del Transantiago. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, administración en la que se comenzó a diseñar el plan de transportes para la capital, se subrayaba que los choferes tendrían sueldos fijos, uniforme, no habría trato directo con los pasajeros producto de un sistema automatizado de pago y otra serie de garantías.

La realidad, sin embargo, dista de esos compromisos.

Por ello los trabajadores de Alsacia Express iniciaron en 2015 una movilización en la que incluso un grupo de dirigentes bajó a las vías del Metro en horario punta durante la mañana, todo para reclamar una solución a sus demandas de mejoras laborales.

Pero los problemas continúan hoy. Claudio González, miembro del sindicato Halcones de Pudahuel, relata que a pesar de tener funciones de tiempo parcial, sus jornadas se extienden más allá de las ocho horas legales, sin que se les reconozcan horas extras. Incluso denuncia que en las planillas de los choferes se anotan horarios ficticios para no otorgar beneficios.

Con la hoja de sus horarios en la mano demuestra que su ingreso un día sábado fue a las 18 horas y la salida, que se concretó a las 2 de la madrugada, es anotada a las 26 horas, situación que altera todo el procedimiento para exigir se compense el tiempo efectivamente trabajado. El trabajador explica que “descaradamente no le pone a las 2 de la mañana, sino que le pone a las 25, a las 26 horas. Con esto se quiere evitar pagarme un día compensatorio. Porque si yo entro a trabajar un día sábado y termino de trabajar un día domingo y más encima tengo que volver ese mismo día a trabajar, eso no corresponde. Y se ha denunciado a la Dirección del Trabajo y no hemos tenido respuestas positivas”.

En la Dirección del Trabajo, la respuesta es que no se han podido constatar los hechos y que no hay forma de ingresar el reclamo, puntualiza el funcionario, quien además reclama que si bien en algunas ocasiones se aplican multas, Alsacia Express tiene un récord de no pago de las sanciones que asciende al 90 por ciento de los casos.

Además, cuestiona que en caso de pedir a Carabineros que se fiscalice el mal estado de los buses para sacarlos de circulación, los uniformados cursan infracciones de hasta 3 UTM, lo que a juicio de González busca inhibirlos de hacer las denuncias porque la multa es de responsabilidad de los operadores que, en el mejor de los casos, tienen ingresos que no superan los 500 mil pesos mensuales.

Negociación muda

En medio de las movilizaciones del año pasado, los trabajadores fueron convocados a la oficina del director regional del Trabajo. El llamado fue acompañado de un ultimátum: los dirigentes no podrían exigir nada más a los ejecutivos de la empresa, sólo tenían que firmar el acuerdo.

Por eso llegaron hasta las dependencias del edificio público con un parche en la boca, como una forma de protestar por impedirles plantear sus exigencias.

Luis Salinas, presidente del sindicato Halcones de Pudahuel, afirma que la exigencia de la empresa molestó a los dirigentes, mientras las autoridades de Gobierno sólo actuaron como testigos de la firma del documento sin siquiera cuestionar la situación que estaba ocurriendo.

Salinas explica que “no conseguimos el objetivo principal para los trabajadores y además se nos presionó, porque no podíamos opinar nada más, llegar y firmar callados”. Respecto de los alcances del acuerdo, el dirigente plantea que “fue un beneficio más para los empresarios”.

El representante sostiene que la compañía comete reiteradas prácticas antisindicales que son obviadas por las autoridades, a pesar que también fueron denunciadas en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados durante el debate de la Reforma Laboral.

“Cualquier dirigente que se atreve a denunciar a la empresa, somos atacados tanto económicamente como tratando de quitarnos el desafuero para echarnos. A nosotros no se nos deja trabajar en paz y se nos cometen todos los meses prácticas antisindicales. De hecho a mí en estos últimos dos, tres meses se me han descontado dineros que no se me debiesen descontar. Nosotros esto lo denunciamos ante la Inspección (del Trabajo), lo hemos denunciado ante la comisión de la Cámara durante el trámite de la reforma laboral y aquí nadie hace nada”, reclamó Salinas.

Ley de Seguridad del Estado

El jueves 22 a las 9 de la mañana los dirigentes que bajaron a las vías del Metro el año pasado deberán asistir a la audiencia de preparación del juicio oral por la que están formalizados, en la que las autoridades esperan que se les aplique la Ley de Seguridad del Estado. En este caso la Intendencia Metropolitana es querellante en contra de los trabajadores

Para el abogado defensor de los empleados, Rodrigo Román, en este caso hay un “derroche, un exceso de derecho penal”.

“El Ministerio Público se está viendo nuevamente arrastrado por el poder político y por esta política criminal que existe en Chile. Por lejos estaríamos en presencia de un delito contenido en esta ley penal especial que es la Ley de Seguridad del Estado”, precisa el jurista.

Si bien Román reconoce que nadie tiene derecho a afectar los derechos de terceros, “hay que tener en consideración que cuando hay colisión de derechos se tienen que ponderar éstos prudencialmente, razonablemente. Porque aquí en ningún caso los trabajadores tenían la intención positiva de causar ni el malestar a la población ni causar daño. Lo que ellos en su fuero interno buscaban era exteriorizar su desesperación, a propósito de encontrarse en precarias condiciones laborales y valerse entonces de la protesta social que es un derecho legítimo que tienen las personas de ejercitar su derecho a la libertad de expresión”.

Mientras, se mantienen las extensas jornadas laborales, además de las precarias condiciones de seguridad no sólo para los trabajadores sino también para los cientos de miles de personas que ocupan un servicio que aún no cumple con los estándares comprometidos cuando fue diseñado en el Gobierno de Ricardo Lagos, situaciones que hasta aquí no son fiscalizadas como se espera de las autoridades del Ministerio del Trabajo y de Transportes.