Para el próximo 19 de octubre está fijada la formalización del líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, por sus supuestos vínculos con el caso SQM.

La indagación ha estado marcada por las acusaciones de influencia política pronunciadas por el candidato presidencial contra el fiscal que lleva la causa, Pablo Gómez, quien en su defensa ha asegurado que su labor la desarrolla desde el principio de la objetividad y que no responde a la militancia de las personas.

En esta línea, la Fiscalía trabaja con la PDI para determinar los vínculos del líder del PRO con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse. La Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones emitió recientemente dos informes en los que se comprueba, con la indagación de correos electrónicos, que estos dos actores tuvieron más de diez encuentros entre 2010 y 2014.

También se evidencia que 32 personas naturales y jurídicas relacionadas a Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner Villagrán, Partido Progresista y/o Fundación Progresa dentro del mismo periodo, recibieron transferencias electrónicas de dinero desde la cuenta corriente de la empresa Cristian Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing E.I.RL.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó a la policía civil realizar un informe para establecer o descartar dichos nexos, considerando que entre las personas de la lista figuran el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, y el asesor comunicacional de ME-O, Axel Pickett.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el recién asumido abogado de Enríquez-Ominami, Juan Carlos Manríquez, afirmó que estudiarán estas últimas informaciones pero no se pronunciarán sobre sus alcances puesto que se está ante el comienzo de una investigación con antecedentes preliminares.

“En el sistema procesal acusatorio los documentos no tienen ningún valor, lo que vale es la fuente probatoria utilizada en el juicio. La ley prohíbe expresamente la introducción, reproducción, de documentos, por lo tanto, lo que hay ahora es una copia dada a conocer de parte de un informe policial que forma parte de otro cúmulo de antecedentes previos que se examinarán en su minuto, para mí no hay ninguna prueba técnicamente hablando”, dijo.

El abogado no quiso adelantar sobre las líneas de defensa que se expondrán en la audiencia de formalización, solo indicó que se está trabajando en una presentación consistente y se refirió a cómo toma su representado esta primera etapa.

“Hasta ahora lo he visto bastante decidido a enfrentar esta investigación con buen ánimo, a esclarecerla y a litigarla en todos sus ángulos sin apresuramiento y sin ninguna ansiedad”, apuntó.

El abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, opinó que esta es una indagación que debe ser profundizada con, por ejemplo, la apertura de cuentas corrientes y análisis de trazabilidad de dineros.

“Lamentablemente en esta materia el fiscal Pablo Gómez ha sido bastante débil, en la medida que no se han investigado todas y cada una de las aristas que se vinculan al financiamiento ilícito de campañas políticas por parte de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou y en aquellas que se investigan, habitualmente avanzan de manera bastante lenta e insuficiente, esperamos que esto se corrija. La única forma de poder dilucidar la existencia o no de delito es precisamente que las instituciones funcionen de manera oportuna y seria, lo que vemos que no existe en general en el caso SQM”, sostuvo.

Por último, recordemos que el Ministerio Público inculpará este mes a Marco Enríquez-Ominami por la emisión de 34 boletas falsas a SQM, las que superarían los 300 millones de pesos.