Continuará pendiente en la Cámara de Diputados el debate del reajuste del sector público, debido a que el gobierno retiró la urgencia al proyecto de ley. La discusión se reanudará el miércoles 2 de noviembre, fecha límite en que deberá dirimirse en su tercer trámite constitucional.

En la citación de este jueves en el hemiciclo, parlamentarios de todos los sectores reafirmaron su desacuerdo con la iniciativa, lo que habría motivado al Ejecutivo a replantear su estrategia y quitar el estatus de “discusión inmediata” a la norma.

Este proyecto había fue aprobado este miércoles en el Senado, instancia que repuso el 3,2 por ciento de incremento planteado por el Gobierno, pese a que más temprano, en la Cámara habían rechazado este guarismo.

Después del segundo trámite constitucional también continuaron vigentes la estructura de bonos, aunque se bajó el límite de remuneración mensual para recibir el reajuste, y se fijó en 4 millones 800 mil pesos.

Monto límite que, según ha dicho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no está disponible a transar, endureciendo la postura del Ejecutivo, e insistiendo en su versión que “no hay recursos”. Dijo que “no tiene sentido irse a comisión mixta” y que si no es citado, no asistirá a dicha comisión.

Dentro de las alocuciones de los parlamentarios, el diputado Iván Norambuena (UDI) calificó de “chantaje” la actitud del Gobierno frente a los funcionarios públicos.

“No hay ninguna explicación cuando se derrocha la plata, que es fondo de todos los chilenos, y sí hoy día buscan explicaciones para poder dar un reajuste ínfimo a lo que están pidiendo los funcionarios públicos. A mi me da la impresión que hay un chantaje en este proyecto de ley. Un chantaje que dice que si no se aprueba el 2 punto algo o el 3,2, no va a haber reajuste”.

Por su parte, el diputado José Manuel Edwards (Ind) manifestó que el gobierno y la Presidenta Bachelet debe disculparse con los funcionarios públicos.

“Nos duele el estómago tener que discutir un reajuste del 0,2 por ciento real. Si es que la inflación se mantiene en el 3 por ciento. La verdad es que lamentamos que el Gobierno ponga esta prioridad en la posibilidad de reajustar los salarios de los empleados fiscales, y también que sea un Gobierno que no sea capaz de aceptar que son las políticas del propio Gobierno las que lo han llevado a que tengamos que discutir esto”

En tanto, el diputado René Saffirio (Ind) apeló a reducir el límite para recibir el reajuste y beneficiar a más trabajadores con el bono de finalización de conflicto. Fustigó también el criterio del ministro Valdés para no transar el límite del reajuste.

“Nuestra posición es política. Esta es una cámara política, que resuelve políticamente, dentro de sus facultades propias. Y políticamente es impresentable que el Gobierno no acceda a cortar los reajustes en los 4 millones, pensando que en que podría haber grupos de profesionales que desearían retirarse de los servicios públicos. Pues, que lo hagan”.

El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, mostró su satisfacción por el tránsito que ha tenido esta tramitación.

“Para nosotros es un nuevo triunfo en este camino de lograr un reajuste decente. El Gobierno ‘cachó’ en el discurso de los parlamentarios que tenía un rechazo categórico al reajuste miserable del 3,2, así que decidió suspender la sesión para evitar un nuevo bochorno al Gobierno”.

El dirigente agregó: “Nosotros como sector público nos vamos a reunir ahora para saber cuáles son los escenarios futuros para conversar con todas las organizaciones acerca de la continuidad de la movilización”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, realizó un nuevo llamado al diálogo al Gobierno.

“Este fue un artilugio, una artimaña de parte de un Gobierno, de un Ministro que supo que venía una derrota a su postura. Una derrota intransigente, una postura de que no ha querido dialogar (…) y por eso volvemos a hacer el llamado a dialogar al Gobierno”.

Desde los funcionarios públicos también celebraron la alta adhesión al paro que desde ayer mantienen en diversos servicios públicos.

Entre las movilizaciones registradas este jueves, el Registro Civil abrió sus puertas con dos horas de retraso; trabajadores de la salud protestaron en el frontis del Ministerio de Hacienda y en diversas ciudades de país se registraron marchas y concentraciones, como en Curicó, Temuco, Osorno, Concepción y Melipilla, Santiago entre otras ciudades.

Cabe señalar que los funcionarios públicos mantienen un parto de 72 horas convocado por la Mesa del Sector Público que finaliza este viernes.