Gendarmería presentó un boletín estadístico de tasas de hacinamiento de los centros penitenciarios en el que las regiones de Atacama, Maule y Valparaíso registran las sobrepoblaciones más críticas en los recintos.

Según los datos, la población penal en el país asciende a más de 130 mil personas y solo 14 mil 429 suboficiales y gendarmes asisten a los reclusos, es decir, un funcionario por cada 9,5 internos.

No obstante, esta información no es nueva y se convierte en un agravante cuando ocurren tragedias como el incendio en la cárcel de San Miguel de 2010, donde quedaron al descubierto las irregularidades y negligencias del sistema penitenciario.

La periodista y académica de la Universidad de Chile Tania Tamayo publicó, recientemente, una investigación que se titula “Incendio en la Torre 15: Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar”, justamente sobre la tragedia de la cárcel de San Miguel.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la periodista apuntó a la violencia al interior de los centros, las riñas y falta de seguridad como parte del día a día que deben afrontar las personas privadas de libertad. Asimismo, dio cuenta del desorden en la clasificación delictual al distribuir a los reos en las torres.

“Lo que constaté por documentos y gendarmes que trabajaron ahí, es que a la Torre 5 llegaba todo el mundo luego de ser condenado, por eso podía estar Bastián Arriagada por delito de propiedad intelectual [venta de DVD pirata], pero también estaban los violadores, los asesinos, los de robos con intimidaciones, etcétera. Por lo tanto, eso junto al hacinamiento genera una cantidad de peleas importantes y hay responsabilidad de la propia institución”.

Con el destape este año de los aumentos injustificados de pensiones y asignaciones especiales en las jubilaciones de funcionarios del organismo, también se expusieron otros privilegios de los altos mandos e “injusticias sociales” como las denominó Tania Tamayo, a las que agregó que en el caso del  fallo por los fallecimientos en la cárcel de San Miguel, sólo los centinelas pasaron a prisión preventiva.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión que indaga las abultadas pensiones en Gendarmería, advirtió que muy poco se podrá hacer en materia de combate a la delincuencia si no se trabaja junto con la prevención de los delitos las condiciones en que están los delincuentes tras las rejas.

“La situación es muy grave y esperaría que Gendarmería, y especialmente el Ministerio de Justicia, tomaran cartas en el asunto. La situación carcelaria en Chile es una de las peores de toda la región. La tasa de internos en proporción a los habitantes es una de las más altas. También hay contaminación criminógena, lo que determina que en muchas ocasiones se mezclen en el mismo recinto penal internos que son primerizos con delincuentes adehesados que terminan reforzando su compromiso delictual, terminan especializándose en la carrera delictiva”.

El ex ministro de Justicia y ex director de Gendarmería, Isidro Solís, comentó que hay que dejar atrás la emergencia que el servicio vivió durante 15 o 20 años, con fugas de presos, donde la primera preocupación fue restablecer las condiciones de seguridad de los centros.

“Lo que Gendarmería tiene que hacer ahora, más que seguir en el tema de la infraestructura, elementos de seguridad y cantidad de personal, tiene que hacer una reingeniería de personal para transformar efectivamente al gendarme en ese elemento resocializador porque él es la primera muralla de contacto que tiene la población penal con la sociedad. Por lo tanto, su posición por cierto que es estratégica y crítica”.

Solís concluyó que con el sistema procesal penal actual se generó una enorme población que se estacionó en el servicio penitenciario, sin que haya sido debidamente evaluada las instalaciones de Gendarmería que recibirían el producto de estos cambios legales.